Por ejemplo, el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene una de las mejores bases de datos, capaz de identificar a cada alumno por su código y en qué escuela estudia: un instrumento que permitiría una entrega de becas rápida, y no hasta noviembre o diciembre, como sucedió en 2017.
Desde 2007 el Instituto Nacional de Estadística viene realizando anualmente una encuesta de empleo (que antes no existía). De igual manera, consistentemente ha realizado al menos tres encuestas de hogares desde el año 2000. Claro, nos falta el censo.
Pero escribo esta columna para preguntarnos si podemos hacer algo más que contabilizar.
- ¿Cuántas niñas y cuántos niños mueren de hambre?
- ¿Cuántos nuevos casos de desnutrición aguda hay cada año?
- ¿Cuántos alumnos desertaron del sistema educativo?
- ¿Cuántos adolescentes no acompañados son deportados mensualmente desde México o Estados Unidos?
- ¿Cuántos homicidios de menores de edad se cometen mensualmente y en qué municipios?
Antes de 2010 ni sabíamos estos datos. Ahora que ya los sabemos, ¿por qué la situación de los niños y los adolescentes empeora en vez de mejorar? Algunas sugerencias.
Entre las últimas recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño dio a Guatemala, específicamente el 2 de febrero de este año, figura incrementar los recursos presupuestarios para garantizar los derechos de los menores de edad, lo cual sería un seguimiento a la recomendación de 2010 de implementar una reforma fiscal amplia para garantizar mayores recursos públicos para este grupo etario. Es decir, es un buen insumo para que el ministro de Finanzas o el secretario de Planificación convoquen a un diálogo con amplios sectores de la sociedad sobre financiamiento para niños y adolescentes.
Pero una cosa es tener mayores recursos y otra que se puedan utilizar. Paso a explicarme. Durante 2017, la inversión pública dirigida a niños y adolescentes tuvo una tasa de ejecución presupuestaria del 87.1 %, muy cercana al nivel de ejecución de todo el presupuesto, 92.1 %. Sin embargo, ese 12.9 % que no se pudo ejecutar equivale a 3,418.6 millones de quetzales, que pudieron haber significado bienes y servicios para las niñas y los niños, quienes se vieron privados de ellos por la ineficiencia de las instituciones públicas en realizar todos sus planes operativos.
¿Que la culpa es de la Ley de Compras, y no de los funcionarios? Veamos. Según registros del Sistema de Contabilidad Integrada, al 31 de diciembre de 2017 las fuentes de financiamiento que reportaron una mayor tasa de ejecución en inversiones relacionadas con menores de edad fueron 1) los ingresos ordinarios, 94.1 %, y 2) los ingresos tributarios por concepto de IVA paz, 78 %. Y los que registraron menores tasas de cumplimiento fueron los préstamos externos, 45 %, y las donaciones externas, 38 %.
Ojo. Según la Ley de Compras y Contrataciones, estos últimos dos no están sujetos a ella, a menos que el prestatario o donante no tenga reglamento de compras. Es decir, los funcionarios de las unidades de adquisición desconocen el cumplimiento de las no objeciones para ejecutar los fondos bajo diferentes modalidades de contratación.
A su vez, la cultura de corrupción y el desconocimiento de la ley (tal cual lo afirmara el viceministro de Finanzas) implican que tanto el Ministerio de Finanzas como la Contraloría General de Cuentas deben capacitar al personal de las unidades ejecutoras en el uso y la aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones para que el gasto público dirigido a los niños pueda ejecutarse más rápida y transparentemente, tal como sugirió la Mesa Técnica de Presupuesto con Enfoque de Derechos de Niñez y Adolescencia del Congreso de la República, en la cual participamos al menos 45 organizaciones.
La ley no es perfecta. Necesita mejoras. Pero no saber usarla es un problema diferente.
Por hoy el espacio se me ha acabado. En mi próxima columna me referiré a qué puede hacer el Estado en materia de equidad, sostenibilidad, transparencia y participación ciudadana para dejar de contar cuántos niños con hambre o deportados hay y pasar a prever y evaluar las buenas prácticas que nos permitirán dejar de ser uno de los peores países del mundo para ser niña o niño.
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