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El acceso del Juzgado de Mayor Riesgo D, hasta el mes pasado presidido por la jueza Érika Aifán, vigilado por elementos de seguridad del Organismo Judicial. Simone Dalmasso

Los casos sensibles que dejó Aifán han pasado por dos jueces sin experiencia, uno denunciado por prevaricato

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Los casos sensibles que dejó Aifán han pasado por dos jueces sin experiencia, uno denunciado por prevaricato

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Pasar de ser  juez de casos menores a uno que tramita casos de alto impacto que requieren medidas especiales de seguridad, es un ascenso meteórico que no se ve normalmente en el Organismo Judicial. Dos jueces de paz dieron ese salto al ser nombrados como sustitutos de Erika Aifán. Con eso tuvieron acceso a casos de corrupción que involucran a los tres poderes del Estado.

Erika Aifán renunció a su carrera de casi 20 años como jueza debido a las presiones y amenazas que recibió a causa de los casos de corrupción que tramitaba su juzgado. A casi un mes de su renuncia, a las instancias penales ubicadas en la Torre de Tribunales llegó un nuevo juez. Su nombre es Edwin Osvaldo Ramírez Ventura y aunque tiene poca experiencia como juez penal, fue nombrado suplente del Juzgado de Mayor Riesgo D, que desde el año 2016, cuando fue creado, estuvo a cargo de Erika Aifán y donde se concentran algunos de los casos de corrupción más grandes y complejos investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en compañía de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).

En registros del Organismo Judicial (OJ), Edwin Ramírez aparece como un juez de paz en los municipios de Palín y Masagua, departamento de Escuintla, instancias que conocen casos por delitos menores, asuntos civiles, de trabajo y familia, con la prioridad de resolver los conflictos a través de conciliaciones.

Como pocos, Ramírez tuvo un ascenso meteórico. El pasado 10 de marzo la presidenta del Organismo Judicial, la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada, autorizó que diera el salto de juez de paz a uno suplente de mayor riesgo. De acuerdo con Fredy Calderón, vocero del OJ, Ramírez fue seleccionado de un registro con los nombres de todos los jueces suplentes.

Su única experiencia en los juzgados de mayor riesgo era de dos semanas. En diciembre de 2021 fue asignado para cubrir 15 días de vacaciones del juez Miguel Ángel Gálvez. En esa ocasión, dos asesores de la presidencia del Organismo Judicial lo escoltaron y presentaron en su primer día.

Así Ramírez, un juez de paz sin experiencia en juzgados penales, llegó a una instancia judicial donde se han conocido casos emblemáticos: fue allí donde Efraín Ríos Montt fue envíado a juicio por genocidio; donde el exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fue ligado a proceso por su involucramiento en la red La Línea y donde actualmente se discute si nueve militares retirados serán envíados a juicio por presuntamente torturar y desaparecer a personas que aparecen en el Diario Militar.

En marzo de 2022, Ramírez fue nuevamente convocado para cubrir un juzgado de mayor riesgo mientras transcurría el tiempo de vacaciones de Erika Aifán. El 5 de abril, día en que terminó ese plazo y quedó en firme la renuncia de la exjueza, fue  confirmado en el mismo cargo mientras se elige a un titular. Este proceso ya está en marcha. El 6 de abril, el Consejo de la Carrera Judicial lanzó una convocatoria para que jueces de primera instancia en servicio y recién ingresados apliquen a esta plaza.

En un mes, Ramírez ha tenido acceso a todos los casos que Aifán resguardó, entre ellos la plica con la información confidencial del Testigo A, la persona que habría declarado haber estado presente en una reunión de 2019 donde supuestamente Alejandro Giamamttei, entonces candidato presidencial, negoció con José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, la entrega de 20 millones de quetzales para su campaña electoral. Según el testimonio, el dinero provenía de sobornos de empresas constructoras.

Además del expediente Construcción y Corrupción, un caso donde la Feci descubrió una red que cobraba sobornos en el gobierno a cambio de entregar proyectos de obra pública, y Comisiones Paralelas, una investigación que involucra a Gustavo Alejos, diputados, abogados, magistrados y operadores políticos en una estructura que supuestamente interfirió en la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, proceso que lleva dos años detenido en el Congreso.

