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Juicio Molina Theissen: testigos refuerzan la acusación contra los militares
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Juicio Molina Theissen: testigos refuerzan la acusación contra los militares

“Yo lo liberé y mire cómo me paga” dijo Benedicto Lucas sobre uno de los testigos.
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La mujer que cuidó de Emma Guadalupe Molina Theissen después de su fuga; otra mujer que busca a niños desaparecidos durante el conflicto armado y dos hombres: uno que vivió la experiencia de la detención ilegal y otro que fungió como especialista de inteligencia y conoció de las torturas cometidas por el Ejército, declararon ante el Tribunal que juzga los crímenes en contra de los hermanos Molina Theissen.

La protectora de Emma Guadalupe

Identificados únicamente por letras en lugar de sus nombres, los testigos B, C, D y E, se presentaron a través de videoconferencia ante el Tribunal C de Mayor Riesgo, el pasado 19 de marzo. Asistidos por una jueza que los acompañaba, juraron con la mano derecha levantada, que dirían la verdad. En el proceso penal, las personas que comparecen para rendir testimonio solo pueden responder a las preguntas que les realicen los fiscales, querellantes y la defensa de los acusados.

La primera mujer cubrió su identidad con una gorra blanca. Dijo que conoció a Emma Guadalupe Molina Theissen porque una persona que no identificó le pidió que la resguardara. De acuerdo con la acusación en contra de cinco militares retirados, Emma Molina se escapó, el 5 de octubre de 1981, luego de nueve días de detención y de sufrir vejámenes en la base militar de Quetzaltenango. Su hermano de 14 años, fue secuestrado en la capital en venganza por la fuga de su hermana.

De acuerdo con su relato, la joven que recibió estaba emocionalmente afectada. No hablaba, caminaba con dificultad, no comía y aunque le ofreció una cama y un sanitario, al principio no los utilizaba. Se acostaba en el suelo, con la mirada perdida. Para ayudarla, contactó a un psiquiatra que la medicó. La mujer tuvo a Emma bajo su cuidado durante 17 días.

¿Por qué la escogieron a usted para que la resguardara?, le preguntó uno de los abogados de la defensa. La testigo respondió: “No sé, supongo que por tener una casa cómoda, tenía la disposición de ayudar”.

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De acuerdo con su relato, solo dos personas iban a visitar a Emma Guadalupe: la persona que le pidió cuidarla y el psiquiatra, de quien no reveló el nombre.

Uno de los defensores pidió que el Tribunal no permitiera que el nombre del profesional quedara reservado. El argumento era que ya había fallecido y no corría riesgo su vida y que sus datos aparecen citados en un documento que se analizará más adelante. El presidente del Tribunal, Pablo Xitumul, explicó que la testigo estaba en su derecho de no responder.

“No lo voy a decir, él dejó familia que pueden estar en riesgo si yo menciono su nombre. Sé de las represalias en contra de los militantes de las organizaciones revolucionarias” replicó ella. En el cuestionario que le hicieron también se le pidió responder si había trabajado para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que acompañó el caso de los Molina Theissen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta fue negativa.

Simone Dalmasso

Dos testimonios referenciales

Los testigos C y D se presentaron ante el Tribunal para contar sus experiencias. La primera, una mujer criminóloga que tuvo que exiliarse del país junto a su familia luego de la desaparición de su padre, una hermana y un hermano. Contó que lleva 37 años en la búsqueda de su sobrino. Su hermana tenía siete meses de embarazo cuando fue detenida y la familia supone que el niño o niña nació en el cautiverio y que fue dado en adopción.

La testigo aseguró que los niños eran un botín de guerra, y que muchos fueron usados como un negocio en los procesos de adopción de los años 80. Aunque ha solicitado los informes de esas adopciones aprobadas en aquellos años, no ha tenido acceso a la información. Ante la falta de apoyo local, la única esperanza que tiene es que el Estado cumpla con lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta indica, entre otras cosas, que se debe crear una base de datos de ADN para que las familias puedan buscarse y reencontrarse.

De momento, son organizaciones externas como la Fundación de Antropología Forense y la Liga de Higiene Mental, las que trabajan en la recolección de muestras de ADN y en la localización y reunificación de familias.

