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El oro tan cerca de la Capital
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El oro tan cerca de la Capital

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El Ministerio de Energía y Minas daba permiso a la empresa canadiense Radius Explorations Ltd. y la sudafricana Gold Field Inc. para evaluar el subsuelo de un área de 107 mil 072 hectáreas. El Centro Histórico de Guatemala, con sus 300 manzanas de extensión, ocupa 210 hectáreas. Es decir, el Centro Histórico cabría unas 510 veces con facilidad en la superficie designada para El Tambor. 107 mil hectáreas equivalen a más de 1,200 kilómetros cuadrados. Guatemala tiene 108 mil kilómetros cuadrados.
Esta noche que Plaza Pública pasó en la Resistencia, las frases vertebrales que se escuchan en cada entrevista y en cada comentario, las que van y las que vienen, son “atentados, antimotines, retenciones, accidentes vehiculares, helicópteros, licencias, consultas, las reuniones con el consejo municipal, los balazos”.
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Durante más de 10 años nadie sospechó nada. Ni uno solo de los vecinos en la frontera entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, al norte del departamento de Guatemala, imaginó que allí cerca, tan cerca de la Capital –10 kilómetros del límite de la ciudad nada más– había, como dicen ahora ellos, un gigante, un monstruo dormido que quiere revolver la tierra, que tragará y triturará piedras y que intentará buscar oro. Hoy apenas se está despertando, comentan, y por eso se mantienen también ellos despiertos, atentos, en resistencia.

Fue a finales de febrero cuando la tierra comenzó a temblar. Un pequeño desfile de máquinas excavadoras de varias toneladas de peso y algunos camiones anunciaba y hacía evidente que el trabajo de extracción se daría por iniciado. A su paso, en un camino rural donde por lo regular apenas suceden novedades, los alrededores se estremecían. Los vecinos de comunidades como El Carrizal, La Laguna, San Antonio el Ángel, El Dulce, Guapinol, El Sastre, Los Achiotes y La Choleña, unas de San José del Golfo, otras de San Pedro Ayampuc, entraban en un estado de alerta. Había movimiento. Algo empezaba a suceder.

Aquí, hacía menos de un año que los vecinos de estas localidades se toparon con una verdad incómoda: no era café ni frijol ni maíz lo que sembrarían, como habían dicho, jurado y prometido sus nuevos vecinos al comprar la tierra varios años atrás. Se enteraron, de repente, de que era una minera. Un proyecto de extracción. Que desde 1999 tenía licencias que le permitían reconocer el área. Explorarla. Y que no era un proyecto pequeño. Para nada pequeño.

Eso fue en junio de 2010. Se enteraron por un artículo del diario El Sol de San Pedro Ayampuc.

Más de una década había pasado en la que nadie de la frontera entre estos dos municipios supo nada del proyecto El Tambor. Tampoco de sus 12 licencias de exploración. Y mucho menos de que a principios de siglo el Ministerio de Energía y Minas daba permiso a la empresa canadiense Radius Explorations Ltd. y la sudafricana Gold Field Inc. para evaluar el subsuelo de un área geológica de 107 mil 072 hectáreas. Para hacerse una idea, el Centro Histórico de Guatemala, con sus 300 manzanas de extensión, ocupa 210 hectáreas. Es decir, el Centro Histórico cabría unas 510 veces con facilidad en la superficie designada para El Tambor. 107 mil hectáreas equivalen a más de 1,000 kilómetros cuadrados. Guatemala tiene 108 mil kilómetros cuadrados.

A veces, a lo largo de una década, como dice Patricio Montenegro, agricultor de El Carrizal, veían gente extraña que sacaba pequeños costales de tierra y algunas piedras, las montaban en un picop y desaparecían. Otras, en palabras de Jorge López, ganadero de San José del Golfo, encontraban pequeños bolardos de cemento con números fosforescentes en medio de los terrenos, en medio de las quebradas de agua y donde no había nada más que cerros muy pequeños y sembradíos. “Era raro”, dice, “pero creíamos que no pasaba mayor cosa”. Y otras veces, en años más recientes, aparecieron los compradores. Si los agricultores decían Q2 millones por un terreno, los representantes de Radius y Gold Field sin mencionar a esas empresas ofrecían más, mucho más: Q7millones o Q5 millones por encima del precio inicial. Y compraban.