Mientras la Corte selecciona a un nuevo titular, el juez Ramírez ya ha realizado audiencias donde empieza a verse cuál es su forma de trabajo. El pasado 23 de marzo se realizó la primera declaración de nueve expatrulleros y comisionados militares señalados de participar en la masacre de la comunidad Rancho Bejuco, Baja Verapaz, ocurrida en 1982.

Ese día Ramírez le dijo a la prensa que «estaba facultado para iniciar un proceso contra los periodistas» ante alguna anomalía y falta de disciplina durante la audiencia. También requirió que agentes de la Policía Nacional Civil lo custodiaran dentro y fuera de la sala de audiencias y limitó la cantidad de periodistas que podían documentar lo que allí sucedía.

Su mensaje fue interpretado como una amenaza, según denunció la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), que condenó el hecho y lo llamó un acto que «remarca la intolerancia e irrespeto hacia la libertad de expresión desde los altos magistrados del Organismo Judicial hasta los juzgados de primera instancia».

El juez tampoco permite que los periodistas accedan a información sobre qué audiencias tiene en agenda, algo que sí ocurre en otros juzgados.

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¿Quién es Ramírez?

En noviembre de 2006 se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos. Entre sus relaciones familiares resalta que es primo de Rudy Marlon Pineda Ramírez, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exmagistrado de  la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal. En 2019, el fiscal Rafael Curruchiche, entonces fiscal de Delitos Electorales, presentó un antejuicio contra Pineda y cuatro magistrados más, por supuestas fallas en el sistema electrónico que contenía los datos de las elecciones.

Plaza Pública solicitó una entrevista con el juez Ramírez pero no respondió a la comunicación.

Un juez más

Pero no solo Edwin Ramírez ha tenido acceso a los expedientes sensibles del juzgado que dejó Aifán.

El 5 de abril, el Organismo Judicial designó como sustituto por un día a Julio César Chávez Xol, un juez de paz del departamento de Izabal que tiene abierto un proceso de antejuicio por prevaricato y cohecho pasivo por supuestamente beneficiar a una estructura de narcotráfico a la que se le incautaron 515 paquetes con cocaína, un caso que está a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.

En la audiencia de primera declaración contra tres presuntos narcotraficantes se reprodujeron interceptaciones telefónicas donde se escucha una negociación con personal del juzgado de Izabal para entregar pagos a cambio de la liberación de los detenidos. Estos indicios han sido solicitados por el pesquisidor a cargo del caso contra el juez Chávez Xol, que sigue en trámite.

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Posible conflicto de interés

El Organismo Judicial está por lanzar la convocatoria oficial para elegir al titular del Juzgado de Mayor Riesgo D. Según el procedimiento los aspirantes serán evaluados por el Consejo de la Carrera Judicial pero será la Corte Suprema de Justicia quien lo seleccione.

Se le consultó a Fredy Calderón, vocero del Organismo Judicial, si los magistrados de la Corte se excusarán de seleccionar al titular, ya que en ese juzgado hay un caso donde aparecen mencionados.

En la investigación Comisiones Paralelas 2020, la Feci, entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, presentó un antejuicio contra Silvia Patricia Valdés Quezada, Josué Felipe Baquiax Baquiax, Manuel Duarte, Vitalina Orellana, Nery Medina, Sergio Pineda, José Antonio Pineda y Silvia Verónica García, por supuesto tráfico de influencias, asociación ilícita y violación a la Constitución.

El caso nace de una investigación contra Gustavo Alejos, empresario y operador político que en febrero de 2020 se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio por estar involucrado en cinco casos de corrupción. En ese tiempo la Feci descubrió que Alejos convirtió la clínica donde estaba internado en una oficina para recibir a involucrados en la elección de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones.

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En su solicitud de antejuicio la Feci presentó listados hallados en la oficina improvisada de Alejos, con los nombres de los magistrados de la Corte Suprema y otros electores, contrastados con la cantidad de funcionarios judiciales que les interesaba que fueran parte de la nómina final de aspirantes a las Cortes que sería envíada al Congreso. Según la denuncia,  los cálculos de Alejos coincidieron en un 88 % con lo actuado por los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2021, el antejuicio fue rechazado por magistrados suplentes de la misma Corte Suprema de Justicia, lo que impidió que el Ministerio Público pudiera profundizar en los indicios de supuesta asociación ilícita, tráfico de influencias y violaciones a la Constitución. Por esa razón, Calderón, el vocero del OJ, asegura que los magistrados no se excusarán y no tienen conflicto de interés.

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