El testigo D contó que vivió una experiencia similar a la de Emma Guadalupe el mismo año que ella fue capturada. Fue detenido en Quetzaltenango por la policía judicial, lo llevaron a la sede militar y ahí lo torturaron. A partir de las amenazas y agresiones físicas que sufrió, aceptó grabar un video y dar una conferencia en favor del Ejército. Fue trasladado a las sedes militares de Huehuetenango y de Chimaltenango, en donde, aseguró, habló con Benedicto Lucas. “Sus palabras fueron de beneplácito y complacencia por lo que yo estaba haciendo en favor del Ejército. Yo, por respeto, no dije nada, solo agradecerle sus palabras. Ahí vi muchísimos niños y mujeres concentradas en ese lugar, de fuerza de tarea”, dijo.

El fiscal Erick de León solicitó que la cámara de video enfocara a los acusados, para que pudiera identificar a Benedicto. El militar se puso de pie voluntariamente ante la cámara, pero surgieron problemas técnicos que impidieron que el testigo tuviera una buena visión de la celda en donde Lucas se encontraba. Al finalizar la audiencia, Lucas hizo un comentario sobre ese testigo: “Yo lo liberé y mire cómo me paga” se le escuchó decir a una persona que lo saludó. Ninguno de los abogados defensores hicieron preguntas a los testigos C y D.

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El cabo y Benedicto Lucas

El otro testimonio fue de un hombre que aseguró haber formado parte de la G2, el grupo de inteligencia militar con el que tuvieron relación todos los acusados y de un escuadrón de la muerte.

Su relato fue breve pero provocó el asombro de los asistentes a la audiencia. Aseguró que alcanzó el grado de cabo y que los acusados fueron sus “mandos” superiores.

El fiscal De León y el abogado Alejandro Rodríguez lo interrogaron. Estas son algunas de las preguntas que hizo el fiscal

Fiscal: ¿En el curso que le impartieron les explicaron cómo se tortura a una persona?

Testigo E: Sí la verdad nos explicaron para sacarle la información a una persona, hay distintas formas como se puede hacer. Como meter en un barril de agua, o bien sea encapuchando con una bolsa con gamezan o formidol, y otro aplicarle un torniquete en el pescuezo con un pedazo de garrote o un pedazo de palo.

Fiscal: ¿En el caso de las mujeres, les enseñaron algo en ese curso para poder ser especialista de inteligencia militar?

Testigo: Sí la verdad en el caso de mujeres pues nos explicaron cómo se trata a las mujeres, pero la verdad ya estando dentro no se cumple con los reglamentos.

Fiscal: ¿Qué es lo que les hacían a las mujeres ya estando adentro de una base militar?

Testigo: Pues la verdad, primero le sacamos la información bien sea que decían la verdad o no decían la verdad. Pero los especialistas que son antiguos o que son de alto grado las violaban y después las fusilaban.

El testigo señaló que también cortaban orejas, un dedo o las uñas de los pies, “con tal que soltaran la sopa”. Acciones que se aplicaban también a población civil. Según relató, el grupo en el que participó mató a 750 personas. También dijo que fue testigo de una ocasión en la que Benedicto Lucas llegó en helicóptero a Canillá, Quiché, después que unos oficiales habían ejecutado a un grupo de personas.

Contó otras experiencias vividas durante su servicio militar, que concluyó en 1983. Dijo que al más sanguinario de su grupo se le apodaba “pajuil”, que estuvo presente en áreas de tortura y ejecución. Y que durante su servicio militar estuvo en áreas en donde la población civil fue atacada.

El martes 20 de marzo se tenía previsto continuar con la intervención de otro testigo y dos peritos, sin embargo, la ausencia de los acusados frustró la audiencia. El Sistema Penitenciario decidió que este día no fuera trasladado ningún reo a Tribunales, como una “medida de prevención”, ante amenazas. La institución no dio más detalles. La próxima audiencia se realizará el lunes 26 de marzo.

Todavía no hay fecha para la sentencia, en la que los jueces resolverán si  los militares Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona, Hugo Ramiro Zaldaña, Manuel Callejas y Callejas y Benedicto Lucas tuvieron responsabilidad en la detención ilegal y violación a Emma Guadalupe Molina y en la desaparición de su hermano Marco Antonio, ocurrida en 1981.  

 

 

 

 

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