Dichas autoridades, con esta sentencia, son reconocidas legalmente desde el Estado ya que la legitimidad es producto del derecho a la autodeterminación de los pueblos y no del reconocimiento del Estado ni de abogados colonizados. Denunciaron la violación «(…) a los derechos a la vida, a la paz, al desarrollo integral, de defensa, de participación democrática, de libre determinación sobre su modelo de desarrollo, a un ambiente sano y un equilibrio ecológico y de las comunidades indígenas, así como a los principios jurídicos de debido proceso, de legalidad y sujeción a la ley.» (texto del expediente).
Esta empresa minera operó ilegalmente del 2000 al 2010. Las comunidades dentro de sus principios de diálogo y consenso intentaron llegar a un acuerdo conciliatorio, en el cual estuvieron presentes el Ministerio de Ambiente y Recursos naturales y la empresa adquirió compromisos para respetar los derechos de las comunidades, sin embargo, ante la pasividad y omisión de las entidades del gobierno y municipales, no se respetaron los acuerdos.
Es hasta el 2014, que el Ministerio de Energía y Minas concede a la empresa la licencia de explotación sin haber consultado a las comunidades y sin que la Municipalidad se pronunciara al respecto, razón por la cual las autoridades indígenas accionaron legalmente, a pesar de que en el interín las amenazas, denuncias y criminalización realizadas por la empresa no se hicieron esperar.
El proceso, es de vital importancia y ejemplo para las reivindicaciones de las comunidades indígenas de Quetzaltenango que libran una lucha legítima contra el reglamento de construcción y uso del suelo, que la Municipalidad insiste llama Plan de Ordenamiento Territorial, estando lejos de ser un instrumento adecuado a las necesidades del municipio.
Al igual que la Municipalidad y algunos profesionales del Derecho, ideologizados con doctorados enmarcados en el monismo jurídico, el Ministerio de Energía y minas argumentó que «(…) los accionantes carecen de legitimidad activa, debido a que no poseen ese reconocimiento de representatividad», argumento rechazado por la Corte de Constitucionalidad quien afirma que se debe garantizar el derecho ancestral de la tierra y las tradiciones de las comunidades indígenas.
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El valor jurídico de esta sentencia trasciende lo teórico y se amplía al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, negados por autoridades del Estado y cuestionados por profesionales del Derecho que desde la soberbia del positivismo en el cual han sido formados, atrevidamente argumentan que las autoridades indígenas, comunitarias, auxiliares, alcaldías no son legales ni legítimas.
La ciencia occidental se ha erigido como universal y única, negando otros conocimientos, epistemologías y formas de relación como sociedades diversas y diferentes al modelo occidental implantado y del cual muchos profesionales asumen acríticamente, atravesados por el más lacerante colonialismo: el intelectual.
La sentencia contiene elementos valiosos, argumentos teóricos sociológicos, antropológicos, políticos y culturales, que deberían ser base para formar profesionales con amplitud de conocimientos y criterio digno, no subordinado al rigor del positivismo. Las carreras de Derecho deberían tener estos elementos dentro de sus contenidos curriculares para cumplir con la sagrada misión de enseñanza, para no ser vasos comunicantes de lo que el poder colonial quiere que aprendamos y apliquemos.
Para las organizaciones sociales, la sentencia es estandarte de lucha dentro de las reglas de juego del Estado, el cual en un momento determinado no puede actuar en contra de los postulados, principios y normas que señala el Derecho Internacional en materia de Derechos de los pueblos indígenas.
Y, sobre todo, el Estado aún con sus intelectuales orgánicos, no puede ni podrá contra la legitimidad que nace desde una forma distinta de entender la sociedad y el mundo y, sobre todo, ante la dignidad de los pueblos que fueron invadidos, saqueados, despreciados, humillados, negados pero que, sin embargo, esa dignidad e identidad ha sido la base para su resistencia y reivindicación ante el agravio del colonialismo.
Por eso vale la pena recordar que hace unos 25 años, un movimiento cívico de gran historia y trascendencia en Quetzaltenango sentenciaba: ¡Estamos vivos!
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