Tras deponer y encarcelar a Otto Pérez Molina, a Roxana Baldetti y a buena parte del gabinete del Partido Patriota gracias a la labor de la Cicig y del MP y al apoyo de la embajada de Estados Unidos y de las protestas ciudadanas, socialmente creíamos que era posible cambiar la forma de gobierno. El reto del gobierno de Jimmy Morales era apoyar la labor anticorrupción encabezada por Iván Velásquez y Thelma Aldana, así como las reformas políticas que permitirían mejorar y fortalecer el ejercicio político y democrático.
En palabras de Édgar Gutiérrez, la lucha contra la corrupción permitía salir de la ruta de Estado fallido que parecíamos llevar tras varios gobiernos llenos de corrupción y de un ejercicio impune del poder político de parte de las élites económicas y políticas (configurado, a su vez, por una larga historia previa). Pese a la inexperiencia atribuida y a varios señalamientos sobre su gabinete, se apelaba al beneficio de la duda respecto al gobierno de Morales y del FCN-Nación.
Incluso, se podía creer que, si el gobierno de Jimmy Morales no estaba a la altura de las circunstancias y mostraba señales de corrupción, podría suceder algo similar a lo ocurrido en 2015 y expulsarse a otro gobierno corrupto. Esas eran algunas de las ilusiones y expectativas que podían encontrarse en el ambiente en enero de 2016.
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Tales expectativas no existen en 2020. No es posible darle beneficio de la duda al gobierno de Giammattei. En parte, porque una de las lecciones de la lucha contra la corrupción y de la crisis política es que las élites económicas y políticas no tienen disposición al cambio si no es bajo amenaza. Y esa amenaza era la lucha contra la corrupción de la Cicig y del MP. Ese era el factor que había desequilibrado el andamiaje político corrupto e impune. Solo basta recordar la lista de acusados y encarcelados que habían logrado la Cicig y el MP de Thelma Aldana, que incluía a los más altos funcionarios del Gobierno y a miembros de la élite económica.
Pero el gobierno encabezado por Jimmy Morales, a la par de figuras como el exalcalde Álvaro Arzú y diputados y empresarios coaligados en el Pacto de Corruptos, luchó precisamente contra esta oportunidad. Tras el cambio del gobierno de Estados Unidos y la desactivación de la movilización ciudadana, lograron su objetivo. En 2019 lograron expulsar a la Cicig (se pueden usar otros términos para su salida, pero políticamente eso lo describe), y proyectos alternativos como Semilla y el MLP no tuvieron el empuje suficiente para alterar drásticamente el panorama político y la composición del Gobierno. Habrá que ver su desempeño como oposición y testimonio.
El gobierno de Alejandro Giammattei no parece ofrecer una alternativa al ejercicio de corrupción e impunidad que ha caracterizado a gobiernos previos. ¿Qué motivaciones y presiones tiene para cambiar esta situación? Sin la Cicig, sin un MP independiente, sin una oposición política fuerte y sin una ciudadanía activa parece que no existen condiciones para cambiar.
Este es el panorama político con el nuevo gobierno. Por supuesto que no es posible anticipar las crisis o eventualidades que puedan surgir, pero la inercia de los nuevos administradores del Gobierno no los llama a modificar las condiciones políticas.
¿En qué situación nos coloca esto? Una respuesta posible reside en la famosa cita de Gramsci: «Nuestro pesimismo aumentó, pero permanece vivo y de actualidad nuestro lema: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad». Un panorama desalentador no contradice una voluntad optimista. La ejercita.
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