En este conflicto, por un lado están la compañía minera transnacional Kappes, Cassiday and Associates (KCA), de capital estadounidense, y su subsidiaria guatemalteca Empresas Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), en el marco de la licencia de exploración minera Progreso VII Derivada (identificado con el número 38 en el catastro minero publicado por el Ministerio de Energía y Minas). Por el otro, los pobladores de las áreas colindantes entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes desde hace dos años se han organizado en un movimiento de resistencia pacífica.
En este conflicto los derechos de libre locomoción y las cláusulas contractuales que favorecen a la empresa minera, colisionan con los derechos de los pobladores, sus vidas, su salud, su protesta, etc. Es un caso típico en el que el Estado está llamado a resolver el conflicto, apegado a la Constitución y las leyes. Las entidades de los tres poderes del Estado deben velar por el respeto de los derechos de ambos, sin favorecer a ninguno (menos al más poderoso económicamente), con sentido de justicia y la realización del bien común como fin supremo (lo que manda el artículo 1 constitucional).
Desgraciada y trágicamente, en La Puya la actuación de las entidades gubernamentales ha sido contraria a este mandato y principio democrático fundamental. Por un lado, el estudio de impacto ambiental del proyecto es deficiente, y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales nunca debió aprobarlo. La Policía Nacional Civil se ha dedicado a escoltar la maquinaria contratada por la minera. Y hace sólo unos días, las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente a los pobladores en resistencia pacífica. La brutalidad de la policía es evidente en las imágenes del desalojo: ¿puede sostenerse algún argumento sobre los derechos de esta minera, cuando se lanza una granada de gas lacrimógeno al rostro de una señora?
No quiero que los impuestos que pago sirvan para financiar esta brutalidad policial al servicio de Exmingua, una empresa de cobardes, que no es transparente y atenta contra la vida de los pobladores de La Puya. Se esconden bajo las faldas de la Gremial de Industrias Extractivas, socia de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), pero no da la cara (ni siquiera tiene portal de Internet propio), ni está afiliada a la inútil pero muy publicitada Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (EITI).
Me pregunto, indignado, ¿por qué esta empresa opaca goza de protección gubernamental, financiada con nuestros impuestos? ¿Estarán todos los empresarios afiliados a la CIG y demás cámaras y gremiales en Cacif convencidos de la legitimidad de Exmingua, y de que lanzarle una granada de gas lacrimógeno a una mujer es una forma de reclamar derechos? ¿Están de acuerdo todos los miembros del sector privado guatemalteco con un gobierno que usa los impuestos que pagan para servir a una empresa minera que lucra de bienes públicos (los minerales que extrae del subsuelo son bienes públicos… no se nos olvide), y que viola el artículo 1 de la Constitución?
Quiero pensar que no. Que hay empresarios honestos en Cacif que se indignan ante lo que Exmingua está haciendo, y que lo manifiestan en sus reuniones. Emprendedores de verdad, que lo que tienen lo han obtenido de trabajo tesonero y honesto, y no del lucro de bienes públicos, arrancados violentamente a pobladores que han resistido pacíficamente.
Y que tampoco, por supuesto, quieren que sus impuestos sigan financiando a un gobierno corrupto y servil.
Más de este autor