Sin duda, el principal acierto es el impulso efectivo a la reforma tributaria que en 2008 propuso el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF). La semana antepasada todos enarcamos las cejas con la aprobación de la “Ley Antievasión II”. No sin asombro y satisfacción por ver avances en este escabroso tema, este impulso se volvió a verificar al presentar el Ejecutivo al Congreso el resto de la reforma propuesta por el GPDF (iniciativa de ley 4447).
De esta manera, este gobierno está haciendo historia. Aunque la propuesta no es nueva, y de hecho fue la misma que intentó impulsar el gobierno anterior, el gobierno de Pérez demuestra madurez al reconocer que esta es la propuesta del GPDF y no del gobierno anterior. Pese a que dentro del gabinete actual hay oposición a la reforma (posiblemente más feroz que en el anterior), el Presidente ha sabido respaldar a su ministro de finanzas.
El respaldo de la bancada oficial y sus aliados fue efectivo para la aprobación del presupuesto para 2012 y de la ley antievasión II, pero está por verse si el pacto entre el oficialismo y sus aliados en el Congreso no está “pegado con chicle”. Llegó el momento de la verdad: ¿aprobarán también la reforma tributaria, sin tergiversarla o mutilarla?
Estos acontecimientos contrastan severamente con lo que Fuentes Knight nos relató en su libro “Rendición de cuentas”. Un relato que nos enseña cuán importante es que el presidente respalde a un ministro que se lanza a impulsar una reforma, por demás impopular y costosa políticamente. Además, nos explica lo pernicioso y destructivo que resulta cuando la bancada oficial, no solo no apoya al Ejecutivo, sino que le aplica una suerte de extorsión a cambio del apoyo parlamentario.
Pero no todo ha sido el perfume de un jardín de rosas. La pestilencia de la corrupción, el tráfico de influencias y la torpeza también, a escasas tres semanas, ya embarran el rostro de la administración de Pérez Molina.
Si el impulso de la reforma tributaria es el gran acierto, el acuerdo “voluntario” entre la minera y el gobierno es el gran desacierto. Artero y espurio, negociando fondos públicos en la más descarada e insolente opacidad, es ya un verdadero escupitajo al rostro de Guatemala.
Que obtendrán un poco más de recursos no es explicación aceptable, mucho menos justificación. Si lo fuera, entonces el soborno que recibe un funcionario corrupto también sería aceptable como una medida para subirle un poquito el magro salario. No. El manejo de fondos públicos debe estar respaldado por la ley, un proceso público y transparente. ¡Claro que la minera debe pagar más regalías! Pero no de una manera antojadiza.
A esto se suma la propagación de compras directas, agravando la opacidad y debilidad del sistema de compras y adquisiciones del Estado. El innecesario conflicto con el sector de mujeres, por una forma autoritaria y poco prudente en el nombramiento de la secretaria presidencial de la mujer. La vergonzosa situación del Director del Departamento de Tránsito, que tuvo que ser destituido por cometer actos de corrupción, ¡Luego de solamente 12 días de gestión!
Avances y torpezas demuestran que las nuevas autoridades no tienen nada de mágico. Que sí son capaces de hacer las cosas bien, pero que no son ajenas a la corrupción y la ineptitud.
Demuestran que no nos debemos abandonar al pesimismo estéril y cerrado, ni al optimismo ciego y fanático. Debemos ejercer nuestra ciudadanía, crítica, bien informada y siempre constructiva.
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