Un tipo raro, el excelentísimo señor presidente. Un hombre difícil de comprender. Sus decisiones pueden no ser aleatorias, pero a simple vista a veces carecen de continuidad. Vean: empeñado en mantener ahí a tanta gente, tanto tiempo de más. Al ministro de Gobernación pese a la masacre de la cumbre Alaska, o al nombramiento del preso Byron Lima como director honoriario del sistema penitenciario, o al robo de sus logistas. Al ministro de Trabajo pese a que, incapaz de hacer cumplir el salario mínimo legal, propone que se legalice uno aún más inhumano. Al hasta hace poco ministro de Salud. Hay tantos ejemplos. Y destituir a alguien quizá no arregle demasiado. Pero ahora, de repente, tiene prisa por echar a la Cicig, que además le sale gratis.
¿Ingenuidad? Seguro que no, en un país lleno de políticos que adoran alardear de poder y astucia y les gusta compararse con los personajes de Los Pilares de la Tierra o, ya borrachos de megalomanía, con los de House of Cards.
Hace un par de años pensaba distinto, el Presidente. Creía que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala era una institución crucial para fortalecer la justicia. Desde entonces han ocurrido varias cosas. Algunas, de forma relativamente reciente. Por ejemplo, la estructura criminal que dirigía el sistema penitenciario, con Byron Lima al frente, fue desarticulada por la Cicig sin decirle nada al Gobierno y sin que la Fiscal General estuviera al tanto, al menos hasta el último momento. Por ejemplo, la Cicig se puso del lado de Claudia Escobar cuando esta renunció a su futuro como magistrada para denunciar la deriva corrupta de las comisiones de postulación, en un gesto que afectaba de lleno a los oficialistas. Por ejemplo, la Cicig anunció que investigará el financiamiento de los partidos. O también, la Cicig armó un operativo que concluyó con la captura de Haroldo Mendoza, supuesto líder de una banda criminal y miembro de una familia a la que el expresidente Colom denunció entre los “narcos que nadie tocaba”. La familia: una vieja conocida del señor presidente y del señor precandidato oficial, el bienintencionado pero ingenuo Alejandro Sinibaldi, como se lo describió Otto Pérez al embajador de EEUU hace unos años. (Ver: INGENUIDAD más arriba.) Sucedió en noviembre.
En enero, Pérez regresó más agresivo con la Cicig, pero adelantó que la decisión de prolongar el mandato dependerá de la evaluación que hagan el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación. De la independencia de todas ellas, habla el proceso de comisiones de postulación. Y aunque es cierto que la Fiscal General ha dicho que debe continuar, también ha dado ya muestras de volatilidad y de no querer quedar mal con tirios ni troyanos.
¿Cuál será el resultado? Se barajan varias opciones, desde que la Cicig se vaya en septiembre, al terminar su mandato, hasta que se le prolongue dándole permiso solo para “transferir capacidades” (que es como le llaman a “enseñar”), pero evitando que investiguen. Hay otras que pasan por renovarle el crédito y el mandato, para ajustarlo más a la forma actual de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Pero necesitarían un apoyo casi ecuménico: medios, sociedad civil, comunidad internacional, partidos, etc.
O quizá no tanto. Quizá bastaría con que la embajada de EEUU (LA EMBAJADA) proclamara abierta y tajantemente su apoyo y con que el Cacif se tome una foto como aquella con la que vetaron la sentencia del juicio por genocidio, para que la rueda de la Cicig siga rodando.
Algunas señales ha habido ya en esa dirección.
1) Hace una semana, la Cicig hizo pública esta foto. La nota decía: “Thomas Shannon, Consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, visitó la CICIG antes de partir a su país, como un gesto de apoyo al trabajo que realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.” El embajador también emitió opinión y sugirió el apoyo de la comunidad internacional.
2) Esta semana, la Cámara de Comercio, integrante del Cacif, publicó una encuesta que hizo entre sus afiliados. El 71% deseaba que la institución internacional continúe.
Ahora que el Cacif ha perdido en cierta medida su inveterado control de las instituciones públicas mantener aquí a la Cicig le asegura tener a la mano un actor más imparcial. La cosa no augura mejoría para la gremial. Baldizón, que desconfía ahora mismo tanto de ellos como ellos de él, está a las puertas de la Casa Presidencial. El futuro pudiera convertirse en una especie de guerra fría y latente o en una deformación del dilema del prisionero. En una situación en la que ambos grupos recelan tanto del otro que necesitan un árbitro creíble.
¿Y los demás, o sea, nosotros? A todos nos conviene su continuidad, ya sea como ariete o como dique de contención o quizá también como faro. Las instituciones crujen, las arbitrariedades se multiplican y quienes gobiernan la justicia, en el poco tiempo que ha transcurrido desde las comisiones de postulación, dejan el regusto de estar tomándoselo todo a broma, como si esto no fuera en serio. O peor aun: de estarse riendo a costa de todos los demás.