Ojalá aún puedan tener efecto las críticas que ya están surgiendo en estos medios sobre la elección de algunos de los magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad para el próximo período.
En mi caso particular, quiero referirme solo a la elección del magistrado por la Universidad de San Carlos. Como egresada de dicha casa de estudios, me siento identificada con la historia, los principios, la visión y la misión de esta. En la mayoría de las ocasiones me he sentido orgullosa...
Ojalá aún puedan tener efecto las críticas que ya están surgiendo en estos medios sobre la elección de algunos de los magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad para el próximo período.
En mi caso particular, quiero referirme solo a la elección del magistrado por la Universidad de San Carlos. Como egresada de dicha casa de estudios, me siento identificada con la historia, los principios, la visión y la misión de esta. En la mayoría de las ocasiones me he sentido orgullosa de las acciones que ya a través del estudiantado o de las autoridades se han llevado a cabo ante problemas de envergadura nacional. Este sentimiento se reforzó con la participación de la universidad en el movimiento social del 2015, cuando, unidos por una causa común, la lucha en contra de la corrupción, autoridades, trabajadores, docentes, egresados y estudiantado nos unimos para manifestar nuestro repudio ante las acciones del pasado gobierno.
Es por dicha razón que, al enterarme de la elección del ahora magistrado Francisco de Mata Vela, a quien por cierto no conozco, como a ninguno de los otros candidatos, siento una gran frustración y decepción. Según lo publicado en Internet por el Centro de Medios Independientes (que consulté el 10 de marzo de 2016), 7 de los 40 miembros del Consejo Superior Universitario estuvieron a favor de que se conocieran las tachas que cada candidato tenía. Sin embargo, este requisito se obvió y sin más se procedió a la votación. ¿Qué intereses hay detrás de ello? Solo los 33 miembros del CSU lo sabrán.
Pero personas como yo, que solo somos ciudadanos comunes y corrientes, cuando nos enteramos de que sobre el ahora magistrado pesa una acusación sobre plagio, nos sentimos engañados. Y es que el magistrado es un juez que debe velar por que se cumplan las leyes del país y se mantengan los valores estipulados en el preámbulo de nuestra Constitución. Y si a ello aunamos el hecho de que fue electo por la universidad nacional, ello me parece a todas luces efecto del signo oscuro de otros tiempos. Porque en este caso es obvio que no debía ser ni siquiera candidato para ese cargo y, por otro lado, se esperaría que en aras de la honestidad personal él mismo se hubiera retirado de la contienda hasta no haber aclarado una situación en la que se pone en duda su honorabilidad intelectual.
Reza un documento que desde el 2012 circula por las redes: «Los jueces de lo constitucional deben ser moralmente fuertes para cumplir, afrontando cualquier riesgo, su función primordial de defensa del orden constitucional». ¿Cómo podemos los ciudadanos confiar en un juez que no ha demostrado ser moralmente correcto? ¿Cómo, a sabiendas de este hecho, ha sido elegido por una universidad nacional?
Ojalá la fuerza pública que ha empezado a emerger a través de las redes sociales se convierta en una ola que mueva más conciencias. Ojalá también que se reviertan decisiones que siguen la más oscura de las tradiciones politiqueras de antaño.
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