En 2019, Guillermo Castillo fue electo vicepresidente de la República, junto con Alejandro Giammattei, actual presidente. Desde la campaña presidencial era claro que Castillo no era del círculo cercano de Giammattei y que había sido invitado a participar en el proyecto político que, luego de numerosos intentos, logró llevar a Giammattei a la victoria electoral. En la campaña para el balotaje de la elección presidencial de 2019, Castillo ofrecía ser un vicepresidente independiente, dispuesto a manifestarse públicamente en caso no estuviera de acuerdo con decisiones del presidente.
Y lo cumplió.
Ya en el gobierno, las diferencias entre Castillo y Giammattei surgieron de manera temprana. En mayo de 2020, la relación entre Castillo y Giammattei se tornó tensa, cuando Giammattei, por un lado, atacaba al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) porque no tomaba las medidas contra la pandemia del Covid-19 que el presidente quería, y por otro, Castillo, simultáneamente, expresaba públicamente su apoyo a las acciones del IGSS. Luego, se opuso a la elección como magistrada a la Corte de Constitucionalidad (CC) de la entonces secretaria general de la presidencia, Leyla Lemus.
Empezó a manifestar públicamente su malestar por los privilegios y la cuota excesiva de poder que gozaba Miguel Martínez, quien se hizo tristemente célebre como director ejecutivo de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, una entidad adscrita a la Secretaría General de la Presidencia de la República, creada por Giammattei y avalada por Lemus, especialmente para acomodar a Martínez. La relación entre Castillo y Giammattei continuó deteriorándose conforme Castillo asumió posturas opuestas a Giammattei. Denunció las anomalías en la adquisición pública de las vacunas rusas Sputnik V contra el Covid-19 y se opuso a la sucesión injustificada de estados excepción.
[frasepzp1]
Quizá el momento de máxima tensión se produjo hacia el final de 2020, cuando el Congreso de la República aprobó el presupuesto para 2021, pese a estar plagado de asignaciones de gasto vulnerables a la corrupción y el abuso. Esta acción detonó jornadas de protesta, las cuales el Gobierno reprimió con violencia, terminando en el confuso incidente del incendio del palacio legislativo. Ante la gravedad de los hechos, Castillo le propuso públicamente a Giammattei que ambos renunciaran, lo cual no ocurrió.
Es decir, está claro que Castillo, desde el principio, no fue –y sigue sin ser– alguien cercano y de confianza de Giammattei. Es un personaje incómodo para la «rosca» todavía en el poder, así que existen numerosas posibles motivaciones para que ese grupo se quiera deshacer de Castillo. Así, la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿por qué ahora?, casi al final del período de gobierno.
Además, cabe ampliar: ¿por qué ahora, en medio de los intentos golpistas de impedir que se produzca el cambio de autoridades el 14 de enero próximo? En el análisis de la situación es natural vincular la reanudación y aceleración del ataque en contra de Castillo con los intentos de impedir que el gobierno electo asuma el poder.
¿Por qué los golpistas quieren vacante la vicepresidencia de la República? ¿Estará Giammattei tan enfermo que se teme su deceso? ¿Será parte de un ardid para que, en vez de Arévalo, sea el eventual sustituto de Castillo quien asuma el poder en enero?
Por supuesto, hoy todos estos no son más que escenarios especulativos. Sin embargo, el carácter sospechoso del momento en que se acelera el ataque judicial en contra de Castillo alimenta la ya profunda preocupación por el movimiento golpista y antidemocrático en contra del gobierno electo.
Más de este autor