Como he mencionado en las previas columnas de esta serie, Centroamérica es la región más violenta de América Latina. Entre los países con mas indices de violencia y criminalidad se encuentra Guatemala, con 34.7 homicidios por cada cien mil habitantes, según el monitoreo de CABI con base en las estadísticas de la PNC. Los índices criminalidad en Guatemala aumentan cada día y crean un sentimiento de poco respeto por la vida humana y un gran nivel de impunidad que enferma al sistema judicial del país.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) asegura “la mayor parte de los asesinatos son causados por robos, extorsiones o por acciones que parecieran que se pretendía cometer otro delito”, y el GAM entre estos casos “no ha conocido alguno que hay sido llevado a las instancias jurisdiccionales correspondientes”. Solo en lo que va del 2011 se han reportado un total de 1,135 víctimas de muertes violentas, las cuales han sido causadas por armas de fuegos. Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), de un “ promedio de 100 casos por día que son remitíos por el Ministerio Publico y el Organismo Judicial, dentro de los cuales la mayoría se provocan por armas de fuego”. Esto significa, como reportó elPeriódico en 2008, que se cometen 17 asesinatos al día y 33 en un fin de semana.
Sin embargo lo que es realmente preocupante de nuestro país son los niveles elevados de impunidad y corrupción que existen dentro del sistema judicial. Se reporta también que la presencia del crimen organizado y el narcotráfico ha aumentado en el país y que estos hacen peligrar la estabilidad del país. Según un artículo de Siglo21, la narcoactividad se ha rebalsado en nuestro país por la frontera mexicana, y el ejemplo más claro es el Cartel del Golfo o los Zetas. El narcotráfico se ha logrado colar dentro de muchas instituciones, corrompiendo las raíces democráticas del Estado. Al igual que el narcotráfico, el crimen organizado se ha propagado en nuestra sociedad reclutando jóvenes vulnerables. Dentro de este mundo del crimen organizado se propagan las actividades delictivas de las extorsiones, secuestros, homicidios y violaciones.
Como mencioné en la columna anterior los costos que provoca la violencia dentro de nuestra sociedad son graves, ya que no solo afectan las vidas humanas, sino que también afectan el ambiente económico y el ambiente político del país. En el aspecto social se crean sentimientos de inseguridad y victimización. Los guatemaltecos con cada crimen que sale impune se siente completamente abandonados por su gobierno.
La respuesta de parte del presidente Colom ha sido criticada no solo por los medios de comunicación sino que también por los ciudadanos. Informó a los ciudadanos por medio de un comunicado de prensa que si los guatemaltecos deseaban una mejor seguridad tendrían que pagar más impuestos. El presidente le pidió a la población un aumento de 3 mil millones en tributos para poder suplir el presupuesto. Esta medida indignó a la población, ya que estos ya han pagado 44 mil millones para financiar el gasto del Estado.
En varios editoriales de periódicos se le ha acusado al presidente de extorsionista por tener a la seguridad como rehén a cambio del dinero que pide, “pero es inaceptable que se pretenda extorsionar a la población diciéndole que o pone un mínimo de tres millones adicionales en impuestos, o la seguridad no va”. Sin embargo el Ministerio de Gobernación en conjunto a la Policía Nacional han planteado un plan para combatir a la violencia.
El plan está basado en una estrategia de seguridad ciudadana con tres ejes principales: trabajo comunitario, inteligencia civil y aumento de la cantidad de los efectivos de la PNC. Según el Ministro de Gobernación el primer eje creará una relación entre la comunidad y la PNC, esto permitirá que ambas trabajen en conjunto en contra de la inseguridad. El acompañamiento de la población con la policía según el ministro fortalecerá la confianza de la población en la policía y además creará una cultura de denuncia dentro de la población Guatemalteca. El segundo y tercer eje esta dirigidos específicamente para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional Civil. Se pretende que con estas medidas se lleve acabo una reforma de la PNC ya que esta institución es la que más crítica ha recibido de los guatemaltecos. Sin embargo desde que este plan se lanzó en el 2008 no ha alcanzado los resultados deseados y en ambas instituciones ha existido una crisis institucional que ha llevado a la remocion de los directores de ambas.
Dada la precaria situación en la que nos muchas organizaciones han articulado sus propias sugerencias. Por ejemplo el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) propuso varias soluciones en el informe de septiembre de 2008. Dentro de las propuestas expuestas, el GAM sugiere que para obtener resultados “el gobierno debe darle todo su apoyo a la Policía Nacional Civil”. También se resaltó la necesaria participación ciudadana en los procesos jurisdiccionales, “denunciando y apoyando en lo que nos compete, sí estos no accionan, se les debe denunciar también, para erradicar poco a poco la corrupción tanto en las instituciones como en todo el país”. El GAM también señaló lo importante que es la correcta aplicación de las diferentes legislaciones del Congreso en relación con la seguridad. Por último el GAM propuso que “ la Corte Suprema de Justicia, debe iniciar un proceso de auto depuración a lo interno del Organismo Judicial, en donde se incluyan a todos los funcionarios públicos que trabajan en dicha institución, para rescatar el sistema de justicia en Guatemala”.
El Consejo Asesor de Seguridad (CAS) hizo a través de un comunicado de prensa sugerencias para combatir la violencia en el país. En el comunicado que presento la organización, señaló la importancia que tiene el presupuesto en el papel de combatir a la inseguridad. El CAS considera que “el presupuesto y las acciones del Ejecutivo en seguridad y defensa, debe responder a una concepción sistemática y global y romper con la lógica cortoplacista y la ejecución ineficiente”.
Las propuestas expuestas anteriormente son válidas y deben ser tomadas en cuenta para formar un plan comprensivo para la seguridad de todos los guatemaltecos. Sin embargo el gobierno y sus instituciones son los responsables de la seguridad pública y por lo tanto el deber de promocionarla cae en sus manos. Si el gobierno y sus instituciones de seguridad pública no se hacen cargo o no enfrentan esta epidemia de violencia la población siguira siendo víctima de este fenómeno. La Constitución es clara cuando establece en el artículo 2 que “es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la República”.
“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.
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