Para un grupo de empresarios integrantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la sesión ordinaria del Congreso de la República celebrada el martes 29 de octubre era crítica para sus intereses. Esto, porque en la orden del día de esa sesión se incluyó la votación en tercera lectura de la iniciativa de ley número de registro 5,506, el contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del proyecto Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, cuya aprobación había venido solicitando un grupo de empresas aglutinadas en por lo menos diez cámaras del Cacif.
Sin embargo, para sorpresa, frustración, molestia y enojo de ese grupo empresarial, esa iniciativa de ley recibió solo 32 de los 80 votos a favor que requería su aprobación, por lo que fue rechazada y prácticamente será archivada, de manera que se tirarán a la basura meses de trabajo y posiblemente se obligará a Guatemala a pagar una indemnización de alrededor de 30 millones de quetzales. El Cacif alega que durante la citada sesión ocurrieron anomalías, entre las cuales destacan conflictos de interés y sesgos a favor de los procedimientos actuales, plagados de corrupción y opacidad.
Como todo, es discutible la legitimidad y la pertinencia del proyecto que le interesa al Cacif, así como la forma en que la legislación guatemalteca vigente ha estructurado el mecanismo de alianzas público-privadas. Sin embargo, supóngase por un momento que el Cacif tiene razón, que el proyecto era bueno, que lo que alega es verdad, que hubo anomalías que bloquearon una buena oportunidad para Guatemala y que, además, son verdaderos los rumores que aseguran que lo que ocurrió en el Congreso la semana pasada es que muchos diputados fueron sobornados por estructuras del crimen organizado y por corruptos para apropiarse de ese proyecto e incorporarlo a la larga lista de obras de inversión pública en infraestructura ejecutadas de manera corrupta con los resultados ya bien conocidos, al mejor estilo del libramiento de Chimaltenango.
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En ese caso hipotético, lo que está ocurriendo entonces es que el Pacto de Corruptos acaba de ostentar lo fuerte que se ha hecho. Y humillar públicamente al Cacif arrebatándole uno de los proyectos que más le interesaba es una demostración de ese poder. Si esto es así, al Cacif lo que le urge es una entidad independiente, desvinculada de las mafias que operan en el Organismo Judicial y en el resto del sistema de administración de justicia, idealmente internacional, que actúe en tándem con el Ministerio Público y que sea efectiva para investigar, capturar y perseguir penalmente a la estructura criminal y corrupta que lo humilló la semana pasada. Es decir, al Cacif le urge hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con un comisionado como Iván Velásquez.
Pero justamente algunas personas dentro del Cacif apoyaron las acciones para deshacerse de la Cicig y del comisionado Velásquez y quizá hasta ejecutaron algunas de ellas, ya que dicha entidad les resultó incómoda cuando empezó a investigar delitos de evasión de impuestos y de financiamiento electoral ilícito. Esos miembros del Cacif actuaron con una miopía que hoy se evidencia autodestructiva. Para deshacerse de la Cicig y de Velásquez se aliaron con mafias criminales y las fortalecieron, de modo que ahora estas no se detendrán hasta lograr cotas de poder de magnitud hegemónica.
Por desgracia entonces, hoy el debate no es si las alianzas público-privadas que busca el Cacif son buenas o no. Hoy el debate es cómo paramos a una pandilla de corruptos y mafiosos que ya demostró que tiene el poder hasta de burlarse del Cacif en su cara.
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