La doctrina de los controles democráticos inicia con los resultados del informe de la Comisión Church, en Estados Unidos, que investigó los abusos del de los servicios de inteligencia y seguridad en la década de los 70, en el marco del escándalo Watergate. Derivado de esta investigación se promulgaron leyes que impusieron controles a fin de evitar la comisión de abusos contra la ciudadanía.
En el caso de Guatemala, al tenor de las acciones realizadas por integrantes de los servicios de seguridad e inteligencia y que derivaron en graves violaciones a derechos humanos, en los acuerdos de paz se estableció la necesidad de establecer límites democráticos al funcionamiento de éstos. Se reestructuró el servicio de seguridad presidencial para lo cual se separaron las funciones de protección e inteligencia. Para ello, crearon la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la presidencia (SAAS) y la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) que después se reformó a Secretaría de Inteligencia de Estado (SIE). La SAAS quedó limitada a la protección de la presidencia en tanto que la SAE y luego la SIE quedó a cargo de la inteligencia política estratégica.
Además se creó la la Dirección de Inteligencia Civil (Digici), a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob). La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, contenida en el decreto 18-2008 define el Sistema de Inteligencia y los subsistemas que la integran. Entre estos el de inteligencia civil que se asigna a la Digici. La Ley Marco incluye también un capítulo relativo a los controles democráticos. Sustenta el quehacer de este sistema como un mecanismo esencial de contra peso a los posibles abusos que pueden derivar del empleo discrecional y arbitrario de las atribuciones otorgadas a los entes de seguridad e inteligencia. Dichos controles incluyen la designación de una comisión específica en el organismo legislativo, responsable del control del funcionamiento de estos servicios y de la obligada rendición de cuentas.
Con el grado de perversión del sistema democrático, es obvio que el sistema de inteligencia no queda al margen de este problema. Eso se colige de la denuncia que publicó ElPeriódico en su edición del domingo seis de noviembre. Una denuncia que debe llamar la atención ciudadana pues refleja una situación altamente preocupante que anticipa volver a las prácticas que la reforma del sistema ha buscado superar.
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Según el medio cuando hay críticas al jefe del ejecutivo se pone en marcha «un sistema de espionaje electrónico que monitorea las 24 horas del día y los siete días de la semana a alrededor de 500 personas sospechosas, entre los que se cuentan periodistas, fiscales, jueces, políticos, empresarios, diplomáticos y activistas sociales». Dicho sistema, dice el matutino, es manejado desde la Digici «a cargo del teniente coronel retirado (promoción 117 del año 1989) José Luis Navas Herrera, que asumió el cargo en 2020 y ha sobrevivido a tres ministros de Gobernación».
Otro dato de suma gravedad es que el responsable de dicho sistema coordina con el Ministerio Público (MP), no solo operativos de espionaje sino también de captura. Algo expresamente prohibido en el artículo siete de la ley de la Digici.
El congreso ha fallado al no integrar la comisión específica de asuntos de inteligencia, a fin de ejercer control legislativo sobre estas instancias. Ante esta falencia, la comisión de Seguridad Nacional debe poner cartas en el asunto en tanto que la comisión de derechos humanos está obligada a dar seguimiento a esta denuncia y, de oficio, investigar el extremo denunciado. En caso contrario, quienes presiden dichas instancias serán cómplices de los desmanes que según la denuncia, llevan a cabo los funcionarios de la Digici y el MP.
Como sociedad nos corresponde exigir la rendición de cuentas de estos funcionarios, la inmediata remoción de los mismos y su respectiva puesta a disposición a los tribunales por los delitos cometidos y el abuso en que han incurrido.
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