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Soberana inmunidad

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Soberana inmunidad

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Los diputados cerraron filas el lunes para rechazar las reformas a la Constitución propuestas por la Fiscalía, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y respaldada por los presidentes de los tres poderes del Estado, que tienen como objetivo modificar el sistema de justicia del país. De los 125 legisladores presentes en la sesión, 116 votaron a favor de la iniciativa de reforma constitucional. Pero luego, en la aprobación individual de cada uno de los artículos de la iniciativa, sólo 77 apoyaron los artículos 1 y 2, que establecían que los alcaldes, gobernadores, diputados y demás funcionarios públicos que gozan de derecho de antejuicio, pudieran ser investigados penalmente cuando hubiera sospecha de algún delito, y de ser suspendidos del cargo cuando un juez dictara auto de procesamiento. Con esa decisión, los parlamentarios decretaron la continuación de la soberana inmunidad a favor de la clase política.

El reconocimiento constitucional del derecho indígena, también sufrió un duro revés, aunque no fue descartada del todo. Sólo 103 diputados (de los 105 que se requerían) votaron a favor de una enmienda presentada por el legislador Amílcar Pop del partido Winaq, para aprobar el artículo 3 de la iniciativa que se refería a ese asunto. Ante la inminente desaprobación definitiva del artículo, el presidente del Congreso, Mario Taracena, suspendió la sesión. Ante la falta de consensos entre los legisladores, se prevé que la discusión de las reformas se continúe hasta el próximo año; los diputados, sus partidos, y los grupos que apoyan y rechazan las reformas a la Constitución, tratarán de convencerse unos a otros. Mientras tanto, todo sigue igual.

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