Una figura social que abarca un amplio espectro de ámbitos, por cuanto los derechos humanos están contenidos en el terreno político y civil, así como en el económico, social, cultural y ambiental. Es un defensor o defensora, tanto quien protege el cauce de un río comunitario en riesgo de destrucción, como quien impulsa procesos judiciales por crímenes del pasado o quien en protección de niñas y niños se enfrenta a la estructura de impunidad que encubre a perpetradores de trata de personas.
En un entorno que vuela aceleradamente al autoritarismo y la gestión dictatorial, emergen muchos rostros de dignidad por la defensa de derechos. Circunstancia que, al colisionar con los intereses de quien los vulnera, levanta una aureola de riesgo para el defensor o defensora. Más aún, cuando la defensa del derecho conlleva acciones legítimas (y además, legales), de resistencia pacífica.
Defender derechos humanos, es también un derecho que, de la misma forma en que los relativos al entorno, en Guatemala resulta sistemáticamente vulnerado. Ésa es la conclusión reflejada en el número más reciente de “El Acompañante”, nombre del boletín de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA).
La gráfica que ilustra el comportamiento de los ataques año con año desde el 2000 y también el dato hasta julio de cada período es impresionante. De un registro de 53 ataques en el año de inicio y 23 a junio de ese ciclo, la línea muestra altibajos pero en ascenso hasta un alza vertiginosa que llevó a 409 ataques en 2011 y 305 en 2012. Pero, mientras en los primeros siete meses de 2012 hubo 236 ataques, resulta que en el mismo período año hay ya registrados 544 agresiones a defensoras y defensores.
Es decir, en dos lustros y medio se ha tornado peligroso defender derechos humanos pues, el observatorio de este campo nos indica que la agresión es sostenida y en crecimiento. En 2013, indica la publicación, han sido atacados 14 ámbitos de defensa de derechos humanos y, quienes han concentrado la mayor cantidad de acometidas son las y los defensores del derecho a la verdad.
La UDEFEGUA precisa en su informe:
“hemos visto cómo se han mantenido las estrategias espurias enfocadas en la difamación, criminalización, persecución e incluso en la exposición en publicaciones de prensa a una campaña que pretende el descrédito de defensores/as de derechos humanos por su compromiso en el esclarecimiento de crímenes de guerra cometidos en el marco del Conflicto Armado Interno”.
”...Durante este semestre hemos visibilizado que desde sectores del Estado o poderes económicos se han emprendido acciones para limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica como ha ocurrido en casos recientes en distintos puntos de la república guatemalteca. Incluso se ha observado en los casos donde se han realizado capturas de defensores de derechos humanos por supuestos actos reñidos con la justicia, obedecen a una estrategia de desarticulación de los movimientos sociales”.
Ante esta dinámica de tornar peligroso defender los derechos humanos, el Estado guatemalteco está en entredicho. Es el caso de un organismo Ejecutivo que se convierte en agresor y cómplice de agresores o tolerante de los ataques. También del Congreso cuyos integrantes son en algunos casos responsables de agresiones en tanto que como organismo estatal no ejercen en este campo su función fiscalizadora. Finalmente, el organismo judicial y el sistema de justicia, el cual duplica la agresión cuando facilita los procesos criminalizadores que de manera espuria son impulsados contra defensores o defensoras de derechos humanos por el simple acto de defender derechos.
Tiempo es ya de que cesen las agresiones contra las personas que dedican su vida y su tiempo no a su beneficio individual sino al logro del bien común, mediante la defensa de un derecho. Incluidas aquellas personas que como la UDEFEGUA, cual tierna lechuza de ojos grandes que vigila, despliegan sus alas protectoras o pronuncian su voz de alerta para indicar que la pregunta inicial, tiene respuesta en la sociedad misma.
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