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Las trabajadoras sexuales también pagan extorsión

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Pequeños empresarios, empresas transnacionales, pilotos, comerciantes informales y también sexoservidoras. Las pandillas extorsionan a todo aquel que entra en su territorio. A pesar de que consiguen sumas millonarias, el dinero apenas transforma su estilo de vida y se esfuma tan fácil como llegó. El MP calcula que han cobrado en un año más de Q38 millones, sin embargo apenas han logrado incautar y extinguir Q70 mil.

–Yo soy MS. Comencé a andar con estos batos a principios de febrero de 2013. Empecé a juntarme con ellos por un puro de mariguana. Después de un tiempo me empezaron a tirar la vibra que ellos eran de la mara y que si yo quería tener lo que ellos tenían (drogas, mujeres y dinero), que me fuera a vivir con ellos.

Así empieza el relato que Sergio Gudiel Vásquez rindió como declaración en anticipo de prueba ante la jueza quinto de Instancia Penal, Judith Secaida, el 16 de noviembre de 2015. El muchacho, entonces de 19 años, apodado “El Minimix”, se presentó a tribunales de forma voluntaria para revelar los secretos de su clica, la Black Demon, y los de la Santos Locos Salvatruchas (SLS). Dos facciones de la Mara Salvatrucha (MS), una de las dos pandillas dominantes en el país, que en 2012 fue catalogada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una “organización criminal transnacional”. Una estructura dedicada al asesinato, las extorsiones y al caos social.

–Me fui a vivir ahí por el Pasaje de San Jorge, en una casita celeste. Me dijeron que siguiera las órdenes y todo iba a estar de pinta.

Y así lo hizo. “El Minimix” vivió entre la pandilla y esta se convirtió en su familia. Hasta que decidió delatarlos. Ante la jueza describió cómo se planificaron cinco asesinatos en contra de supuestos rivales, entre ellos estudiantes de un colegio. Detalló quiénes guardaban las armas, identificó a los distribuidores de droga, a los sicarios de las dos cliclas, y contó cómo los jefes coordinaban y pedían cuentas de las extorsiones. Incluso de las cuotas diarias que le imponían a las sexoservidoras que trabajan en diminutos cuartos de la antigua “línea” del ferrocarril, desde la 7 hasta la 10 calle de la zona 1 de la ciudad.

Contó sobre La Línea  porque tenía una “jaina” (novia) en el área. Entabló comunicación con los paros, que son los encargados de recoger el dinero de la extorsión. Ellos le tomaron confianza y le revelaron que las prostitutas tenían que pagar Q25 diarios o Q 175 semanales para que las dejaran trabajar y vivir en el área. En ocasiones se recolectaba la cuota de hasta 165 mujeres, lo que les significaba más de Q28 mil semanales. Un aproximado de Q100 mil al mes y Q1.3 millones al año, según los cálculos que el Ministerio Público (MP) incluyó en el expediente judicial.

El interrogatorio

–¿Podría explicar cómo es el cobro que les realizan a estas mujeres?, le preguntó el fiscal.

–Les van cobrando de cuarto en cuarto, explicó Gudiel.

–¿Ese dinero que les cobran, por qué es?

–Porque dicen que las van a proteger de cualquier cosa, media vez estén en el territorio de ellos.

–¿El dinero lo entregan porque quieren o bajo amenaza?

–Siempre les dicen que lo tienen que dar; si no lo hacen les dicen que se tienen que ir de ahí.

–¿Qué pasa si una sexoservidora no paga ese dinero?

–Se le dice que se vaya o si no las van a matar.

Dos hombres están señalados de ordenar, coordinar y dirigir los asesinatos de estas mujeres: Walter Artemio Cifuentes Ortíz, alias “El Payaso”, un hommie brincado (que ordena los asesinatos y coordina la extorsión); y Silvestre David Lemus Ramírez, alias “El Extraño” o “El Señas”, el ranflero (jefe de la clica), de 37 años, preso en la cárcel El Boquerón, en Cuilapa Santa Rosa. A “El Extraño” se le acusa de ordenar el asesinato de conductores de transporte público y de organizar la muerte de ocho personas más –entre ellas cinco trabajadoras sexuales– que lograron sobrevivir porque la Fiscalía contra las Extorsiones tenía las llamadas interceptadas.

