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El Ministro, el Presidente, y la toma del Inab

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El Ministro, el Presidente, y la toma del Inab

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Un audio filtrado a Plaza Pública muestra cómo el ministro de Agricultura, Mario Méndez, presionó a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques (Inab), para nombrar a Rony Granados al frente de la institución. Este era, según el Ministro, el candidato “afín” al “Presidente”.

Redes-lateral

“Si me están grabando, me fregaron. Si no me están grabando, pues muchas gracias”, la voz es la de Mario Estuardo Méndez Cóbar, el actual Ministro de Agricultura, durante una reunión a puerta cerrada con los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques (Inab).

El objeto de esta reunión, que no quedó registrada en actas, era escoger al nuevo gerente del Inab. Las presiones del Ministro sobre la Junta Directiva resultaron en la elección de Rony Granados Mérida como gerente de esa institución.

Rony Granados era, hasta ese momento, jefe de Monitoreo Forestal, un puesto de rango medio en la jerarquía del Inab. Según explicó el ministro Mario Méndez en aquella reunión, poner a Granados al frente de esta institución autónoma encargada de regular el mercado de la madera e incentivar la reforestación de Guatemala, era decisión del “Presidente”.

Flash back: El gerente del Inab dimite

En noviembre de 2015, el gerente del Inab, Josué Morales Dardón renunció al cargo. Según explicó a Plaza Pública, las presiones y el acoso que recibió por parte de un sector de la Junta Directiva se hicieron intolerables. El exfuncionario no quiso decir a qué sector se refería.  

La Junta Directiva del Inab está conformada por representantes de siete sectores: el Ministerio de Agricultura, quien preside la Junta; la Gremial Forestal; las universidades con carrera forestal (San Carlos, Rafael Landívar, Del Valle y la Rural); y la Asociación Nacional de ONG de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), el Ministerio de Finanzas, la Escuela Nacional de Agricultura, Asociación Nacional de Municipalidades .

Tras la renuncia de Morales, para no enfrascarse en luchas internas, los miembros de la Junta Directiva decidieron apoyarse en una empresa especializada llamada MO Consultores para la selección del nuevo gerente. Según un informe del Inab, MO Consultores recibió 115 candidaturas. De estos, 17 candidatos cumplían el perfil, pero sólo 12 preseleccionados aportaron toda su papelería. La empresa sometió a estos 12 a una serie de pruebas y entrevistas. Al cabo del proceso, atribuyó una calificación a cada uno. El 10 de febrero 2016, entregó a la Junta Directiva la lista de los cinco candidatos mejor calificados.

Entre esta lista de cinco no estaban ni Rony Granados, el ahora gerente, ni el nuevo subgerente, Deniz García Juárez. Sus malos punteos los eliminaron de la contienda, puesto que quedaron en séptimo y noveno lugar respectivamente. En el factor “Personalidad de líder, carisma y comunicación”, por ejemplo, Granados apenas obtuvo un punto de cinco posibles. En “Conocimientos administrativos y financieros”, obtuvo un dos.

La lista de cinco demuestra que MO Consultores hizo bien su trabajo: las personas que la integran son respetadas y tienen amplia trayectoria en el medio forestal y ambiental. Sin embargo, el resultado no fue del agrado de la Junta  Directiva.

Tras una primera reunión a puerta cerrada, decidieron revertir el proceso de selección. Volvieron a la lista de 12 candidatos, y, de ésta, escogieron a tres: Rony Granados, Deniz García y Bruno Arias Rivas. Sólo este último tenía méritos suficientes para estar entre los cinco finalistas, pero éstos no le sirvieron.

Una semana después, la Junta Directiva se reunió para la selección definitiva. Tras hacer tres preguntas de rigor a los tres candidatos, la Junta pidió que salieran de la sala todos los funcionarios del Inab. Apagaron el dispositivo de grabación oficial de las sesiones. De esta forma, el Ministro y la Junta Directiva podrían hablar de forma confidencial. O por lo menos, así lo pensaron: alguien estaba grabando.

La grabación de la sesión clandestina

Quien lleva la voz cantante durante la reunión es el ministro, Mario Estuardo Méndez Cóbar.

