Hablar de esta situación, así como de muchas otras en Guatemala, es difícil dado que falta información y abunda la desinformación. Ni los medios de comunicación, ni las redes sociales, ni la publicidad oficial son fuentes de evidencia indubitable. Como yo no estuve allí, no tengo las evidencias enfrente, no he recogido las versiones de los distintos actores, ni soy juez, no puedo dar un veredicto. Solo sé que, además de buena fe y preocupación genuina, también se percibe que hay mucha confusión, nerviosismo, incompetencia y mala fe.
Sin embargo, por respeto a las familias de los muertos y de los heridos, creo que el diálogo que debiera iniciarse debiera ser de altura. Además de iniciar un proceso judicial para hallar a los culpables y sentenciarlos, debemos discutir sobre cómo funcionamos como sociedad.
En ese sentido, me gustaría comentar brevemente sobre las demandas que originaron, al menos según los medios de comunicación, la manifestación: el precio de la energía eléctrica, la reforma constitucional y el cambio en la carrera magisterial.
En cuanto a la demanda por el tema eléctrico, simpatizo profundamente con la preocupación de los manifestantes de Totonicapán. El alto costo de la electricidad, además de su baja calidad, es un problema importante en el interior del país, no solo para las residencias, sino también para la posibilidad de instalar industrias competitivas que generen empleo. Si bien es cierto, como señala Julio Ligorría, que parte del problema eléctrico tiene raíces en la tasa de alumbrado público y la oposición sistemática en contra de hidroeléctricas, también hay que ser críticos de otros factores en este mercado. En un mercado que ha sido diseñado por ley, y donde muchas decisiones deben ser tomadas y controladas por funcionarios públicos, en medio de empresas con intereses multimillonarios, y sin organizaciones que defiendan al consumidor. No extraña que el precio de la energía eléctrica en Guatemala sea tan elevado y que los ciudadanos no tengamos voz.
Respecto a la oposición a la reforma constitucional de los manifestantes, acabo de releer el texto y no he encontrado nada relevante por lo que valga la pena apoyarla. Además, seré muy sincero, no me siento cómodo con el Congreso actual; simplemente no considero que sea una legislatura que tenga el nivel necesario para discutir un tema tan importante, aun cuando hay varios diputados inteligentes y honorables.
En cuanto a la carrera magisterial, creo que si tanta es la oposición en Totonicapán, debieran de aprovechar el Código Municipal, buscar apoyo internacional, y tomar un rol más protagónico de la educación en sus municipios. Es más, yo creo que es un modelo al que debieran migrar más municipios en el país, dados los problemas que se están haciendo evidentes cuando la política educativa se discute a nivel nacional.
Definitivamente, estos tres temas no son lo suficientemente dignos como para morir por ellos, o para matar por ellos. Creo que la apuesta debe ser el diálogo, pero en Guatemala no hemos diseñado ni los valores, ni la institucionalidad necesaria para que hablar de “diálogo” tenga sentido.
Por ejemplo, sería interesante que en Guatemala se diseñe una ley que cumpla las mismas funciones de la Administrative Procedures Act de los Estados Unidos. Dicha norma establece un proceso que deben cumplir las distintas agencias norteamericanas y que, de cierta manera, facilita un diálogo basado en evidencia, abierto a la población. Los requisitos son cuatro (McCubbins, Noll y Weingast, 1987):
- Toda agencia interesada en hacer un cambio importante dará noticia de sus intenciones, sin imponer un sesgo particular.
- Toda agencia debe solicitar comentarios y permitir que participen todos los interesados.
- Toda agencia debe permitir la participación en el proceso de toma de decisión, según su propia normativa. En ese sentido, se menciona que pueden generarse audiencias donde se presenta evidencia y se puede cuestionar a los ciudadanos sobre la misma, para que la agencia tenga mejores elementos a su disposición. No es, como muchas veces pensamos, que la audiencia permitirá al ciudadano imponer sus deseos; pero sí permitirá que su opinión sea tomada en cuenta, en la medida que presente evidencia fuerte.
- Toda agencia debe aclarar explícitamente cómo ha tratado la evidencia presentada por los ciudadanos y aclarar cómo es que la decisión que tome se ve soportada por la evidencia.
Esto requiere funcionarios públicos profesionales, con amplia educación y experiencia. Ese es otro reto pendiente. Pero habla de la dirección que debiéramos tomar, especialmente en temas tan delicados, como la educación y el tema eléctrico, entre otros.
Finalmente, podemos dejar que esta tragedia nos polarice. Pero también podemos utilizar esta tragedia para pensar de manera distinta sobre cómo puede funcionar Guatemala y empezar a actuar para lograrlo.
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Dados los eventos recientes, preferí dejar para la próxima semana mi última columna sobre cómo prevenir tragedias ante un terremoto como el que sufrió Guatemala en 1976.
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