Así, discretamente, en silencio, moviéndose por debajo de la tierra, los vecinos dicen que fue tomando forma el proyecto El Tambor. “Un gigante que duerme y empieza a despertar”, como comentan, y que ocupa, a tan solo 45 minutos de la capital, un espacio de exploración equivalente al 1 por ciento del territorio nacional.

Tras los cinco años previstos de operación, y según una estimación de recursos realizada en 2004 por Chlumsky, Armbrust y Meyer (CAM) de Colorado, El Tambor contiene “recursos inferidos de 216 mil 200 onzas de oro y recursos indicados de 57 mil 800 onzas de oro”. CAM, sin embargo, analiza que todo eso se podría “duplicar o triplicar o incluso más” mediante un concentrado programa de perforación.

–Nos sentimos embaucados, engañados. Nunca dijeron nada de nada. Y el monstruo está empezando a mover una de sus garras– dice Álvaro Sandoval, de la comunidad La Choleña.

La garra que menciona no es más que una de las licencias de extracción que está gestionando Radius. Se encuentra en una finca que desde siempre en este lugar se ha conocido como La Puya (0.15 hectáreas). Y en una estrategia de “compartir riesgos”, Radius y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), tiene registrada esta propiedad como Progreso VII Derivado.

En 2004, Gold Field, como socio, dejó de interesarse por el proyecto. ¿La causa? El vicepresidente de desarrollo corporativo de Radius Exploration, Ralph Rushton, lo dijo en una entrevista: “varias empresas que analizaron el proyecto identificaron problemas estructurales o geológicos, lo que significa que la propiedad necesitaría bastante perforación adicional”.

Y en otra entrevista, Rushton mencionó que buscaba un nuevo socio. “Básicamente estamos buscando alguien que explore agresivamente la propiedad, someta a pruebas el resto de la anomalía de suelo ahí y mejore la calidad del recurso”, sostuvo. El socio nunca llegó, y Radius a través de Exmingua continuó el proyecto, en solitario.

La Puya y Progreso VII Derivado es lo mismo solo que con nombre distinto en papeles y en la oralidad. Es la entrada de todo el proyecto. La puerta para todo El Tambor.

Y es el lugar donde los vecinos han instalado lo que han llamado La Resistencia.

La Resistencia

La Resistencia parece más bien tener pinta de un improvisado campamento. Hay toldos de nailon para guarecerse de la lluvia, hamacas para descansar, una bodega de lámina para resguardar alimento, bancas, una letrina, una pila, unos blocks para concentrar fuego y cocinar, todo depuesto en los bordes del camino. Justo en frente del portón de Progreso VII Derivado.

Nadie, ningún empleado de la mina, puede entrar o salir por acá. Los guardias a veces se asoman en el borde de una ladera, pero son prudentes y no bajan hasta la carretera. Así han transcurrido 115 días en este lugar.

–De eso se trata la resistencia. De que no puedan entrar las máquinas. De que tengamos tiempo para que se consulte a las comunidades sobre si queremos o no a la mina y que no se otorgue la licencia de extracción– explica Carmelo Pérez Díaz. Él es agricultor del Guapinol y hasta hace muy poco supo que su comunidad está exactamente en medio del proyecto El Tambor.

–Por eso estoy en la resistencia –dice. –Porque lo que exploran está debajo de nuestras casas. Y nunca nos avisaron. Ni el alcalde ni nadie.

Junto a su pareja, y Vinicio, su primo, Carmelo hoy cumple el turno de 24 horas en la resistencia. Son once turnos los que se reparten en total, y por cada turno unas 25 personas, entre mujeres, ancianos, niños y adultos, se mantienen despiertas y atentas a lo que sucede en los alrededores de la mina Progreso VII Derivada, la entrada de todo el lugar de 107 mil 072 hectáreas, de 1,200 kilómetros cuadrados.

“La resistencia es pacífica”, dice la compañera de Carmelo. Ambos recalcan que no quieren que nada malo suceda, pero son conscientes que las cosas pueden suceder y, organizados, saben que en las comunidades han empezado a tomar medidas de seguridad. “Sobre todo por lo que ha estado aconteciendo” agregan y se quedan pensando. La pareja mira la entrada de la mina y guarda silencio, en la oscuridad. “Lo que ha estado pasando…”, repite Carmelo.

Esta noche que Plaza Pública pasó en la Resistencia, una vez encendida la pequeña planta eléctrica que donaron familiares en Estados Unidos, el tema de conversación en la resistencia, en La Puya, “a la par del monstruo que duerme soñando con oro”, tratará de eso precisamente. De analizar lo que ha estado pasando. Las frases vertebrales que se escuchan en cada entrevista y en cada comentario, las que van y las que vienen, son “atentados, antimotines, retenciones, accidentes vehiculares,  helicópteros, licencias, consultas, las reuniones con el consejo municipal, los balazos”.