La colaboración de Sergio Gudiel, las más de 150 interceptaciones telefónicas que realizó el MP y el relato de una informante –de quien solo se puede decir que vivió de cerca las amenazas—, sirvieron para identificar a 23 personas, entre miembros de la clica SLS y colaboradores, señalados de cobrar a las prostitutas, y ejecutar secuestros y homicidios en el área.

***

Gudiel también dio más detalles de la estructura y de cómo se repartían el dinero.

—¿Qué es un Homi brincado?, continuó el interrogatorio del fiscal.

—Es uno que solo da órdenes cuando lo brincan (cuando asciende en la estructura).

—¿Por qué solo da órdenes?

— Porque ya son homis brincados, porque ya hicieron lo que uno viene haciendo.

—Aparte de dar órdenes ¿realizan otro acto?

—Solo estar posteando, estar controlando las pegas

—¿Podría explicar qué es postear y qué es una pega?

—Una pega es cuando vamos a matar a alguien y estar posteando es estar viendo que no haya nadie que nos vaya a poner el dedo a la hora de hacerlo.

—¿Reciben un beneficio económico por la colaboración y cuánto reciben?

—Sí reciben beneficio y es de mil quetzales.

—En el caso de los ranfleros, ¿cuánto es?

—Es de Q2 mil.

—En el caso de los brincados, ¿cuánto es?

—Mil quetzales.

—En el caso de los chequeos, ¿cuánto es?

—Es de mil quetzales.

—En el caso de los paros, ¿cuánto es?

—Es de Q300.

“El Minimix” contó con naturalidad los detalles de su grupo. Pero cuando le cuestionaron sobre sus motivaciones y lo que esperaba a cambio de revelar esa información ante la jueza y la Fiscalía contra las Extorsiones, apenas dijo: “Estoy arrepentido” y “que se haga justicia”.

Sergio Gudiel confesó que asesinó a dos pilotos de la ruta 4 porque el ranflero de la clica Black Demon “se lo ordenó”. Una de sus víctimas fue el chofer Alberto René Gutiérrez Navarro, de 30 años, quien luego de los disparos dejó el bus a la deriva, hasta que se estrelló en el paredón de una escuela para niñas en la zona 6. Murió el 27 de mayo de 2014, rumbo al hospital. En el ataque participaron cuatro personas más: el conductor de la motocicleta en la que escapó, dos vigilantes y el ranflero que coordinó y observó a la distancia.

Ese asesinato fue una advertencia a todos los transportistas de esa ruta, porque habían subestimado las amenazas de este grupo al entregar el teléfono en donde recibían las llamadas extorsivas a la pandilla rival. Las extorsiones a los autobuseros van de Q20 mil a Q40 mil mensuales por ruta, según las denuncias que conoce el MP.

Gudiel también le puso rostro a los alias que citaba con espontaneidad, al identificarlos en los álbumes fotográficos de la Policía.

Cuando Gudiel testificó ante la jueza, integraba el programa de protección a testigos del MP. Lo habían aislado de su rutina y resguardado en una casa secreta. Pero se cansó del encierro voluntario y en medio del proceso judicial volvió a las calles. Lo mataron el 29 de marzo de 2017 dentro de un bus urbano que iba de la zona 18 hacia la zona 1. Las autoridades sospechan que su muerte fue ordenada por su propia pandilla, los Black Demon.

Simone Dalmasso

¿Qué pasa con el dinero de las extorsiones?

Las pandillas saben que la extorsión es su principal fuente de ingresos. Si la repartición del dinero se hacía, como dijo Gudiel, cada semana, se necesitaban hasta Q15 mil para pagar los servicios de la estructura: Q6 mil para los jefes, Q6,400 entre los demás subalternos y de Q1,300 hasta Q2,600 para los colaboradores que no son miembros de la clica. Esto es, cerca del 66% de lo que recaudaban cada semana solo entre las trabajadoras sexuales.

El dinero que captaban tenía múltiples fines. La compra de teléfonos, armas, municiones, el pago de abogados, entre muchos otros rubros.

