Con el reloj marcando unos minutos antes de las ocho de la mañana, conduzco mi automóvil por una concurrida calle dela Ciudadde Guatemala, y no tardo mucho en encontrar conductores imprudentes: un taxi se detiene para negociar con un potencial pasajero, atravesando el carro en medio de la vía pública, generando una ola de conductores impacientes que activan sus bocinas; más adelante, dos motoristas se colocan el uno a la par del otro, y sin importarles la seguridad, se dedican a platicar el uno con el otro a 70 km por hora; finalmente, antes de llegar a mi destino, un autobús tipo “tomate” del transporte urbano hace una maniobra que por poco provoca un accidente: aprovechando su tamaño, se cambia de carril sin previo aviso, porque las luces direccionales del mismo están evidentemente en mal estado.
Como acabo de regresar a Guatemala, en mi mente repaso el orden y la fluidez que prevalecen en el lugar de donde acabo de regresar, y no puedo menos que establecer una comparación. ¿Qué misteriosa condición hace que aquí sea el reino del caos y la imprudencia, mientras que allá, un conjunto de reglas que se respetan hacen la vida más llevadera y apacible? Manejar aquí es una fuente de malestar constante, mientras que allá es mucho más placentero.
Los especialistas han debatido estos temas por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre las sociedades más prósperas, estables y pacíficas, y las sociedades como las nuestras, conflictivas, inestables, pobres y arruinadas?
Durante mucho tiempo se ensayaron diversas respuestas: la cultura, la historia, los orígenes étnicos, las condiciones geoestratégicas, etc. Por ejemplo, los investigadores encontraron que hay una correlación entre la abundancia de los recursos y el subdesarrollo, haciendo creíble la tesis de la “maldición” de los recursos naturales, tal como tratamos en un artículo anterior; de la misma forma, se ha argumentado mucho que la disposición al trabajo, el respeto a las reglas y la capacidad de innovar dentro de los parámetros permitidos, son aspectos culturales que explican el mayor o menor desarrollo de los países.
Una de las tesis más aceptadas, sin embargo, es que la diferencia se encuentra en la fortaleza de las instituciones y la capacidad efectiva de una sociedad de ponerse de acuerdo en un conjunto mínimo de reglas que permitan la solución pacífica de los conflictos, pero también, la sanción efectiva de quienes se aprovechan de su posición o sus influencias para obtener ganancias ilícitas: en sociedades donde prevalece la impunidad, es prácticamente imposible generar condiciones de desarrollo sostenibles.
Justo el día de hoy, escuché un programa de debate y opinión sobre el tema de la conflictividad agraria que viene muy bien al caso de las consecuencias de una débil institucionalidad pública: la falta de certeza jurídica en Guatemala tiene proporciones monstruosas: en el 2011, la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) contabilizaba 1,360 conflictos de este tipo, según datos de Prensa Libre. La afirmación del actual secretario de la SAA, Elmer López, es que dicha conflictividad por la tierra es tan grande, que calcula que un 60% del territorio nacional estaría afectado por tal problemática.
¿Qué hace el Estado para solucionar este tipo de conflicto de tanta relevancia para Guatemala? Según los especialistas entrevistados, muy poco. No hay procedimientos legales para la regularización, y la complejidad legal, histórica y política del tema hace que las instituciones sobre las que recae el tema, avancen a pasos muy lentos para reducir y solucionar la conflictividad. Para agravar la situación, la problemática de la tierra es tan grande y tan conflictiva, que prácticamente las autoridades evitan tomar medidas de fondo para avanzar en una solución, especialmente, en la aprobación de leyes que establezcan procedimientos para la regularización de las tierras con problemas y conflictos.
Ante tal problemática y tales carencias institucionales y legales, ¿Cómo pretender que los ejercicios de diálogo funcionen? ¿Cómo esperar que Guatemala sea más próspera, estable y pacífica, si hay tantos actores que se sienten defraudados por la acción errática, casuística y arbitraria de las instituciones del Estado?
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