En los doce años de gestión para que se promulgue una Ley de Desarrollo Rural Integral, las organizaciones y comunidades que la impulsan han tenido una paciencia a toda prueba.
En marzo de este año, las y los capitalinos vieron llegar luego de nueve días de caminar cansado, a un inmenso contingente que llegaba desde el Norte. Venían a pedir el cese de los desalojos –versión moderna del histórico despojo– y la aprobación de una norma que permitiera iniciar el camino de salida de la miseria.
Ufano el gobernante y su segunda, fueron a recibirlos antes de entrar a la ciudad. Quizá esperaron que al ofrecerles de todo, las y los marchistas desistirían de ingresar a la capital. Sin embargo, el propósito de reunirse con el gobernante no era para hacerlo en la calle sino a ser tratados como iguales, tal como reciben a los empresarios, en las oficinas de gobierno. Para eso debieron esperar interminables horas hasta que por fin, lograron que sus representantes fueran atendidos. Las y los demás, debieron esperar en el frío de la noche, frente a la plaza central, mientras las pláticas se desarrollaban.
Un compromiso de ese encuentro fue la gestión oficial para la promulgación de la iniciativa 4084 que contiene la Ley de Desarrollo Rural Integral. Fue un compromiso que, transcurridos ocho meses, continúa sin cumplirse. En manos del Congreso de la República, el cual ha sido movilizado a gusto del gobernante Partido Patriota (PP), está la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, pese a lo ofrecido, la norma sigue sin aprobarse.
Entre los obstáculos por salvar está el referido a la gigantesca y poderosa capacidad de veto de las élites empresariales, particularmente de la Cámara del Agro. Esa especie de club de despojadores originarios y advenedizos que han sido los dueños de la tierra por apropiación desde hace siglos. Para ellos, patrocinadores del golpe de Estado en 1954, eternos financistas del fascismo y neofascismo, así como de escuadrones de la muerte, cualquier iniciativa que mínimamente conlleve dignificar al campesinado es improcedente. La consideran socializante y hasta comunistoide.
Pero su disgusto no es por el sentido ideológico que no existe en la norma propuesta. Tampoco es porque afecte –como mentirosa y perversamente han dicho–, la intocable propiedad privada. En realidad es porque temen que su sistema de esclavitud se acabe. Esclavitud que se ilustra, por ejemplo, con las relaciones que la familia Dusseldorf mantiene en las fincas de las verapaces, en donde paga míseros Q12.00 por jornada, los cuales nunca ven las manos de los campesinos. Y no las ven porque en realidad no llegan en efectivo sino que se “abonan” al pago de tierras supuestamente vendidas que llevan ya tres generaciones de estar pagando.
A que se acabe ese privilegio de actuar como esclavistas en pleno siglo XXI, con relaciones de explotación que también incurren en el delito de trata de personas, es a lo que le temen. Y porque le temen se aseguran de empujar todas sus lanzas para impedir que pase una norma cuasi inocente para amortiguar las relaciones de miseria esclavista en Guatemala.
Como buenos esclavistas que han sido y que siguen siendo, tienen también lacayos. Por un lado, columnistas de opinión llegados de la nada, que defienden a capa y espada un sistema que les beneficia. Esos, en todo caso, pueden ser perdonados por ignorantes y porque, en última instancia no tendrían más compromiso con la sociedad que el de ser veraces y si fallan pues, ni modo, quedarán como mentirosos pero ya.
En cambio, los lacayos imperdonables son los que ocupan una curul en el Congreso y que reptando al mejor estilo de los ofidios, agachan la cabeza y obedecen a uno de sus amos: el capital. Así se entiende la vergonzosa actitud de las y los legisladores del PP, LIDER, CREO, GANA y TODOS. En ellos, tanto oficialistas como seudo opositores, está la responsabilidad de no dar vida a una iniciativa como la 4084 y de profundizar la exclusión y la inequidad en Guatemala. Esas bancadas y sus integrantes, así como sus dirigentes, fieles lacayos del esclavismo elitista, serán los responsables de que este país siga en la edad de piedra en materia de desarrollo económico.
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