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Los 20 casos de justicia transicional que el Congreso quiere borrar

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Los 20 casos de justicia transicional que el Congreso quiere borrar

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La búsqueda de justicia por las atrocidades que el Ejército y la guerrilla cometieron durante el conflicto armado interno (1960-1996), se puede resumir en números muy simples: 20 casos penales de justicia transicional y 15 sentencias. Hechos que el congreso busca desvanecer con una nueva ley. Su intención es que no juzguen más los crímenes de guerra y que todos los condenados por estos hechos salgan de inmediato de prisión.

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Llevar las masacres, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual ante los tribunales, ha sido un proceso largo, enredado y complicado para hacerles justicia a todas las víctimas. En el Congreso hay esfuerzos para revertir esos procesos  y por poner punto final al juzgamiento de estos vejámenes. El objetivo de algunos diputados es otorgar amnistía a quienes han sido o puedan ser juzgados y condenados por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.

El Ministerio Público empezó a recibir denuncias por crímenes realcionados con la guerra desde la década de los 80. Pero para aquella época era todo un reto abrir un expediente e investigarlo.

Aunque hubo algunas condenas en contra de oficiales del Ejército en los 90 (como por ejemplo la sentencia en contra del sargento Noel de Jesús Beteta, por la muerte de la antropóloga Myrna Mack), fue hasta casi una década después de la firma de los Acuerdos de Paz que las cosas empezaron a cambiar. El Ministerio Público creó en 2005 la fiscalía de Derechos Humanos, y cinco años después, dentro de esta fue instalada la Unidad de casos del conflicto armado interno (Ucai), para dar atención especializada a la persecución penal de estos hechos.

Simone Dalmasso

Hasta tres décadas después de los acontecimientos llegaron los juicios por las masacres. Por ejemplo, la matanza de 256 personas en la comunidad Plan de Sánchez, en Baja Verapaz, que ocurrió en 1982, fue juzgada en 2012. En aquella fecha, el Tribunal señaló que un excomisionado y cuatro expatrulleros de autodefensa civil actuaron con «perversidad y ensañamiento» en contra de la población civil a la que consideraban aliada de la guerrilla.

Los torturaron, mataron y sus cuerpos fueron quemados: las mujeres fueron abusadas sexualmente. Como quedó demostrado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la mayoría de los acusados por violaciones a los derechos humanos pertenecieron al Ejército o a los grupos que éste organizó para dirigir la lucha contrainsurgente.

Para evitar que se cobrara venganza en contra de militares y guerrilleros que participaron en el enfrentamiento por los delitos políticos y comunes en que ambos bandos incurrieron, el Congreso aprobó en 1996 la Ley de Reconciliación Nacional, como parte de los Acuerdos de Paz, que les otorgaba una amnistía. Sin embargo, los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la población civil quedaron fuera de esa normativa. Sin embargo, el año pasado, por iniciativa de varios diputados liderados por Fernando Linares Beltranena, se promovieron una serie de reformas entre ellas el cese de la persecución a los crímenes cometidos durante la guerra, incluso a los de lesa humanidad.

Le han llamado la ley “punto final” ya que, de aprobarse, no se podría llevar a juicio ningún hecho del conflicto armado y todos aquellos que guardan prisión por estos casos saldrían en un plazo no mayor a 24 horas. Actualmente la iniciativa ya pasó la primera lectura, y está en agenda a la espera de su avance en el Congreso.

Simone Dalmasso

Una recopilación de casos que elaboró Plaza Pública, permitió determinar que de las 99 personas que la fiscalía de Derechos Humanos ha acusado en los procesos por violaciones a los derechos humanos, 53 son expatrulleros de Autodefensa Civil o excomisionados militares. De estos, 35 han sido sentenciados y varios están evadidos de la justicia.

También se ha encausado a 44 oficiales del Ejército, entre tenientes, coroneles y algunos generales. Solo 15 oficiales han sido condenados. El de más alto rango que ha sido sentenciado es el general Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército a inicios de los 80.

El general Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de facto (1982 a 1983), falleció mientras se realizaba el segundo juicio en su contra por el delito de genocidio.

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Aunque fue acusado por el genocidio ixil, y por la masacre de 201 habitantes de la comunidad las Dos Erres, en el municipio de Las Cruces, en Petén, solo en el primer caso se le juzgó. Un tribunal lo condenó a 80 años en 2013, pero la sentencia quedó sin efecto porque la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio. Ese segundo debate se realizó sin su presencia, por enfermedad. Murió en abril de 2018.

Los demás altos mandos de la época también han muerto. No obstante, hay otros oficiales que están acusados y en contra de quienes hay ordenes de captura internacional. Entre ellos, el coronel y exdiputado del Frente de Convergencia Nacional, Edgar Ovalle, al que se le vincula al caso de las 581 osamentas que fueron encontradas en la sede militar de Cobán, conocido como Creompaz.

Simone Dalmasso

Los casos de la guerra en cifras

En este gráfico que le presenta Plaza Pública, puede encontrar de forma resumida, lo que ha pasado en términos de justicia transicional en las últimas décadas. Desde que se presentó la primera causa penal en Tribunales. Las sentencias, la ubicación de los hechos, la fuerza estatal o grupo guerrillero que cometió las violaciones a los derechos humanos, en qué año ocurrieron, cuántas fueron las víctimas y a quiénes se ha acusado y sentenciado.

Resalta que solo uno de los acusados por esta fiscalía perteneció a una organización guerrilla. Felipe Solano, alias teniente David, formó parte de la Organización del Pueblo en Armas y dirigía la patrulla que en 1988 asesinó a 22 personas en la aldea El Aguacate, en Chimaltenango. Por esa masacre fue condenado a 90 años de cárcel. Es el único de su patrulla que fue capturado.

A través de los datos es posible conocer los resultados concretos de la fiscalía de Derechos Humanos, y cómo han reaccionado los jueces y magistrados ante las investigaciones. En general, en los últimos años han estado más dispuestos a que estos hechos no queden impunes. Sin embargo, todavía hay procesos varados en la burocracia judicial.

En 2018, la fiscalía de Derechos Humanos terminó de recopilar nueve mil denuncias que fueron presentadas en las fiscalías de Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, y Quiché, que se habían quedado olvidadas en los archivos. Esas no han tenido ningún avance, pero la fiscalía busca la manera de reactivarlos.

La última sentencia que consiguieron los fiscales, fue en contra de Santos López Alonzo, en noviembre de 2018. Un integrante de la patrulla kaibil que en 1982 masacró a 201 personas, adultos y niños, en la aldea Dos Erres, en Petén. El grupo militar llegó al pueblo para recuperar 22 fusiles que habían sido robados al Ejército. López y cinco más de sus compañeros en esa tropa asesina, purgan penas de más de cinco mil años. Pero hace falta encontrar a los demás, así que el expediente sigue abierto.

El más reciente caso que la fiscalía ha emprendido es el de los abusos sexuales en contra de un grupo de mujeres indígenas de Rabinal, Baja Verapaz. Hay seis acusados, todos expatrulleros de autodefensa civil, que esperan la resolución judicial para saber si serán enviados a juicio.

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