A lo largo de los últimos 15 años, muchos funcionarios han tenido que procesar los expedientes de las respuestas, o falta de respuestas del Estado de Guatemala, así como las solicitudes de información, exhortaciones, y amenazas de llevar al arbitraje las disputas.
Y este tema de despachos y funcionarios de dos de las sedes doradas de la tecnocracia internacional, se traduce en prácticas cotidianas de injusticia y hambre, que superan lo macondiano en torno a las condiciones laborales en los sectores en que se crea la riqueza de este país.
Todas las señales apuntaban a un juego de suma cero, en un laberinto que no parecía tener una salida. Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos meses, al menos en torno al ámbito de los despachos, y a esa esquiva voluntad política, cuya falta siempre se le achacaba al Estado de Guatemala.
Entre marzo y abril de este año, Guatemala consiguió lo que parecía imposible hace unos meses: comprometer con Washington un plan de acción concreto en torno a sus metas y plazos, con el fin de evitar la constitución del panel arbitral para dirimir la demanda laboral en el DR CAFTA. Y casi al mismo tiempo, en Ginebra, se consiguió aplazar la decisión sobre la Comisión de encuesta. Atendiendo a este giro en el estado de las cosas, se podría afirmar que los operadores más efectivos de este gobierno son los ministros de Trabajo y Economía, que sin proponérselo opacan a sus pares encargados de otros ámbitos…
Ambos acuerdos son coincidentes en al menos tres puntos torales: 1. el establecimiento de un sistema de sanciones y multas por el incumplimiento de la leyes laborales; 2. medidas para evitar el cierre fraudulento de empresas y garantizar el pago de los derechos y prestaciones de los-as trabajadores; y, 3) medidas efectivas para la protección de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, que incluyen un compromiso para que se realicen investigaciones judiciales independientes y expeditivas en los casos de las muertes violentas de líderes y activistas sindicales.
El acuerdo del DR CAFTA difiere del alcanzado en Ginebra, en cuanto a la concreción de sus metas y plazos. Sin embargo, los compromisos en el DR CAFTA han sido calendarizados para un cumplimiento que no supera los 90 días, y en el caso de la OIT, un informe de avance deberá ser presentado en este junio, y la decisión final sobre la Comisión de encuesta se tomará en octubre de este mismo año.
Para el seguimiento de los acuerdos, en el caso de la OIT se prevé el establecimiento de una representación de alto nivel, que vigilará por el cumplimiento de los compromisos. En el caso del DR CAFTA, se establece un calendario de informes para el gobierno de Guatemala, que deberán ser entregados a Washington.
Estos acuerdos parecen concretar un llamado al optimismo, para que las organizaciones sindicales y empresariales puedan reformular el marco de las relaciones laborales en el país, estableciendo un marco de confianza y fortalecimiento mutuo. Sin embargo, parece razonable prever que el sector privado, poco acostumbrado al diálogo, podría experimentar la tentación de dinamitar este proceso, como lo ha hecho antes con otros temas, como los tribunales agrarios, y más recientemente la ley de desarrollo rural. La institucionalidad a la que tanto ha costado conseguir estos acuerdos, debería trazar desde ya un plan de contingencia para evitar estos extremos.
De la misma forma, se puede avizorar que el movimiento sindical enfrentará varias dificultades para dar seguimiento a la implementación de los acuerdos, especialmente en el caso del conseguido con OIT. No se debe perder de vista que tanto en Ginebra como en Washington, el movimiento sindical guatemalteco ha participado en las negociaciones, en un diálogo mediado por centrales como la AFCLO o la CSI. Una de las preguntas que surgen en este último punto, tiene que ver con las más de 50 muertes que han sido incluidas en los informes del Comité de Libertad Sindical. Las organizaciones sindicales no pasaron de la denuncia nacional e internacional, a tomar otras medidas, como constituirse en querellantes adhesivos. De confirmarse que las investigaciones realizadas hasta la fecha por parte del MP señalan móviles diferentes a la libertad sindical en la gran mayoría de estos casos, ¿Cuál es la estrategia que va a seguir las organizaciones?
Estas y otras interrogantes deberán ser resueltas en los siguientes meses. Al final de la historia, no se deber perder de vista que lo que se debe cambiar son las realidades lacerantes de los hombres y mujeres que trabajan en condiciones de precariedad de ingresos, sin cobertura de seguridad social y sin garantías de hacer efectivos sus derechos.
Más de este autor