Si se pregunta:

–¿Cómo decidieron hacer este tipo de resistencia?

–Todo empezó con un frenón de llantas –dice, sonriente, desde su hamaca, Patricio Montenegro.

Y cada uno de los entrevistados da una versión parecida de un mismo hecho: el 1 de marzo de 2012, Estela Reyes, de El Carrizal, en un acto similar al rebelde desconocido de la Plaza Tiananmen, se plantó sola frente a una excavadora de varias toneladas. La frenó frente a la entrada de la mina. El armatoste no pudo avanzar hasta que llegaron unos vecinos para convencer a Estela que se quitara. “Así empezó la resistencia, así fue además que el conductor explicó la construcción de la mina, que había también un túnel. Estaban preparándose para excavar”, dice Jorge López.

Desde entonces, desde el 2 de marzo han custodiado el lugar. La organización y logística corre a cargo del Frente Nacional del Área Metropolitana (FRENAM), así se identifican, y así, con ese nombre, caminaron nueve días en la marcha indígena campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral el pasado 28 de marzo. Ni una sola máquina ha logrado pasar, comentan los comunitarios, y de eso se sienten satisfechos.

Una sola vez lo intentaron, dicen varios de ellos sentados cerca del fuego que calienta el café. Era la 1 de la madrugada del 8 de mayo y habían muy pocos comunitarios custodiando el lugar, en La Puya. Unos hablan de 52 radiopatrullas y una docena de maquinaria pesada entre excavadoras y camiones esa noche. Dicen que en la oscuridad aparecieron cerca de 300 antimotines, avanzando. Detrás de ellos las máquinas. “Fue cuestión de segundos para que todas las comunidades bajaran a este lugar. Éramos cientos. La única condición: no hacer nada, sólo estar acá, en resistencia”, recuerda Montenegro. La policía se retiró un par de horas más tarde y no hubo daños en ninguno de los dos bandos. Es un episodio que, entre risas, entretiene al grupo, recuerdan a los policías tan asustados como ellos y vuelven a eso cuando necesitan de cierto ánimo, sobre todo para no quedarse dormidos durante el turno. Lo celebran.

En las charlas de los vecinos también hay helicópteros que sobrevuelan el lugar por las mañanas, volantes que caen del cielo en pro de la minería, y se dan comentarios que subrayan la desconfianza en los medios escritos y en los alcaldes Elzer Palencia de San José del Golfo y en Roberto Aquino de San Pedro Ayampuc.

Además de sucesos extraños como cuando uno de los vecinos, Fredy Solares, de El Carrizal, declaró su lucha independiente en contra del megaproyecto y decidió disparar con su 9 milímetros hacia adentro del terreno de la mina, o luego, días más tarde, estrellar su auto en el portón de la entrada de Progreso VII Derivado. “Es mi manera de abrir puertas, de hacer accionar el diálogo, es mi lucha y es paralela a la resistencia que mantienen las comunidades. No son actos de desesperación ni actos de violencia, son reclamos personales en contra de la empresa”, explica Solares en una breve entrevista telefónica. Nadie de la resistencia, ahora, confía en él.

Si evaden algo es cuando se les interroga sobre las veces que han retenido personas, guardias de seguridad, o personal de la empresa. Muy poco comentan de esos sucesos.

–¿Alguien sabe cómo está Yoli? – pregunta Carmelo a varios en el Grupo, cerca de las hamacas.

–La han dado de alta. Pero parece que vivirá con una bala incrustada en la espalda para siempre– responde López con un tono sereno.

Yolanda Oquelí, líder de la resistencia, sufrió un atentado el pasado 13 de junio.

Montenegro estaba ese día, a las 6 de la tarde, en la Resistencia cuando Yolanda Oquelí, dijo que iría por gasolina para su auto y para que funcionara la pequeña planta eléctrica en aras de que nadie se quedara en la oscuridad completa durante esa noche en la resistencia. No habían pasado ni 10 minutos de su partida cuando se escucharon los disparos. Tres disparos. Pac, pac, pac. Habían atentado contra la vida de Oquelí, a unos 300 metros de la entrada de Progreso VII Derivado. “Estaba viva”, dice Gregorio, uno de los primeros en llegar a donde, en el suelo, al lado de la carretera, estaba Oquelí sin poderse mover y respirando agitada. “Ella recibió las balas en apoyo de algo que nosotros pedimos: que se nos escuche, que nos pregunten sobre el suelo que hay bajo nuestras casa”, agrega Gregorio.

