La semana terminó mal. El Tribunal Supremo Electoral registró a Zury Ríos como candidata a la presidencia mientras denegó la inscripción a Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
Ambas decisiones ilustran el problema. Por cuarta vez Ríos —hija y colaboradora del exdictador Ríos Montt— intenta competir. Desde el inicio su tropiezo ha sido el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe acceder a la presidencia a parientes de quien haya sido presidente por «un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar». Ríos es una candidata cuestionable por sus propios actos, pero el requisito es injusto, pues la castiga por la conducta de su padre. Pero no es ambiguo y es constitucional. Sin embargo, quedó inscrita.
En el caso de Cabrera, la exclusión se justificó diciendo que Jordán Rodas, su candidato vicepresidencial y exprocurador de los derechos humanos, contaba con reparos de contraloría por su gestión reciente. Aunque presentó un finiquito válido, el TSE atendió una oficiosa denuncia planteada tarde por el sucesor de Rodas.
Visto el rosario de perpetuos y cuestionables candidatos ya inscritos, Cabrera era una amenaza al establishment político. Con solo el voto rural, en 2019 obtuvo el 4to lugar en primera vuelta.
Algunos se entretienen interpretando la Constitución, en el primer caso, y en procedimientos administrativos, en el segundo. Pero ley, abogacía y verdad no caminan juntas en Guatemala. La composición del listado de candidatos es exclusivamente política. El combinado mafioso de Ministerio Público, directiva del Congreso, Ejecutivo y cortes perfeccionó el uso de la ley para justificar post hoc las decisiones políticas. Primero definen el resultado, luego identifican el argumento jurídico que mejor funciona. Como en el seudoproceso contra Iván Velásquez, no necesita ser perfecto, ni siquiera veraz o sustentable. Basta que sea verosímil y estorbe.
Igual con Ríos y Cabrera. El primer caso es más grave, por estructural. Once años yendo y viniendo entre TSE y Corte de Constitucionalidad confirman una aberrante doctrina de interpretación jurídica: la Constitución significa lo que conviene al poder. En el caso de Cabrera (estrictamente, de Rodas) la ley se usa como arma arrojadiza: se aprovecha lo que quede a mano para conseguir el resultado deseado.
Esto tiene tres implicaciones. Primero, que el asunto no tiene solución jurídica. Segundo, que es ingenuo apelar al supuesto interés de las élites. No tienen razón para cambiar lo que sigue sirviéndoles sin demasiados inconvenientes.
Y tercero —aquí la clave—, que cualquier cambio solo vendrá de la respuesta de sus contrincantes: oposición política, ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y, quizá, comunidad internacional. Centrarse en recursos jurídicos es aceptar el juego de los poderosos cuando abusan de la ley.
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La acción prioritaria es principalmente política: se debe reunir y ejercer poder como contrapeso a la corrupción. En el contexto electoral lo ilustra la municipalidad de Guatemala. Afirma un concejal opositor que, en 2019, 65 % de la población estaba en contra de la reelección del partido Unionista. Sin embargo, este ganó por la dispersión del voto descontento. Lo urgente es la unidad entre inconformes contra el enemigo común. Todo lo demás solo vendrá después de ganar.
Igual con el Ejecutivo nacional. Líderes, partidos y ciudadanía debemos entender que la única entrada al cambio es obtener un resultado común: la expulsión del poder corrupto. Conseguirlo exige tres elementos.
El primero es una alianza informal en torno al objetivo de expulsión de los corruptos. Algo aprendamos de su mafia, que tampoco pone todos los huevos en la misma canasta, pero insiste en asegurar que todos sean huevos. Por eso excluye a Cabrera, solo admite a Zury cuando promete portarse bien e inscribe a cualquier candidato controlable. Hay que apostar a varias opciones y, a medida que son bloqueadas o pierden fuerza, trasladar el apoyo explícitamente a los que van quedando. Indispensable táctica, muy difícil para tanto cacique ególatra.
Lo segundo es distinguir quiénes son opción y quiénes no. El absurdo ilustra: Roberto Arzú no es alternativa de Thelma Cabrera. Y ningún aliado de Pérez Molina, Jimmy Morales o Giammattei será nunca opción. Haga su tarea y no vote por criminales, cómplices y candidatos obedientes. Esta lista facilita identificar los impresentables.
Lo tercero es entender que la oposición (yo agregaría, de izquierda) —como Winaq, Semilla, VOS o MLP— no tiene el lujo de las rencillas internas o mutuas. Aunque distintos en sus programas implícitos (apenas alcanzan a publicarlos, pero eso queda para otra crítica), hoy deben ser aliados informales contra un enemigo común, con un propósito único y un discurso compartido.
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