Desde hace varios años se ha usado el concepto «anomia» para calificar la forma en que las instituciones del Estado operan, basándose en un tipo de legalidad que permite interpretaciones casuísticas y amañadas que se amoldan perfectamente a los intereses y objetivos de los actores que instrumentalizan el marco legal e institucional para sus propios beneficios, de forma que, estrictamente hablando, no opera el Estado de derecho, sino el Estado anómico. Desde esa perspectiva, el concepto de anomia aporta a la discusión política la idea de que pese a que todo está normado para operar con ciertos estándares mínimos, en realidad la norma no tiene una función que regula, sino solamente legitima los objetivos previamente trazados por quien controla el aparato institucional o quien tiene el poder de interpretar las normas. Cuando la anomia prevalece en el entorno institucional, la aplicación de leyes se vuelve caótica, ya que la ley se usa justamente para violentar el ordenamiento legal.
En Guatemala, la evidencia de que padecemos un entorno anómico se ha ido acumulando con el paso del tiempo, al punto que ahora la acción de las instituciones parece ser abiertamente contradictoria. El último de los casos donde se demuestra esta característica anómica es la exclusión de candidatos en el actual proceso electoral, en particular, analizando el caso del partido Prosperidad Ciudadana y su candidato, Carlos Pineda. La primera anomalía institucional fue entender cómo se revivió legalmente un partido que estaba a punto de ser cancelado: ahora se sabe que una serie de irregularidades y vicios legales fueron permitidas para favorecer el objetivo que la estructura del partido sirviera como un vehículo electoral para algún personaje político prometedor, tal como lo fue Carlos Pineda. La candidatura de este personaje demostró fehacientemente otra característica ya sabida del sistema electoral: la ausencia de partidos políticos reales.
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La segunda anomalía fue el crecimiento inesperado de un personaje que había trabajado de forma silenciosa su campaña basándose en su popularidad en TikTok, la red social más importante de las actuales elecciones. El comportamiento autoritario, prepotente y populista de Pineda se convirtió de la noche a la mañana en una amenaza para quienes defienden los privilegios del sistema, por lo que así como se le permitió participar de forma anómala, de esa misma forma fue descalificado de forma arbitraria, ahora sí, basándose en las irregularidades que antes se habían permitido. La ventaja de esta forma de actuar de las autoridades en los últimos tiempos es que han hecho muy evidente lo que hemos señalado durante más de 20 años en Guatemala: que vivimos en una sociedad anómica que utiliza la ley y las instituciones para violentar el Estado de derecho, con lo que se pierde toda certeza jurídica y toda capacidad de establecer un horizonte social y político más equitativo.
Las consecuencias de este entorno cambiante, volátil e injusto están a la vista: una sociedad polarizada y altamente fragmentada; un Estado que es incapaz de resolver muchos problemas, ya que estrictamente hablando, el Estado está diseñado para fallar de forma discrecional, por lo que se acumulan los problemas sociales y políticos sin que exista realmente una intención de resolverlos. La premisa aquí es que en río revuelto, la ganancia es de los pescadores, por lo que el sistema ha empoderado justamente a toda una variedad de actores que obtienen ganancias ilícitas de ese entorno anómico, produciendo la inercia legal e institucional que conocemos: un caos muy bien regulado que favorece la acción contradictoria y errática del sistema. Discutir en serio esta característica fundamental del sistema político e institucional guatemalteco es el primer paso para transformar Guatemala.
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