Hoy todos esperan que su líder regrese. “Seguro regresa con más valor que antes”, sonríe Montenegro. En tanto, se reserva el lugar de su estancia en una clínica privada luego de que en el Hospital San Juan de Dios, en varias ocasiones, los agentes que la custodiaban desaparecían intermitentemente durante los horarios asignados.

Las noches de la resistencia suelen ser así. Plagadas de charlas. De recuerdos. De repasar sobre las cosas que los hacen saber por qué se está allí. Es fácil, basta con ver el portón de la mina Progreso VII Derivado, por ejemplo, para que, recapitulando, se regrese al análisis de lo que ha sucedido últimamente (atentados, antimotines, helicópteros). “Son actos de provocación para ver si reaccionamos violentamente, si tomamos esa vía y puedan reaccionar con la fuerza pública y quitarnos, con alguna justificación, de nuestra posición aquí en La Puya. Si entendimos algo del Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas es que la resistencia debe ser pacífica”, explica Álvaro Sandoval. “Pero de aquí no nos podemos mover”, agrega.

Progreso VII Derivado. La visión de la minera.

El 27 de febrero de 2012, Radius Ltd. se “complacía en anunciar” en un comunicado que el proceso de construcción del proyecto El Tambor estaba por iniciarse. Empezaría a construirse la mina, decía, y esperaban que en dos o tres meses les otorgaran la licencia de extracción.

Preguntar sobre los detalles técnicos de la mina, sobre el proceso de obtener, primero, las licencias de reconocimiento, de exploración después, y la de extracción finalmente, a lo largo de una década, conduce a un único lugar al que los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc pueden acercarse con esta clase de interrogantes. Le llaman, a vox populi, “El Ranchón”.

Servicios Mineros de Centroamérica S. A. apareció de repente en el Ranchón a inicios de este año en San José del Golfo, y es la encargada de llevar la comunicación de Radius Exploration Ltd y de Exmingua en esta zona, además de desarrollar los programas sociales (educación y salud) que impulsan ambas compañías alrededor de la mina, en las zona de influencia de El Tambor, como lo indica José Vicente Arias, su coordinador.

–¿Por qué los pobladores de El Carrizal, La Laguna, San Antonio el Ángel, El Dulce, Guapinol, El Sastre, Los Achiotes y La Choleña no supieron durante una década sobre la magnitud de algo tan grande como El Tambor?

–Eso habría que hablarlo directamente con Radius Explorations. El Tambor, para exploración, es un área geológica. Un técnico lo podría explicar mejor y entender sus dimensiones. Ha sido difícil informar a la población sobre el proyecto. Nosotros no somos la empresa minera, nosotros entramos a trabajar con ellos hace poco tiempo–, responde Arias.

–Según el Ministerio de Energía y Minas, existen cuatro licencias de exploración vigentes a mayo de 2012 para el proyecto El Tambor. Pero, ¿se sabe algo ya de la licencia de explotación que algunos medios afirman que ya se concedió a Progreso VII Derivada?

–La licencia de construcción es algo que ya se dio. Terminado ese proceso, el de construir, se agilizará esa solicitud.

–¿Serán 12 proyectos de extracción, como lo correspondiente a las 12 licencias de exploración  que aparecen en el reporte de CAM en 2004 sobre El Tambor?

–Esos detalles los manejan en Radius y en Exmingua. Servicios Mineros de Centroamérica se dedica, más que todo, a coordinar los proyectos sociales de la mina en las comunidades aledañas al proyecto.

–Pero se puede saber algo sobre los procedimientos de extracción, por ejemplo, sobre cómo en sus volantes, afiches y carteles, dice que no se utilizará cianuro o mercurio…

–El proceso se llama “de flotación”. Lo que sacaremos de acá será algo llamado condensado o concentrado de oro. Una especie de lodo, de aglomerado o espuma, que será transportado luego hacía un país más desarrollado para que con otros procedimientos químicos orgánicos el oro sea completamente extraído. Acá nunca veremos un lingote de oro como resultado final del proceso. No usaremos cianuro, que es una de las mayores preocupaciones; nuestro procedimiento no es como el de la mina Marlin por ejemplo. Progreso VII Derivado es un proyecto pequeño. De acá trituraremos 150 toneladas de roca diarias para el proceso de flotación. Para hacerte una idea, Marlin tritura 5 mil toneladas diarias. No se compara.

