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Ser funcionario público en tiempos de crisis política (renuncia de Carlos Mendoza)
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Opinión

Ser funcionario público en tiempos de crisis política (renuncia de Carlos Mendoza)

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Después de conocerse los nombres de los integrantes del gabinete de gobierno del entonces presidente electo Jimmy Morales, me llamó el actual ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, para invitarme a colaborar con su equipo de trabajo. En ese momento no me pareció adecuado aceptar la invitación por varias razones. Una muy importante para mí era sentirme totalmente ajeno al proyecto del partido ganador de las elecciones.

No solo no me identificaba ideológicamente, sino que no veía algo concreto en la agenda de la nueva administración que me motivara a tomar el riesgo de involucrarme por primera vez en el servicio público. Agradecí la confianza, pero dejé pasar la oportunidad.

A mediados de febrero del 2016, nuevamente recibí una llamada del ministro Estrada, que me invitaba a conversar en su despacho, donde me contó sobre su visión para retomar la agenda de transparencia fiscal dentro del ministerio, tema que había sido suprimido formalmente durante la anterior administración. Me dijo que por medio de una dirección podría impulsar ese tema tan importante para recuperar la credibilidad y la confianza en el Estado.

Lo percibí con planteamientos mucho más claros sobre los alcances y los límites que podría tener su gestión en un puesto tan clave para el desarrollo del país. Me atrajo su proyecto y la posibilidad de dar un aporte muy concreto. Hice las respectivas consultas con mis amistades y colegas que previamente han servido en el Estado. Todos coincidieron en motivarme a tomar el riesgo.

Lo que finalmente me hizo tomar la decisión de colaborar con el Gobierno fue mi propia reflexión sobre todo lo vivido durante el 2015. La intensa experiencia de la plaza en contra de la corrupción y a favor de la democracia me hizo tomar conciencia de la importancia de la participación directa y comprometida en los asuntos del Estado. Buena parte del problema que hoy vivimos ha sido causada por la indiferencia de los ciudadanos ante la política y la administración de lo público. Las hemos dejado a cargo de los políticos que hoy tanto despreciamos. Ahora nos lamentamos porque nada funciona de manera adecuada. No se proveen los bienes ni los servicios públicos, entre ellos seguridad y justicia, tan fundamentales para la vida en sociedad. La experiencia del 2015 me empujó a una nueva aventura profesional y, sobre todo, de aprendizaje sobre la burocracia del Estado.

Llevo 17 meses de servicio en el Minfín, una entidad sumamente interesante y compleja, conformada por más de 20 direcciones y más de mil personas que tienen como principal función facilitar el trabajo del resto de los ministerios y de otras entidades del Estado. En este tiempo, desde la Dirección de Evaluación Fiscal (DEF), hemos avanzado la agenda de transparencia fiscal, especialmente en el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto, gracias a la cual hemos tenido un importante acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan al Estado desde diversas perspectivas. Tenemos una ambiciosa agenda relacionada con los documentos del ciclo presupuestario, el portal de Internet, la apertura de datos y la adopción de buenas prácticas internacionales para la rendición de cuentas. Posiblemente, dos de los avances más reconocidos sean los talleres del Presupuesto Abierto, actividad de especial interés para el ministro en función de involucrar a la población durante la formulación presupuestaria, y el Comité de Usuarios de Datos Abiertos, iniciativa que ya ha logrado cierto reconocimiento en espacios internacionales y que culminará con un portal específico y una práctica institucionalizada de publicación por defecto.

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Menos conocidos pero igual de relevantes son los esfuerzos por transparentar los riesgos fiscales que enfrentan el Estado y la reforma al reglamento orgánico interno del Minfín para retomar formalmente el tema de la transparencia fiscal tanto dentro del ministerio como fuera de este, en cumplimiento de estándares y buenas prácticas internacionales.1 En conjunto con otras direcciones y bajo el liderazgo del viceministro López, hemos apoyado la Estrategia Fiscal Ambiental, un esfuerzo audaz e innovador para utilizar instrumentos económicos y fiscales a favor del medio ambiente y los recursos naturales y, por lo tanto, en beneficio de la salud de todos los habitantes del país. Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por el sector privado, la cooperación internacional, la academia y la sociedad civil especializada en estos temas. Este esfuerzo también está por institucionalizarse dentro del ministerio.

