Arrancó jugando al “innovador” centroamericano con la llamarada de tusas de una eventual legalización de las drogas en Guatemala. Claro, todo sin renunciar al financiamiento estadounidense, en particular del Pentágono, para el combate al narcotráfico. Con esa discusión distrajo la opinión pública y, de paso, se dio una manita de progre en algunos espacios de la comunidad internacional. Casi dos años y medio después, todo está en una comisión nombrada hace unos meses y que podría ser más pérdida de tiempo que ganancia para sus integrantes.
Debate, lo que se dice debate, promovido por la misma Presidencia o sus instancias relacionadas con la materia, en realidad no ha existido nacionalmente. Tampoco se ha visto mucha claridad conceptual o procedimental en el entorno inmediato vinculado a la propuesta.
La más reciente y, diríamos, ésta sí peligrosa ocurrencia presidencial es el globo sobre la ampliación del mandato en el ejecutivo, legislativo y poder municipal, en dos años. Es decir, en lugar de cuatro, el poder se ejercería en períodos de seis años. Un tema que vale la pena debatir al respecto de las necesidades políticas en el país, al igual que las reformas que garanticen la conducción civil de la seguridad –incluida la defensa–, así como una eventual modificación del calendario electoral que permitiera legislativas y municipales a mitad de período. También, por supuesto, la posibilidad de revocatoria del mandato por mecanismos constitucionalmente previstos.
Es decir, desde un interés genuino por avanzar en la consolidación democrática y desarrollar políticas públicas con dicho espíritu, es plausible el debate sobre nuevas políticas de drogas así como sobre reformas legales que apunten hacia el objetivo propuesto. Pero, nunca falta un pero en sociedades como la nuestra con una democracia en estado de coma, si por el contrario el espíritu que sopla vida a dichas ideas se arraiga en un cuerpo que se pudre por el autoritarismo, poca cosa podemos esperar.
Por desgracia, esta última es la perspectiva si no atendemos las señales de alerta. ¿Cuál ha sido la tónica de este gobierno, por ejemplo? Ni duda cabe de que la vocación democrática no se le ha dado. De hecho, Otto Pérez se inauguró violentando la independencia de poderes al indicarle a las cortes que no debían juzgar el genocidio en Guatemala.
Al poco rato, siguió con la imposición autócrata que representó, técnicamente, la anulación de la carrera magisterial. Política, social e históricamente, es la imposición aplastante de la bota que pisotea los cuadernos y los lápices.
En materia de seguridad, en lo que respecta a la seguridad ciudadana, se ha dado vida a la militarización de la misma en abierto detrimento de las limitadas posibilidades de rescate de la Policía Nacional Civil (PNC). Ente más conocido por sus acciones represivas al movimiento social que por sus logros en protección de la ciudadanía.
En cuanto a seguridad social, no hay mucha diferencia. Basta como botón de muestra, la manera en que su procónsul asumió la presidencia de la junta directiva del IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social). O, el método que por segunda vez se intenta ejercer, a través del cual se busca nombrar a un incondicional en la dirección de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Guatemala.
Concentrar poder, imponer decisiones y buscar mecanismos para prolongarse en el mismo, son todos síntomas de algo más que señalado: Otto Pérez Molina no sólo parece, es por práctica y vocación política un dictador quien hipócritamente esconde en su sardónica sonrisa, el deseo de prolongarse como inquilino del guacamolón.
De manera que, sí, debemos y podemos debatir sobre las reformas, incluida una ampliación del período presidencial pero no una ampliación para el período por el cual, Otto Pérez, al igual que alcaldes y diputados fueron electos en 2012. Por ahora, cabe decir que los ahora habitantes de los despachos presidencial y vicepresidencial, los usuarios de las 158 curules del Congreso, así como portadores de las 334 varas ediles, tendrán que desocupar la casa el 14 de enero de 2016.
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