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Un joven sienta frente a los escombros de su vivienda quemada el domingo en la madrugada, en la comunidad Urbana Dos, ubicada en la finca Cubilgüitz, Alta Verapaz. Esteban Biba/EFE

Un desalojo más en el medio de la pandemia

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Un desalojo más en el medio de la pandemia

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De nuevo, en medio de la pandemia y de las restricciones impuestas por el Gobierno, se consuma un hecho de violencia en contra de población campesina q'eqchi'. Las acusaciones de la familia Dieseldorff Grimler (dueños de la finca donde se dio el hecho) en contra de las organizaciones sociales que acompañan los procesos de desarrollo campesino, empatan con los reclamos en su contra. De nuevo, en medio de tanta incertitumbre y falta de información sobre los acontecimientos reales y sus mandantes, 330 personas son víctimas de la falta del Estado y de sus instituciones. 60 familias más sin un techo dónde pasar la noche.

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Cubilgüitz (Guatemala), 18 ago (EFE).- Una comunidad indígena q'eqchi' guatemalteca de unas 60 familias (más de 330 personas) denunció este martes la quema de algunas de sus casas y el desalojo extrajudicial del que fueron víctimas el fin de semana en el departamento de Alta Verapaz.

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Ubicada dentro de un complejo de terrenos propiedad de la familia cafetalera Dieseldorff Grimler, a unos 250 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala, la comunidad Urbana Dos, dentro de la finca Cubilgüitz, se pronunció por el ataque de al menos un centenar de personas armadas. El hecho ocurrió el sábado por la noche y el domingo por la madrugada.

El presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de la comunidad Urbano Dos, Édgar Choc Ico, de 42 años, narró a medios internacionales este martes que a las 22.00 horas lo despertó el grito de los invasores, seguido de unos disparos y explosiones. «De repente, a las 10 de la noche en adelante, la gente que estaba invadiendo la parte de las fincas se juntó y vino a atacarnos con mortero, a disparar con diferentes calibres de armas», dijo Choc Ico, quien subrayó que los atacantes mencionaron que iban de parte de dos organizaciones que defienden la tierra: la Fundación Turcios Lima y el Consejo Campesino del Altiplano (CCDA). «Dijeron que venían a sacarnos, dijeron que eran los dueños de la finca y que 'si no salen de sus viviendas aquí se mueren todos», recordó Choc, quien se apresuró a despertar a sus hijas, a su esposa y huir de la comunidad junto a los demás centenares de habitantes.

Tras resguardarse en una montaña, el líder comunitario volvió a ver qué había pasado. «Regresé escondidito para ver qué iba a suceder con mi casa y, de repente, esos señores rociaron de gasolina mi casa y reventaron morteros ahí, donde agarró fuego», contó mientras señalaba las cenizas del sitio donde antes vivía. Choc Ico aseguró este martes que es un mozo colono de la finca, así como el resto de personas despojadas de su casa el fin de semana y subrayó que construyó su hogar hace 21 años. Dijo que así como su padre, de 68 años de edad, su abuelo nació y trabajó la tierra en Cubilgüitz.

El líder comunitario aseguró que las 60 familias son «agricultores, venden sus cosechas y también trabajan en la finca. Son 330 personas y fueron 17 casas dañadas y seis en su totalidad calcinadas. Lo que hicieron ellos (los agresores armados) fue juntar la ropa en las camas, rociarlas de gasolina y le prendieron fuego». Efe constató que algunas de las imágenes religiosas de las casas fueron descabezadas o dañadas por los agresores. También que había paneles solares destruidos y quejas de los lugareños del robo de otros paneles, toneles para captar agua y bombas para fumigar. Las familias, organizadas a la orilla de la carretera de tierra que pasa frente a la comunidad Urbano Dos, temen un nuevo ataque. Una de las habitantes, identificada como Ofelia Chuc, con seis hijos, lamentó la quema de su casa y, al igual de Edgar Choc, dijo temer por su vida, su familia y su comunidad.

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Conflictivdad agraria

El lunes, el Consejo Campesino del Atliplano (CCDA) se pronunció en contra del ataque a las familias en Cubilgüitz y, además de negar la atribución del desalojo extrajudicial y el incendio a las propiedades, señaló a la familia Dieseldorff de haber «promovido las acciones violentas en contra de las comunidades», integradas por «mozos colonos al servicio de la finca». Agregó en un comunicado que los terratenientes del país centroamericano «utilizan actualmente un nuevo modelo que consiste en armar pequeños grupos de paramilitares para desalojar a los comunitarios; por un lado los encarcelan, por otro los criminalizan, y por otro los desalojan».

Cruce de señalamientos

El exdiputado Leocadio Juracán, directivo de la comisión política del CCDA, negó a Efe un vínculo señalado por la familia Dieseldorf a la organización campesina y enfatizó que grupos de poder han «generado estigmatización y criminalizado a compañeros en el territorio», por lo que dijo estar preocupado por ellos.

La Familia Dieseldorff Grimler, fundadora de la marca de café Dieseldorff Kaffee, aseguró el domingo que las acciones fueron «organizadas por grupos criminales y clandestinos que operan ilegalmente y en contra de las leyes constitucionales del país». Además, esgrimió que «no existe conflicto laboral abierto en contra de la finca Cubilgüitz», que hay cuatro fincas vecinas «usurpadas» entre marzo de 2019 y abril de este año y señaló al CCDA y a la Fundación Turcios Lima de «acompañar» las «usurpaciones», dejando «anarquía en la región, que es insostenible».

El Frente Indígena Campesino Iximulew, compuesto por el CCDA, el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch'orti' Nuevo Día y la Unión Verapacense de Organización Campesinas (Uvoc) también se pronunciaron el domingo. La organización indicó que, «luego de muchos años de trabajar para la familia Dieseldorff, fueron despedidas sin el pago de sus prestaciones salariales» y advirtió que las familias de campesinos «han reclamado que se les entregue tierra en pago de sus prestaciones», a lo que los dueños «se han negado». La Fundación Turcios Lima no se pronunció al respecto pese a los intentos de Efe por contactar a su director, Julio César Macías, conocido como «comandante César Montes», uno de los protagonistas de la guerrilla guatemalteca que participó en el conflicto armado acaecido entre 1960 y 1996.

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