El estado contrainsurgente en Guatemala institucionalizó diversas formas de tortura. Al igual que sus homólogos en el sur, el caribe y el centro del hemisferio, se valió del suplicio como herramienta. Por medio de este, no solo procuró información de integrantes del movimiento insurgente. También la obtuvo de personas no organizadas en la insurgencia y que eran parte del movimiento social.
Los datos recabados por esta vía sirvieron para el diseño de sus planes y estrategias que derivaron en actos de genocidio, la ejecución extrajudicial de más de 250,000 personas y la desaparición forzada de otras 50,000. Pero no se trató de prácticas quirúrgicas de la tortura. Se trató de acciones brutales de agresión y mutilación física y psicológica. El protocolo utilizado lo documentan informes como Guatemala: Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Además de los manuales analizados, se incluye el testimonio de sobrevivientes de cautiverio quienes narraron los suplicios a los que se les sometió por parte de las fuerzas de seguridad, principalmente militares.
Diversos estudios sobre la deshumanizante práctica de la tortura, analizan los propósitos de esta y sus alcances. Los mismos precisan que una persona sometida a cautiverio, negación de condiciones mínimas de humanidad y desposeída de dignidad, mediante la tortura puede llegar a decir lo que su verdugo quiere que diga. No importa si lo dicho tiene o no base real. Llega un punto en el que la persona solo quiere que el martirio concluya.
Esto viene a colación ahora que los Ciacs (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), de la corrupción, tienen el control del Estado. Esos grupos que tienen su origen en el aparato estatal contrainsurgente durante el Conflicto Armado Interno (CAI) y que hoy son el sostén de la arquitectura de la impunidad. En su despliegue como cabezas o integrantes del sistema de justicia, utilizan la ley penal como herramienta de escarmiento. Violentan el Código Procesal Penal al establecer reserva de procesos a fin de impedir y conculcar el derecho a la defensa de quienes sufren hostigamiento y martirio por haber combatido la corrupción.
Casos emblemáticos son las acciones contra Virginia Laparra y José Rubén Zamora.
Laparra, en tanto fiscal, fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), de Quezaltenango. Paradójicamente, el mascarón de proa del caso espurio contra Laparra es el titular del ahora mal llamado Mecanismo Nacional Contra la Tortura, Lésther Castellanos.
Zamora es presidente del Consejo Editorial del diario ElPeriódico, de amplia trayectoria en la denuncia de las redes de corrupción, privado de libertad desde hace medio año. Laparra ha estado encerrada durante un año en un espacio sin ventilación ni iluminación natural. Pese a que se le ha reportado enferma, ha debido padecer sin atención médica por pura maldad de sus captores. Zamora Marroquín ha estado igualmente sometido a condiciones denigrantes en su cautiverio.
De este último caso se vislumbra el uso de elementos de tortura contra otras personas involucradas, a fin de proveer de algún asidero al caso espurio que le han montado. En diciembre de 2022, la ex gerente financiera de ElPeriódico, Flora Silva, enfrentó condena por la vía de aceptación de cargos de lavado de dinero, durante la audiencia de apertura a juicio de Zamora.
El martes 21, uno de los ejecutores de la operación de venganza del pacto de corruptos tuiteó que Mario Castañeda, quien fue abogado de Zamora, se acogió a la aceptación de cargos. Cabe recordar que Castañeda quedó fuera de la defensa técnica del periodista en julio de 2022 durante la audiencia de primera declaración. En ese entonces el juez contralor le indicó que estaba involucrado en el caso y debía dejar la defensa de su representado.
Para que dos personas tan cercanas a alguien, terminen por aceptar ser culpables de algo que no lo son, tienen que mediar situaciones de presión que bien rayan en la tortura psicológica. Con ello, los manejadores de la operación de venganza tendrán mediante pseudo confesiones, lo que no pudieron obtener con investigación profesional.
Y no lo obtuvieron porque no existen evidencias científicas para sustentar un caso que, como todos los impulsados contra operadores de justicia, han surgido de la perversa mente criminal de la corrupción que por ahora ha tomado por asalto la institucionalidad en Guatemala.
En esas condiciones, solo un amplio rechazo social y ciudadano puede arrinconar a los verdugos de nuevo cuño y sus formas actuales de tortura.
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