–¿No es acaso polémico que el ex Director General de Minería cuando se aprobaron las licencias de El Tambor y de Progreso VII Derivada sea el gerente de Exmingua?

–Es un empleado más. Fueron disposiciones de la empresa.

En la sede de Servicios Mineros de Centroamérica S. A. existen dos módulos que se dedican, desde enero de este año, a dar varios servicios: educación y salud. Hay estadísticas: más de mil casos en salud, y al menos 125 ayudas en educación. Arias dice que es un nuevo método para acercarse a las poblaciones, “lo agradecen y no es excluyente. Se atiende a cualquiera, incluso a la gente de la Resistencia. Se mejorará muchísimo una vez que entre en operaciones la mina”.

–¿Salud? ¿Educación? ¿No son estas responsabilidades del Estado antes que una responsabilidad empresarial?

–Si uno mira los servicios estatales dan pena. Acá se contribuye desde otro espacio. Se da un apoyo.

–¿Tienen alguna opinión con respecto a las consultas comunitarias?

–Es algo que le corresponde a la municipalidad, al Gobierno. Como también el respeto a nuestro Estado de Derecho, que respete los compromisos asumidos para nuestra inversión, que se respeten nuestros permisos.

–¿Usar la fuerza pública?

–Lo necesario– responde.

En otros países del mundo, el Estado es el que se encarga de la salud y la educación y de cobrar impuestos a las industrias extractivas, que pueden llegar hasta el 40 por ciento en Suramérica o Europa. Y con esos impuestos financian la salud y la educación.

La espera que puede ser tensa

La mañana del martes 19 de junio, la resistencia amaneció tranquila. Ninguna novedad. Ningún cambio significativo. Pero tras el desvelo, el frío y la lluvia, hay un rasgo que permanece inmutable en los rostros de Carmelo, Patricio, Vinicio, Gregorio y Ovidio desde nuestra llegada a la resistencia: hay ansiedad. Automóvil que pasa, persona que pasa, cualquier cosa que suceda, crea en el lugar una pequeña tensión y cierto nerviosismo que va desapareciendo con el paso de las horas.

Del otro lado del portón, los guardias tienen una reacción similar. La misma tensión. Lo mismo gestos de ansiedad. Se quiere entrevistarlos para ver cómo lidian ellos con el bloqueo en la entrada de El Tambor por parte de la resistencia, pero es como activar un hormiguero, se mueven en zigzag y tropiezan unos con otros al nomás ver acercarse a unos extraños al terreno de la mina. En el nerviosismo despiertan a su jefe, un guardia de seguridad de bigote ralo, quien nunca permite saber su nombre. Aunque amables al identificar a los tres periodistas, sin soltar nunca el dedo del gatillo de las escopetas, acompañan hacia fuera a los tres visitantes de regreso los pocos metros recorridos desde la entrada. Guardan silencio y hacen lo mismo que la gente de afuera: esperar. Esperar a que suceda algo.

Afuera esperan a antimotines, excavadoras, al ejército… es lo que dicen que esperan.

Adentro, el jefe de los guardias, se limita a decir que tienen órdenes de que no pase nadie.

Aparte de sentirse indignados y engañados durante una década por no saber nada del proyecto minero, los pobladores tienen un miedo concreto: “¿Qué va a pasar con los cultivos de los que vivimos?”. En esta zona de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, el cultivo principal es el frijol y el maíz. Los comerciantes llegan directamente a los sembradillos y negocian con los agricultores cada vez que hay cosecha. El quintal de frijol oscila entre Q350 y Q400. El de maíz entre Q125 y Q150. Al año, el ingreso de cada comunitario levemente sobrepasa el sueldo mínimo. “Pero si la tierra se daña, no sabemos qué más podemos hacer. Yo no quiero ser minero, no quiero”, dice Carmelo Pérez.

–¿Hasta cuándo permanecerán en resistencia, aquí, en la entrada de la mina? –se le pregunta a casi todos en la Resistencia. –Hasta que se pare el proyecto, que no se levante nunca ese gigante, que se haga una consulta comunitaria.

General, la respuesta es general.

–¿Y si viene eso que esperan, los antimotines, las excavadoras, o el ejército?

–Tenemos la resistencia. Igual al vietnamita de aquella famosa fotografía– dice Carmelo Pérez, refiriéndose a 1989, a la plaza Tiananmen china.

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