El 21 de agosto de 2015, el MP interceptó una llamada telefónica en la que se nota la forma en que los subalternos rendían cuentas de los gastos a “El Extraño”, y recibían instrucciones de la distribución del dinero. En ese mismo teléfono, alias “Nico” explicó que contrataron los servicios de un abogado (sin citar nombre o detalles del caso) al que le pagaron Q3,500. También hablaron sobre los trámites de un vehículo en proceso de extinción de dominio. Hicieron cuentas que solo de estacionamiento se debían Q32,500.

Carlos López, un expandillero del Barrio 18 que logró salirse de la clica en 2004, luego de cinco años de participación, en entrevista con las reporteras explicó que hay algunas similitudes en cómo las dos pandillas se reparten el dinero. “Cuando reciben el dinero, los paros toman su parte y también descuentan el (precio del) taxi que lleva la plata al jefe. Se gasta en armas porque siempre se pierden cuando los agarran; también pagan deudas hacia alguien que los favorece, incluso hay personas que tienen que mantener refugiados (evadidos de prisión), darles alimentación, ropa, a veces alquileres de casa”.

Una parte del dinero producto de las extorsiones también sirve para satisfacer los placeres de los jefes de la clica. La informante que contribuyó en la investigación del caso, aseguró que “El Extraño”, preso en el Boquerón, paga por servicios sexuales, incluso por menores a las que pueda violar. “A él le gustan patojas de 13 y 14 años. Paga Q3 mil por una virga (virgen) y si ya no lo es, paga Q1,500. Cada miércoles se van varias mujeres de La Línea para darles servicio. Piden que uno les mande foto de todas. Y nada de si quieren o no, tienes que ir y punto”.

El Ministerio de Gobernación no conoce de casos de trata de personas o prostitución de menores de edad en prisión. “No (hay casos) como tal, pero se ha impedido que algunos privados tengan visita de menores para evitar abusos sexuales”, aseguró Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad.

En 2010, sin embargo, el entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal, conoció dos denuncias de trata de niñas en el sector 11 del Preventivo de la zona 18. Le informaron que entraban jovencitas bajo amenazas de muerte a sus familias, que incluso pasaron una semana encerradas con los pandilleros del Barrio 18. Menocal recuerda que restringieron la visita de menores, pero eso desató las amenazas de los pandilleros. El caso no se investigó porque el informante no se atrevió a denunciar.

Jesús Alfonso/Soy502

Cuando cae preso alguno de los integrantes de la clica, la pandilla les apoya con la manutención de las parejas y los hijos. “¿Usted cree que las mujeres y los hijos de los pandilleros pasan penas?”, cuestiona la informante, quien accedió a una conversación con las reporteras. Con una sonrisa en el rostro, casi burlona responde: “A ellos les pagan la leche y los pañales sin falta y hasta el colegio para los hijos”.

Los pandilleros se alarman cada vez que les restringen las visitas y el acceso a las encomiendas. Porque esa es la vía exclusiva para acceder al dinero, a la comida (porque no comen la que provee el Sistema Penitenciario), a los chips de teléfono y a los aparatos electrónicos. La informante supo que el dinero de la extorsión entra a El Boquerón, en donde están recluidos los pandilleros de la MS-13, “envuelto en bolsas plásticas dentro de las cajas de comida rápida”.

***

Si se sumaran las cuotas que todos los extorsionados han pagado a las diferentes clicas de la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18, desde 2008, cuando el fenómeno repuntó y eligió a los conductores de transporte urbano como sus víctimas predilectas, se podría creer que cada facción de estas pandillas se ha hecho millonaria.

Pero no hay nuevos ricos entre los pandilleros guatemaltecos. Al menos no entre la base operativa de cada clica. Eso se confirma cada vez que el MP arma un caso en contra de estos grupos, porque se topa con que el ejército de hombres y mujeres vinculados a estas bandas residen en las mismas zonas, calles y colonias de estratos bajos en donde viven o comercian la mayoría de víctimas a las que explotan y matan. Un fenómeno que el sociólogo Virgilio Álvarez denomina como “la extorsión a sus iguales”, porque le roban a los de su misma condición socioeconómica.

