Nacido en Argentina, vive hoy en Guatemala. Estudió Psicología y Filosofía en su país natal. Vivió en varios lugares de Latinoamérica. Catedrático universitario e investigador social, escribe regularmente en diversos medios electrónicos alternativos. Tiene publicaciones en el área de ciencias sociales así como en el campo literario (cuentos).

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Condena a Ríos Montt: ¿cambia algo en Guatemala?

[Llegamos aquí] “para servir a Dios y a nuestro rey y señor, y procurar de ganar honra, como los nobles varones deben buscar la vida, e ir de bien en mejor.” Bernal Díaz del Castillo (Siglo XVI) “Los derechos establecidos, tanto en las leyes nacionales como en los convenios internacionales de la OIT, son sistemáticamente incumplidos en las fincas, incluso con la complicidad estatal.” CODECA (2013)

Guatemala fue el primer país de Latinoamérica en tener una organización estatal de defensa de los derechos humanos, un ombudsman. Ello no significó, sin embargo, que la situación de los mismos mejorara sustancialmente en estos años: fue, fundamentalmente, algo cosmético. Ahora el país acaba de ser el primero del mundo en sentenciar a un ex jefe de Estado por delito de genocidio. ¿Qué cambiará con ello?

Resulta aventurado decir qué vendrá en el corto plazo. Lo cierto es que luego de la condena al general Ríos Montt, y su posterior anulación por la Corte de Constitucionalidad, la sociedad en su conjunto se tensa, se pone al rojo vivo. Quizá sin habérselo propuesto expresamente, este juicio coloca sobre la mesa verdades de las que se habla poco, o nada. En estos momentos, sin dudas con algo de sesgo, todo pareciera girar en torno a si hubo o no hubo genocidio. Así planteadas las cosas, de esta forma tendenciosamente simplificada, la cuestión se reduce a si el militar de marras estuvo “bien” condenado, o no. Pero la situación es mucho más compleja.

Aquello por lo que se juzga y condena a José Efraín Ríos Montt es la expresión –sangrienta, terrorífica– de una historia que ya lleva más de cinco siglos. El genocidio ocurrido en la década de los 80 del siglo pasado (o si prefiere decirse: las masacres, el exterminio de aldeas completas de campesinos indígenas pobres e históricamente excluidos) fue la expresión de una lucha de clases histórica que tuvo como protagonistas a una oligarquía inamovible y una masa de desposeídos, constituida básicamente por indígenas mayas, que fue donde activó fundamentalmente el movimiento armado.

Dicho de otra manera: la guerra que enlutó al país alcanzando sus picos de mayor crueldad durante el gobierno de facto de Ríos Montt fue la patentización de una historia de profundas asimetrías socioeconómicas que arrancan con la conquista española y se continúan sin mayores cambios hasta el presente. Tal como lo expresa la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en sus Conclusiones (CEH, 1998:7): “Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación realizada por la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos, y los diversos sectores de la sociedad civil”. Es decir: esa oligarquía histórica conformada con los primeros españoles que, como lo citado en el primer epígrafe, vinieron a estas tierras lisa y llanamente a enriquecerse (a costa de los pueblos originarios, por supuesto), queda definida con precisión por Vinicio Sic cuando habla de “empresaurios”: Eufemismo empleado para designar a aquella clase dirigente de la economía que medró en medio de los privilegios y protecciones que le ofrecía una dictadura, un gobierno militar o un títere presidencial, que hubo o existe en Guatemala. Grandes abusadores, incapacitados para toda innovación o modernidad, codiciosos del beneficio inmediato, destructores incansables del medio ambiente. (…) Rechazan toda reforma del Estado que atente contra su statu quo. (…) Jamás reconocen la existencia del pueblo maya; es más, lo sometieron a trabajos forzados en sus fincas e impulsaron su exterminio, aniquilándolo y robándole sus tierras y ahora su patrimonio natural”. Es decir: lo que denuncia el segundo epígrafe.

Hoy día Guatemala es una economía próspera. De hecho, la duodécima en volumen en Latinoamérica, con un crecimiento interanual sostenido del orden del 3%. Los tradicionales grupos de poder –herederos de esa historia de despojo que inicia en el siglo XVI, siempre ligados a la agroexportación, hoy diversificados también con nuevos negocios– siguen manteniendo inalterables sus privilegios. Cuarto exportador mundial de azúcar (con 55 millones de quintales anuales), primera potencia regional en exportación de etanol (con 265 millones de litros anuales), gran productor mundial de palma africana (destinada al etanol), además de paraíso para la inversión minero-extractiva de capitales transnacionales y para el lavado de la narcoeconomía. En Guatemala hay mucha riqueza, sin dudas… pero la canasta básica cuesta 4,970 quetzales (637 dólares estadounidenses), mientras el salario mínimo llega apenas a 2,421.75 quetzales (US$ 310). De acuerdo a informes de Naciones Unidas, el 51% de la población está por debajo del límite de pobreza. Pero lo más terrible es que, según datos de una reciente investigación publicada por el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA– (Situación Laboral de Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala) –de donde proviene el segundo epígrafe– el 90% de trabajadores rurales recibe un salario inferior al mínimo establecido por ley. Dato interesante que aporta este estudio: en 609 fincas agrícolas (de las alrededor de 3,000 registradas a nivel nacional) el 91% de jornaleros/as es de origen indígena, muchos de ellos con escasa educación formal o abiertamente analfabetas. El Estado históricamente jugó el papel de legitimador de esa situación (así como a veces también lo hizo la jerarquía de la Iglesia católica).

¿Qué pasó cuando se intentó modificar eso? Se reprimió brutalmente. El Estado guatemalteco, defendiendo a capa y espada esa historia de despojo para que nada se modifique un milímetro, salió a proteger a los “empresaurios”. Eso, lisa y llanamente, fue lo que hizo el general Ríos Montt durante su presidencia como comandante del ejército. O más aún: todo el conflicto armado de 36 años fue la expresión de ello, enmarcado en la Guerra Fría que dominó la escena internacional durante buena parte del siglo pasado. El general ahora condenado no es el “malo de la película”: cumplió su tarea histórica, la que el Estado-finca de Guatemala tiene reservada para quien empuñe sus armas.

¿Fue genocidio? Extremadas las cosas, eso no es lo fundamental. Si se decide que no lo fue, tal como ahora exigió la derecha, los “empresaurios” y todas sus redes, y que un amañado sistema judicial ratifica,  ¿entonces no pasó nada en el país? ¿Ríos Montt debería salir de prisión y habría que dar vuelta la página? Lo que esta sentencia marca es un cambio en la historia política: es un golpe a la impunidad consuetudinaria. Pero más allá de la condena y su posterior posible absolución, el genocidio continúa.  El genocidio cotidiano contra la población indígena no se detiene, aunque hoy día ya no se realicen campañas militares de “tierra arrasada”. Continúa con las inversiones mineras y la agroproducción destinada al mercado internacional, con las condiciones de vida paupérrimas, con la sobreexplotación.

La lucha sigue, sin dudas. ¿Para qué sirvió el fallo condenatorio?  Da esperanzas. Como dijo Paulo Freire: “Rebelarse ante los atropellos lleva implícito el cambio”.

El genocidio cotidiano contra la población indígena continúa con las inversiones mineras y la agroproducción destinada al mercado internacional, con las condiciones de vida paupérrimas, con la sobreexplotación.