El MP debe llevar a los responsables de estas muertes ante un juez, el Gobierno tiene que dar un giro brusco en su estrategia de seguridad de responder con militares para resolver conflictos sociales y el sector empresarial debe dejar de criminalizar a las protestas. Suscribimos a los sacerdotes de la zona pastoral de Totonicapán cuando recuerdan el meollo del país: sólo con justicia social habrá paz en Guatemala.
Que soldados dispararan contra manifestantes fue un delito que no fue planificado pero tampoco fue fortuito. No fue planificado porque estaban en medio de un diálogo, pero debe aclararse quién ordenó disparar y debe recordarse que la administración actual apostó por una estrategia de multiplicar la presencia de militares a las calles para disuadir a ciudadanos; apuesta inefectiva, arriesgada y, a la luz de lo ocurrido en Totonicapán, letal.
Las declaraciones públicas del presidente Pérez Molina y de los ministros Mauricio López Bonilla, de Gobernación; Ulises Anzueto, de Defensa; y Harold Caballeros, de Relaciones Exteriores, han sido una ofensa a la dignidad de las víctimas. Que no llevaban armas las fuerzas de seguridad, que se mataron entre los mismos manifestantes, que dispararon al aire, que las fotos no los contradicen, que el problema no son los asesinatos sino el bloqueo de la carretera. La peor es la repudiable frase que hizo el canciller Caballeros: "Reconozco con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande, y aunque suena muy mal decirlo, a diario tenemos el doble de muertos. Por eso, considero que no es una llamada de atención tan grande”.
Sin llegar a ese extremo, pero en una línea de pensamiento sorprendente ante esta tragedia, las cámaras empresariales han demandado al Ministerio Público no la investigación de los asesinatos para que no queden en la impunidad, sino la investigación de los líderes de la protesta. Esto responde a una visión de considerar como criminales a quienes manifiestan su descontento con el modelo económico excluyente del país.
Con mayor tino, el G-4 –conformado por la Iglesia católica, la Alianza Evangélica, la USAC y el Procurador de Derechos Humanos- y los sacerdotes de la zona pastoral de Totonicapán han puesto la atención en que no debe quedarse en la impunidad esta matanza.
“Denunciamos la responsabilidad del gobierno en esta masacre por enfrentar una manifestación ciudadana con soldados armados. Este es el fondo de la cuestión. Y prevenimos que no se vaya a culpar solamente a personas particulares como un agente de seguridad o soldados en lo individual que resulten siendo chivos expiatorios para excusar al gobierno de la progresiva militarización a la que se está llevando al país. Y pedimos a nuestras autoridades políticas y judiciales que sean honradas y valientes al descubrir y castigar como es debido a los culpables. El pueblo lo necesita y lo está pidiendo a gritos”, afirmaron los sacerdotes de Totonicapán en un comunicado el sábado 6 de octubre.
Esta tragedia necesita de la justicia para empezar a sanar. Necesita de una reflexión de todos como sociedad para que no vuelva a ocurrir en las centenares de manifestaciones de descontento social que vendrán en los próximos años y décadas hasta que no se revise el modelo de desarrollo del país.
Y el gobierno necesita recular y cambiar la estrategia de respuesta ante esta tragedia. Tras una seguidilla de declaraciones erráticas, parecieran empezar a corregir el rumbo. Primero fue Fernando Carrera, secretario de Segeplan, en una columna en este medio; luego Adrián Zapata en declaraciones ante el cuerpo diplomático; y después el presidente Pérez Molina al declarar luto nacional, un resarcimiento a las víctimas y una revisión de la estrategia de seguridad de sacar a soldados para encarar manifestaciones sociales. Ese es el camino y debe seguirse con firmeza a pesar de la oposición de actores muy poderosos.
El camino de la moderación y del diálogo también debe mantenerse por parte de los líderes sociales a pesar de la provocación que suponen ocho asesinatos y llamados a radicalizaciones desde los dos extremos ideológicos. Y es que la violencia se desactiva sólo con paz. Además, exhortamos a la ciudadanía a que continúe ejercitando su derecho moral y legal de manifestación pacífica para demandar cambios o denunciar injusticias.
Todos somos responsables (aunque en diferente medida) de llevar al país a este nivel de tensión.
- El Gobierno por una estrategia de seguridad no sólo arriesgada sino equivocada e irresponsable de sacar al ejército para reprimir manifestaciones sociales. Y después por una reacción inicial insensata ante esta tragedia.
- El Gobierno y los diputados al Congreso por no responder a las demandas sociales con las que se comprometen.
- El sector privado por criminalizar y convertir en “terroristas” a ciudadanos que piden condiciones de vida más justas. Que la electricidad no suba arbitrariamente, que las mineras no contaminen y paguen más impuestos o que termine la exclusión y el racismo de este país no son sino demandas de la más elemental humanidad.
- Parte del cuerpo diplomático, que por un lado pide que se respeten los derechos de los manifestantes, pero por otro lado presiona insistentemente al Gobierno para que se otorguen licencias mineras sin que se agoten primero las garantías ambientales y laborales.
- Los campesinos, por bloquear carreteras cuando podrían bien únicamente ralentizar el tránsito en manifestaciones sin necesidad de bloquear todo el paso, como los miles de campesinos guiados por el Comité de Unidad Campesina (CUC) cuando caminaron de Cobán hacia la Ciudad de Guatemala en marzo, o los maestros organizados cuando marchan del Ministerio de Educación hacia la Plaza de la Constitución.
- Los medios, cuando alentamos la polarización por alentarla, reproducimos prejuicios y no ponemos a disposición de la opinión pública información verificada y análisis de calidad. La clave, no obstante, no está en una neutralidad pasiva que solo reproduce declaraciones de actores públicos, sino en llamar a las cosas por su nombre, con su contexto y en su justa dimensión.
Y así como todos somos responsables de llevar al país a este nivel de tensión, todos somos también responsables de desactivarla. Una receta para disminuir los niveles escandalosos de injusticia y conflictividad es redistribuir un bien que puede ser escaso o abundante: la dignidad.