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Un ejemplo es Andy Santana García Vásquez, alias “El Andy”. Un pandillero de 25 años que vivió su infancia en la colonia Santa Faz, en la zona 6 de la capital. Se integró a la pandilla en ese lugar y ahora es el terror de esa comunidad. La sola mención de su nombre hace temblar a los vecinos, que lo vieron crecer y transformarse en criminal.

“Yo lo veía cuando de patojito se entraba a robar a las casas”, recuerda una vecina. “El Andy” pertenece a la clica Crazy Rich del Barrio 18. Lo último que se supo de él fue que se fugó en 2016 de la cárcel Fraijanes I y que lo recapturaron el 6 de abril de 2017 en una casa descuidada, de cuatro niveles, en la colonia Santa Marta, en Chinautla, a pocos kilómetros de Santa Faz. Su refugio tiene una historia controvertida: la casa aparece registrada como sede de la constructora Aguirre Hermanos, una empresa de cartón que según el MP usó el exalcalde de ese municipio, Arnoldo Medrano, para lavar dinero de la comuna.

En la vivienda, “El Andy” tenía una colección de tenis Adidas y gorras planas Nike. Zapatos de vestir, máquinas para ejercicios, anillos, cadenas, armas y municiones. Esas eran todas sus posesiones visibles.

 

En ninguna oficina del MP u otra institución, se han ocupado en analizar hacia dónde va el dinero.  La hipótesis de los fiscales es que el dinero se “esfuma” al nada más entrar en la pandilla. Se diluye en los gastos internos de la agrupación. Desde abogados hasta armamento. Para manutención de sus integrantes en prisión y de su séquito en las calles. Por esa razón, no hay pandilleros acusados de lavado de dinero. Ni hay víctimas que hayan podido recuperar los miles de quetzales que entregaron en contra de su voluntad.

Inversiones legales con dinero ilegal

El MP sospecha que algunos pandilleros de la MS han migrado del crimen a la legalidad, al establecer negocios como ventas de vehículos usados, mototaxis o pequeños comercios. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna empresa que haya sido perseguida por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero. Del Barrio 18 solo se sabe que despilfarra todo lo que llega a sus manos.

Solo en dos ocasiones se le ha arrebatado el patrimonio a los pandilleros de la MS. Ambas ocurrieron en 2015.

La primera fue producto de una requisa realizada en El Boquerón. La Policía y los fiscales encontraron Q70,710 en fajos de billetes de diferentes denominaciones, escondidos en un compartimiento en el techo de un sector de los pandilleros y otro debajo de una pila en el área de los paisas (los que no pertenecen a una pandilla). Casi todo el dinero estaba en el área de los MS-13.

Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio que conoció el caso, recuerda: “Mandé a notificarles a los reos para ver quién reclamaba el dinero”. La ley lo obliga a esperar un lapso para que alguien reclame la propiedad de los bienes. Por supuesto que nadie acudió a dar explicaciones de cómo llegó ese dinero a prisión y por qué lo tenían escondido. El juez, entonces, resolvió trasladar todo a la propiedad del Estado.

El segundo caso fue el de una casa valorada en US$32,659 que pertenecía al ranflero de la clica Harvar Locos Salvatruchas, Allan Brus Andrino Valle, alias “El Finter” y a su esposa Leslin Marcela Chávez Díaz. La vivienda se ubica en el Residencial La Cúpula, en Jocotenango, Sacatepéquez, y fue pagada con un enganche de US$2 mil y 17 cuotas de US$1,597. A “El Finter” lo capturaron en esa vivienda acusado de delitos de extorsión, asesinato y asociación ilícita. Su esposa no pudo demostrar la legalidad del dinero con el que pagó la casa en donde vivía y la perdió. Ahora le pertenece al Estado.

El flujo de dinero es vital para la sobrevivencia de una clica. Por eso la jefa de la fiscalía contra las Extorsiones, Emma Flores, resalta que les han pedido a las víctimas que denuncien a sus agresores. “Sin dinero no pueden corromper autoridades ni comprar armas. El dinero es lo que los hace más fuertes”, dice.