Lamentablemente, todos estos progresos se han puesto en riesgo por la torpe decisión del presidente de la república de declarar persona non grata al comisionado Iván Velásquez, campeón, junto con la fiscal general Thelma Aldana, de la lucha contra la impunidad en Guatemala. Es evidente que tal torpeza política es una burda estrategia de defensa personal ante las acusaciones que recientemente hicieron en su contra el MP y la Cicig por supuesto financiamiento ilícito de la campaña del FCN-Nación, la plataforma política electoral que llevó a Jimmy Morales al poder en 2015.

La credibilidad necesaria para que muchas de las iniciativas antes mencionadas avancen de manera consistente se ha perdido con el desafortunado berrinche y pataleo de Morales. Y con ella se ha perdido también la capacidad de los funcionarios públicos para operar con sus contrapartes.

Por ejemplo, la Estrategia Fiscal Ambiental ha sido apoyada por el PNUD, y lo que él hizo definitivamente podría impactar de manera negativa en las relaciones con el sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.

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Aún más importante: prácticamente se arroja por la borda la iniciativa de Gobierno Abierto, que había sido tan bien aceptada por las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, especialmente por el Gobierno de los Estados Unidos de América, que volvió a confiar en las contrapartes gubernamentales después de la debacle del 2015. Se supone que este esfuerzo que se asumió, por su éxito y visibilidad, como una de las prioridades presidenciales responde a la promesa de campaña de «cero tolerancia contra la corrupción». De hecho, seis organizaciones se han retirado temporalmente de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto en protesta por las acciones del presidente.

Por otro lado, no es fácil impulsar una agenda de transparencia dentro de una organización donde aún prevalece cierta cultura de opacidad. Varias de las direcciones del Minfín han visto como una amenaza el esfuerzo del ministro por elevar los niveles de transparencia proactiva. Algunos de los funcionarios alegan que dicho esfuerzo los hace más vulnerables ante la oposición política en el Congreso de la República, pues son ellos los que tienen que enfrentarse de forma continua a las citaciones de diputados que cumplen con su función de fiscalizar o que, según la interpretación de estos mismos funcionarios, solo buscan municiones para atacar y debilitar al Gobierno.

Otros colegas son poco entusiastas de la transparencia por razones de dinámicas internas del poder. Piensan que deben demostrar que son indispensables por la información que generan y acaparan, la cual se hace disponible solo para el despacho cuando este la requiera. Por lo tanto, no comparten sus datos con otras direcciones, y menos con terceros.

Simplemente se aprovechan de las asimetrías de información. Luego están los temerosos de dos tipos: los que carecen de iniciativa propia para liberar datos porque solo hacen aquello que se les manda por ley y los que tienen temor al escrutinio técnico y académico de expertos sobre los supuestos, los escenarios, las proyecciones y los cálculos en general.

Finalmente están los que ocultan información de manera deliberada para encubrir errores administrativos, en el mejor de los casos, o para esconder acciones u omisiones con finalidades inconfesables.

Ahora, ante una coyuntura política muy adversa para la lucha por la transparencia desde una entidad gubernamental como el Minfín, me veo moralmente obligado a dejar el cargo de director de Evaluación Fiscal y así volver al necesario activismo organizado contra la corrupción y la impunidad como un ciudadano más, pero con la convicción y la esperanza de que el país puede cambiar para bien si nos movilizamos políticamente para ello.

Quiero agradecer al equipo de trabajo de la DEF por su colaboración y entrega muy profesional durante mi breve estadía a cargo de su coordinación. Me enseñaron a derrumbar prejuicios sobre la burocracia. Su trabajo es importante para el país, así que sigan adelante con la mística y el sentido crítico que los caracteriza, velando por los intereses de la colectividad, y no por los de agentes privados o gremiales. También debo agradecer a mis colegas de las otras direcciones del Minfín, de quienes también aprendí una ética del trabajo muy positiva. Son el fiel testimonio de la importancia de contar con una burocracia profesional y comprometida.

Finalmente, debo agradecer la confianza y el apoyo de las autoridades del ministerio, que me permitieron dar mi aporte y aprender, especialmente, de los errores. Servir al país por medio de un cargo público es un privilegio del cual debemos sentirnos orgullosos. Ya se darán otras oportunidades para volver a servir, en mejores condiciones, con una masa crítica que impulse el cambio definitivo.

 

1 Esta función se le quitó al Minfín durante la administración del Partido Patriota, cuando todas las actividades de transparencia se concentraron en la Copret, bajo la Vicepresidencia de la República. 

Todos estos progresos se han puesto en riesgo por la torpe decisión del presidente de la república.
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Hay colegas poco entusiastas de la transparencia por razones de dinámicas internas del poder.