De hecho, ni siquiera cuenta con la credibilidad social, pues la misma encuesta que a lo largo de 2018 publicó Prensa Libre menciona que un 43 % de la población cree muy poco en el gobernante, en tanto que un 46 % no cree en él en absoluto.
Estos indicadores, que con más o menos variantes se mantuvieron a partir del primer año de gobierno, deberían bastar para llamar a la reflexión a quien los ostenta. Sin embargo, ese no es el caso del actual ocupante de la casa presidencial. Morales parece tener tapados los oídos y mantener pegados los ojos, pues no ve ni escucha la voz ciudadana que repudia su gestión, que se caracterizó por la obsesiva procura de impunidad ante los evidentes e inocultables actos de corrupción y otras acciones delictivas que se le achacan.
El empeño por procurarse impunidad bien puede ser el factor determinante en la destrucción de la institucionalidad que Morales deja como legado de su gobierno. Lejos de fortalecer o como mínimo apoyar la lucha contra la corrupción, el gobierno de Morales utilizó todo su poder nacional e internacional, incluso violando las formas básicas de la diplomacia, para forzar la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Para ello fue capaz de desobedecer resoluciones de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al acordar el cambio de sede de la embajada de Guatemala en Israel.
En el terreno de la justicia, el nombramiento de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público sirvió para completar el esquema de complicidad con el Organismo Judicial no solo para favorecer al gobernante, sino también, y sobre todo, para consolidar la arquitectura de corrupción e impunidad. Funcionarios como el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, además de destruir el sistema de carrera en la Policía Nacional Civil (PNC), violentó principios fundamentales al realizar espionaje ilegal en contra de líderes sociales, periodistas y políticos de oposición. Entre tanto, su ministro de Economía, Acisclo Valladares, se cobijó en dicha cartera para evadir la persecución por haber utilizado su poder como gerente de la empresa de telefonía celular Tigo para espiar a su exesposa, a empresarios, a periodistas y a líderes políticos.
[frasepzp1]
El gobierno de Morales también se caracterizó por la complacencia absoluta con el estamento militar. Consecutivamente, durante su gestión se amplió el presupuesto del Ejército y se toleró abiertamente la relación de este con estructuras del crimen organizado. No son casuales los supuestos reconocimientos de las distintas ramas militares, como la imposición de la boina kaibil y las alas de la fuerza aérea. Si bien no logró la compra ilegal de los aviones Pampa a la industria argentina, sí se aseguró de proveer al Ejército de recursos casi ilimitados a la vez que apoyaba y acuerpaba el ahorcamiento económico del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
En el estado de sitio impuesto en la zona norte del país se utilizó de pretexto el ataque a una unidad de marinos que patrullaba en montaña y que dejó a dos soldados muertos. Con esto, además de una nueva ventana para recursos extras al Ejército, Morales Cabrera amplió sus vínculos con empresas del extractivismo que han vulnerado el tejido social y han perseguido a comunidades y personas defensoras del territorio.
Además de los acuerdos con los otros dos poderes del Estado, la coraza de impunidad para Morales fue blindada tanto por las élites del sector empresarial guatemalteco como por las cabezas del fundamentalismo neopentecostal en Guatemala y Estados Unidos. Ambos vínculos le permitieron respaldo del jefe del Ejecutivo estadounidense, ante quien entregó la soberanía nacional al firmar un oscuro y aún desconocido convenio de tercer país seguro: un acuerdo cuyas acciones contradicen lo que norma el Código Migratorio en vigor.
El recuento de daños de la administración de Jimmy Morales Cabrera deja un saldo profundamente negativo en materia de desarrollo y de institucionalidad democrática. De esa manera, no es disparatado afirmar que, al menos desde que la actual Constitución entró en vigor, este es el peor gobierno que ha tenido Guatemala, cuyo pueblo merece un mejor destino.
Más de este autor