Un ejecutivo de una empresa repartidora de productos de abarrotería en todo el país, que pidió no ser identificado, cuenta que “el pandillero ha diseñado un modelo territorial para que todo lo que exista dentro de un área pague una renta”. Denunciar no es suficiente; pagar, en cambio, es una obligación. “Sentimos que estamos en jaque mate, sin poder hacer algo para revertir la extorsión”, dice este ejecutivo, decepcionado.

Se escuchan voces de empresarios que reconocen que les imponen una cuota hasta en zonas en donde no hay pandillas. Y tienen que pagar con tal de vender. Las empresas saben que los monitorean, que les llevan la cuenta de la frecuencia con la que llegan a dejar productos. La más reciente fue la de Teléfonica, que incluso cerró todas sus oficinas en la ciudad, después de que asesinaran a cuatro de sus empleados.

La extorsión no es exclusiva de las maras. Grupos no afiliados a ninguna pandilla también se dedican a este crimen. Suelen llamarles los “imitadores” porque se aprovechan de los actos de las pandillas para difundir el terror y obtener ganancias económicas.  Como ya se ha visto, el modelo extorsivo es rentable. Tanto, que ha inspirado a otros criminales a copiar el método de llamar, amenazar y captar dinero. Es el caso de Rigoberto Antonio Morales, alias Rigorrico. Un hombre que en la década de los 90 se dedicó a sembrar terror en el país por medio de su grupo de secuestradores Agosto Negro. Condenado y recluido en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango, este famoso criminal pasó los últimos años dedicado a extorsionar por teléfono a personas que elegía al azar en Guatemala, El Salvador y Honduras. Actualmente enfrenta un nuevo proceso penal, junto a otras 15 personas que participaron en su estructura delictiva.

Las penurias de La Línea

Mientras “El Extraño” exigía el dinero de la extorsión a las trabajadoras sexuales de La Línea, a ellas no les quedaba más que pagar y tratar de atraer más clientes. En ese lugar de trabajo, todas tienen una historia para contar. Algunas son víctimas de violencia, de trata, o son migrantes centroamericanas. Unas tienen hijos y esposo; otras han logrado ponerle un negocio a la mamá o pagan los estudios de los hijos. Cada vez que ofrecen sus servicios piensan en cómo cubrir todas sus necesidades. El cliente les regatea la tarifa y ellas se aferran a cobrar Q40 o Q50 por unos minutos de sexo.

En 2015, la informante de la Fiscalía se atrevió a hablar. El asesinato de una amiga, que trabajaba en La Línea y la certeza de que era la pandilla la que había ordenado su muerte, le hicieron vencer el temor. En un trozo de papel escribió: “Tenemos miedo” y anotó un número telefónico sin colocar un nombre. El papel lo recibió una mujer policía y de ahí ese pequeño llamado de auxilio hizo un recorrido por varias manos hasta la oficina contra Extorsiones de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

“Al principio no tenía confianza, ni en los policías ni en los fiscales”, recuerda. Pero necesitaba hablar y lo contó todo. Explicó que una pareja de esposos apodados “El Flaco” y “La Canche”, además de extorsionarlas las obligaban a pagar una doble cuota porque les entregaban paquetes de 20 galletas para que las vendieran, y muchas veces ya iban vencidas. Ese era el negocio individual de “La Canche”, al que no podían negarse nadie, porque “con ‘La Canche’ no se jugaba, si amenazaba con matarte no era en vano”. La pareja está en prisión y enfrenta juicio.

MP

No hay un dato exacto de cuántas mujeres murieron a manos de la clica. Algunas aparecían degolladas o con disparos en sus cuartos, otras eran atacadas en la calle, lejos de La Línea. Solo las víctimas y sus compañeras sabían de dónde venía el ataque. Hasta ahora, nadie les ha hecho justicia.

Con el método de interceptaciones telefónicas, el MP identificó que “El Payaso” movía a los jóvenes sicarios. “Vamos a reventar una piñata”, era la clave para matar. Con las alertas que daba la informante, los investigadores policiales evitaron, dicen, al menos 30 muertes.

