El precio de los productos de la canasta básica sigue por las nubes y no parece que esto vaya a cambiar pronto, al menos no para bien de la población. El dinero ya no alcanza para lo básico y la falta de garantías fundamentales como vivienda, alimentación, agua, salud, transporte y educación siguen estando en paupérrimas condiciones o «simplemente» no existen.
Enfermarse en estos tiempos y no tener un seguro médico es un escenario caótico; alimentarse es un todo un desafío, y comprar una vivienda con estos salarios de miseria es imposible. Esta es la situación de miles de personas en Guatemala. Por supuesto que, en cuatro años que dura un gobierno no es posible revertir 200 años de Estado colonial o 500 años de invasión y saqueo, principalmente cuando la estructura se mantiene intacta y no existe la intención de disolver el control que un pequeño grupo de familias sigue teniendo sobre la gobernabilidad del país.
La corrupción ha sido útil principalmente para perpetuar los privilegios de la clase dominante, quienes han sabido blindarse a través de la institucionalidad del Estado. Las Cortes, el Ministerio Público y el Congreso de la República son los entes que están dando la batalla para obstaculizar cualquier intento de remover las prácticas clientelares, enraizadas tras décadas de servilismo. Ante este escenario seguir apelando a mantener dicha institucionalidad es un sinsentido, porque además de estar podrida, es obvio que por sí misma no cederá a hacer las cosas bien o para bienestar de la mayoría.
La forma criminal en la que operan los organismos del Estado ha agudizado el empobrecimiento y la desigualdad, lo que ha provocado que la situación vaya de mal en peor, complejizándose con el poder que ha adquirido el narcotráfico y el crimen organizado, los cuales también son resultado de años de impunidad y exclusión.
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Sumado a esto el país continúa siendo un territorio invadido y constantemente despojado por los gringos y europeos, quienes se resisten a abandonar prácticas de colonización y expoliación, que claramente se manifiestan en el extractivismo, el cual sigue siendo un problema grave que atenta contra la biodiversidad y los derechos de las poblaciones originarias, que son las que primordialmente se ven afectadas antes la devastación y los conflictos comunitarios que este provoca, pues son quienes aún mantienen un vínculo directo con la tierra y el entorno.
Limitar la actividad extractiva únicamente en áreas protegidas no es suficiente, ya que deja la puerta abierta para que se siga destruyendo y despojando territorios en nombre de un desarrollo del cual quienes menos se han beneficiado son las personas que históricamente los han habitado. No se puede obtener resultados diferentes haciendo las cosas del mismo modo que lo hicieron quienes se han parasitado del Estado y de la explotación de la población.
El nuevo gobierno ganó las elecciones precisamente por el cansancio de las personas hacia quienes han desfalcado las arcas del Estado y han evadido la justicia gracias al actuar del sistema judicial pútrido. No se trata solo de expectativas; se trata de materializar las transformaciones que implica una verdadera primavera.
Un gobierno que habla de recuperar la democracia no puede estar exento a la crítica y fiscalización, sobre todo cuando su discurso se ha basado en cuestionar el estado de las cosas. No podemos conformarnos; necesitamos insistir en cambiar la estructura y el modelo político, de lo contrario, una vez más todo quedará en buenas intenciones.
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