Y es que, para ella, el Estado «es demasiado grande, poderoso, invasivo en la vida de la gente y, por ello, constituye un peligro para la democracia, [y] sus decisiones son políticas, de modo que son menos confiables que las del mercado libre» [1]. En consonancia, y con aportes del sector privado, el gobierno de Serrano Elías declaró su intención de llevar a cabo un proceso de desregulación, privatización y desmonopolización de empresas y servicios cuya prestación había sido exclusiva del Estado.
En los últimos 33 años el Estado ha trasladado al sector privado Aviateca, el ferrocarril, la telefonía, la electricidad, la emisión de pasaportes y de licencias de conducir, la construcción de carreteras, la prestación de otros servicios menores y, al margen de procesos formales de privatización y de manera parcial, la salud y la educación. Se pretende hacer lo mismo con el agua y con los centros arqueológicos mayas.
Se estigmatiza al Estado, se culpa a la clase politiquera de su fracaso y se repiten hasta la saciedad, en complicidad con los medios de comunicación, las bondades maximizadas del sector privado y la supremacía de la economía de mercado para derramar bienestar y desarrollo como únicos medios para combatir la pobreza y lograr la democracia. Según esta ideología, solo el empresario genera riqueza y arriesga su dinero, por lo cual merece consideraciones legales, certeza jurídica y garantías especiales del Estado para minimizar sus riesgos.
Algo de ello es verdad, pero la mayor parte es mentira. El sector empresarial no es homogéneo. En la privatización, como en otras políticas económicas pretéritas, los más cercanos a los beneficios económicos y políticos son linajes, castas y redes familiares herederas de la Colonia que han realizado la mayor parte de obra pública orientada a facilitar sus intereses económicos. La red de carreteras de primer orden se sitúa cerca de las áreas productivas, agrícolas e industriales, y la ausencia de caminos, las redes rurales, las veredas y las carreteras de segunda se sobreponen perfectamente en el mapa de la pobreza (no es necesario recalcar que son territorios indígenas). Los medianos y pequeños empresarios son secundarios en la gran obra pública privada.
Las teorías económicas objetivas señalan que la riqueza se genera no solo del capital. El trabajo es la parte complementaria. En ese sentido, el trabajador arriesga más que capital: su vida, su salud, su dignidad, su seguridad y su talento a cambio (en el caso de Guatemala) de salarios indignos.
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Se arremete contra el Estado por grande e ineficiente, pero no se dice que desde siempre la élite empresarial ha medrado cerca y dentro del Estado, a tal punto que el diseño y fracaso de este es producto de las influencias de dicha élite y de sus aportes económicos a la clase politiquera. Hay partidos políticos, candidatos y autoridades de gobierno que son impuestos para garantizar sus intereses. No es el bien común la brújula que orienta su accionar y, por lo tanto, el fracaso del Estado es culpa de ellos, que permiten y alientan la existencia de una burocracia politizada susceptible de procurar administrativamente a su favor. Por ello el pueblo se beneficia poco del Estado.
Las políticas económicas, los tratados de libre comercio, la privatización, lo fiscal y tributario, etcétera, son de su dominio. Y son eficientes en ello. No son las políticas sociales su motivo de desvelo. Cuando Álvaro Arzú piñatizó los bienes del Estado, se emitieron aproximadamente 11 leyes para compensar socialmente los desajustes provocados en la población pobre. Ninguna de ellas fue positiva, los recursos obtenidos de la venta barata que se hizo se agotaron en pocos años y no se cumplió con llevar el desarrollo ni con combatir la pobreza. No solo el Estado ha fracasado. También el gran empresariado ha sido solidario en ese fracaso, pero este, como tal, no. La concentración de la riqueza, la pobreza y la desigualdad son mayores hoy que antes de la privatización, y el sector de las mipymes y el 70 % de la economía informal están fuera del interés de las políticas públicas.
Los guatemaltecos siempre tropezamos varias veces con la misma piedra. Eso parece suceder de nuevo con la iniciativa de ley general de infraestructura vial que los politiqueros y la élite empresarial están interesados en implementar. ¡Ojo! Se repite el mismo modelo de privatización de 1995, casi con los mismos impulsores, diseño y beneficiarios de dicha iniciativa. Lo mismo de hace 23 años puede provocar hoy los mismos nefastos impactos para la población.
[1] Revista Momento, de Asíes, año 6, número 12.
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