En la PNC hay 42 investigadores dedicados a extorsiones, y lo hacen en medio de carencias y riesgos. Para monitorear los movimientos de la clica SLS, los policías no podían usar chalecos antibalas porque los únicos que tienen están rotulados con el símbolo de la PNC. Tampoco disponen de muchos vehículos para hacer las vigilancias. En la investigación contra los SLS usaron sus propios teléfonos para documentar el momento en que los colaboradores pasaban a los cuartos a cobrar las cuotas.

Santos Damicela Portillo, una de las colaboradoras de la SLS detenida, le dijo al juez que ella recibía Q25 en cada cuarto porque vendía almuerzos. Los fiscales refutan su versión porque en ese sector el precio de una comida no pasa de Q15. Los investigadores sostienen que Portillo fue una de las recaudadoras.

“Ellos (los colaboradores) son ayudantes sin un puesto dentro de la estructura, porque no han hecho los méritos suficientes para pertenecer al grupo o tampoco lo han pedido; sin embargo, para la ley sí lo son”, refiere Juan Amílcar Ozorio, jefe de Litigio de la Fiscalía contra Extorsiones del MP. Por esa razón esta mujer fue detenida y sindicada, junto a 22 más por asociación ilícita, extorsión y conspiración para cometer asesinato.

La pandilla se regenera

En mayo de 2016, la fiscalía contra las Extorsiones inició con un nuevo modelo de persecución. Dejó de enfocarse en pequeños grupos, para vincular a cientos de personas en una sola estructura. Con nombres como Rescate del Sur o No más extorsión, en seis redadas masivas, hasta julio de 2017, fueron detenidos poco más de medio millar de personas. Sindicados de pertenecer a las pandillas MS-13 y Barrio 18 y de haber cobrado Q38.7 millones. Una cifra que refleja la proporción de las exacciones, que se estableció a partir de las denuncias de las víctimas.

También varios adolescentes, porque las clicas saben que cuando se es menor de edad la pena por asesinato no puede ser mayor a seis años de detención en un correccional. A un adulto le pueden imponer una sentencia de hasta 50 años.

María del Carmen Baldizón, coordinadora de la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), recuerda que en 1997, cuando empezó a laborar en esa oficina, a los jóvenes se les detenía por casos leves. “Robos de gallinas, pan, lentes”. Con el tiempo los delitos se han agravado y la cantidad de jóvenes detenidos va en aumento: “Portación ilegal de arma, homicidio, extorsión y violación”, refiere Baldizón.

Una de las cualidades de la pandilla es su capacidad para regenerarse. Como los invertebrados, cada vez que el MP y la Policía captura a algunos integrantes, ellos se recomponen atrayendo a nuevos adeptos, en la mayoría de los casos como lo hicieron con Sergio Gudiel, “El Minimix”, ofreciéndoles “drogas, mujeres, dinero”.

Baldizón relata que en las entrevistas que ella y su personal han realizado a jóvenes detenidos, les han confesado que su relación con la clica empezó por un celular. Un objeto de moda que en medio de su condición de pobreza no podían comprar.

López, el expandillero del Barrio 18 que logró rehacer su vida y ahora trabaja en una dependencia del Estado, cuenta que “hoy en día le dan un salario de Q 1,500 mensuales a los patojos”. Una cantidad irresistible para miles de jóvenes sin acceso a oportunidades. Bajo la única condición de dejar los estudios y la casa y trasladarse a vivir con ellos. Así fue como se lo pidieron a Sergio.

Como explica el sociólogo Álvarez: “los pandilleros tienen, en su mayoría, antecedentes de pobreza y falta de oportunidades”. Por eso, “cuando hay hambre es más fácil conseguir a nuevos reclutas”.

Mientras el MP trata de ganar el juicio en contra de la clica SLS, en La Línea una mala noticia preocupa a las mujeres que ahí trabajan: la tarifa de la extorsión aumentó a Q200 semanales.

Este reportaje fue elaborado durante el Segundo Ciclo de Actualización para Periodistas de Guatemala www.ciclodeactualizacion.com

En ocasiones se recolectaba la cuota de hasta 165 mujeres, lo que les significaba más de Q28 mil semanales, Q100 mil al mes y Q1.3 millones al año
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