Para el PNUD, en su propia definición, el desarrollo humano es la “creación de condiciones que permitan que las personas disfruten de una vida larga, saludable y creativa”, lo cual, a pesar del crecimiento económico de la América Latina y el fortalecimiento de sus democracias, no está sucediendo, debido, a los altos índices de inseguridad en que vivimos.
Para dimensionar el problema, ayudémonos de la definición, que propio PNUD plantea en el informe, y que dicta que la seguridad humana es “la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad”, y este concepto lo acotamos para plantear la seguridad ciudadana, nuestro problema más visible que se centra en: “la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna”.
Ahí nuestros Estados están fallando: somos la única región del mundo en la que entre 2000 y 2010 aumentaron los homicidios, hasta llegar a más de un millón de personas muertas por causas relacionadas con la violencia. De ése dato partimos.
Tenemos una tasa de más de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes en 11 de los 18 países analizados, número considerado como epidemia por la Organización Mundial de la Salud. Somos la única región del mundo cuya tasa de homicidios aumentó en el periodo mencionado, en todas las demás se estabilizó o incluso, disminuyó entre 0 y -50%. En la nuestra creció 12%.
Dividiendo a los países en dos niveles, alto y bajo, en el primero se encuentran: Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela; y en el segundo, con una tasa menor a los 10 muertos por cada 100 mil habitantes, están: Argentina, Bolivia, Chile, Nicaragua, Perú y Uruguay.
Pero, ¿cuál es el origen de estas cifras alarmantes a pesar de que la región están en pleno desarrollo?
El PNUD nos dice en su informe que si partimos de que la familia, la escuela y la ciudad son las áreas nucleares en donde se construye comunidad, es entonces ahí donde está la falla. Los cambios en las estructuras familiares, como el crecimiento de familias monoparentales, altas tasas de natalidad en adolescentes, y por supuesto, su separación debido a la migración, han hecho que ése elemento aglutinador “fundamental en la socialización de las normas y su aprendizaje”, haga proclive que nuestras sociedades avancen hacia el crimen.
En cuanto a la escuela, tres son los factores que orillan a la juventud a engrosar las cifras: los altos niveles de deserción, los déficits en la calidad de la educación y la falta de oportunidades de inserción laboral. Para situar el tamaño del problema en cuanto al primero de los factores, en los países analizados, 51% de los jóvenes varones y 45% de las mujeres no terminan la secundaria. Situación que se agrava mientras disminuimos en el estrato social, para encontrar que del 20% más rico de la población, el 86% de mujeres y 81% de varones, finaliza la secundaria, mientras que del 20% más pobre, solamente 26% de mujeres y 23% de hombres concluyen la escuela secundaria.
Lo anterior lleva al origen de nuestro problema: la pobreza. El avance en el desarrollo económico de la región ha sido elevado, el número de latinoamericanos que salió de la pobreza y pasó a engrosar las filas de la clase media entre 2003 y 2009 fue de casi 50 millones, la inflación se ha mantenido a la baja y el desempleo ha disminuido. Sin embargo, seguimos siendo la región más desigual del planeta.
Las soluciones, después de analizar salidas y avances como Plan Cuadrante (Colombia) o Barrio Seguro (Republica Dominicana), lleva a diez recomendaciones, entre las que destacan: generar políticas publicas orientadas a proteger a las personas más afectadas; impulsar un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; disminuir la impunidad fortaleciendo a las instituciones de seguridad y justicia; la participación activa de la sociedad en la construcción de la seguridad ciudadana; oportunidades reales de desarrollo para los jóvenes; y, atender y prevenir la violencia de género.
Esperemos que gobiernos y sociedad, las consideren.
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(*) Jorge Luis Fuentes Carranza es licenciado en Derecho por la UNAM y es especialista en temas constitucionales por la misma universidad. Actualmente es Presidente de la Coppal – Juvenil y es asesor del Secretario de Gobierno del Distrito Federal México. De 2011 a 2012 fue asesor en Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla. A principios de 2010 fue candidato a diputado local por la Coalición “Compromiso por Puebla”, integrada por los partidos: Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), PAN, PANAL y PRD, siendo postulado por éste último.
Publicado en Asuntos del Sur, 9 de diciembre de 2013.
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