El funcionario es, según su propia hoja de vida, un exportador de plantas ornamentales. Su carrera política empezó en el partido Visión con Valores (VIVA), fundado por Harold Caballeros, con el cual fue candidato a diputado en 2011. Ese mismo año se cambió a Libertad Democrática Renovada (Lider). En 2015 fue candidato a diputado con el partido de Manuel Baldizón, ocupando la primera casilla del Distrito Central, por delante de Alfredo Rabbé. Durante la campaña, Baldizón lo presentó como su futuro Ministro de Economía. Tras la debacle de Lider, Méndez se acercó con éxito a Jimmy Morales y obtuvo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Tras elogiar uno a uno a todos los miembros de la Junta Directiva, Mario Méndez llega al meollo del asunto: “Quiero pedirles de corazón que me ayuden a que Rony Granados sea el gerente del Inab”, ruega. “Yo les quisiera suplicar que me ayuden. (…) Nosotros necesitamos gobernabilidad, que el gerente sea afín al Presidente”, agrega.

En una hora de reunión, Mario Méndez menciona unas 20 veces al Presidente, sin llamarlo nunca por su nombre. 

¿Por qué Rony Granados? “Porque es persona de confianza del Presidente”, dice Méndez, reiterativo. “Les voy a agradecer, al igual que el señor Presidente, el apoyo que le puedan dar a Rony”.

 La afinidad con el Presidente es casi el único argumento que Mario Méndez encuentra a favor del futuro gerente.  En ningún momento habla de conocimientos, de liderazgo, de habilidad para lograr consensos para defender a su candidato. Aunque en un momento opina: “Rony es un gran técnico”. “Técnico” que pronto será ascendido a la cabeza del Inab.  

Pero Mario Méndez tiene otro persuasor: si Granados no se comporta como los miembros de la Junta Directiva quieren, simplemente se le despide. Pide el beneficio de la duda para él, pero que quede claro: “el gerente no está afincado aquí. Se puede ir inmediatamente.”

De cómo torcerle el brazo al sector privado

El ministro Mario Méndez sabe que, dentro de la Junta Directiva, sólo tiene que convencer a dos personas: Óscar Staackmann Álvarez y Andrés Bosch Figueredo, los representantes de la gremial forestal.

La Gremial Forestal de Guatemala, que Staackmann preside, es afiliada de la Cámara de la Industria. Reúne empresas que se dedican al manejo forestal, aserraderos, consultores forestales, fabricantes de muebles, de aglomerados, de casas, dueños de equipo y maquinaria. El lema de la gremial es “Cultivemos árboles, son riqueza”.

Todos los demás miembros de la Junta Directiva del Inab están ganados a la causa de Rony Granados, o por lo menos se quedan callados. Por eso, todas las caricias del Ministro son para Staackmann y Bosch. “(Ustedes) se merecen el apoyo, porque generan empleo, generan divisas, hay que apoyarlos más y más y más, y este gobierno les va a dar un apoyo total”, les promete.

“Puede que luego venga otro Ministro y cambie las reglas del juego. El que no va a cambiar es el Presidente. Y el Presidente ha manifestado el deseo de apoyarles a ustedes como sector. (…) Yo traigo la voz del señor Presidente, para hacer un compromiso con ustedes, para trabajar por el bien de los bosques, por el bien del sector de ustedes”.

Los empresarios escuchan y entienden las razones de Ministro. Pero Staackmann solicita un compás de espera, unos días para convencer a la gremial de que Rony Granados es la mejor opción. Explica que el cambio de las reglas de selección del gerente generó polémica y descontento dentro de su sector. Además, los empresarios forestales ya habían consensuado votar por otro candidato, y ¿cómo van a explicar después a sus agremiados que eligieron a otro sin consultar?

“Sólo les pediría que nos dé chance a nosotros, como sector, de platicar con nuestra gente, de convencer a nuestra gente del punto de vista del que nos está hablando, que es valedero. El hecho de que el Presidente esté del lado de (no se entiende), nos va a ayudar muchísimo”, concluye Staackmann.

Este compás de espera genera una oleada de rechazo entre la mayoría de los miembros de la Directiva. Quieren que se decida ya y que se acepte la propuesta de Mario Méndez. El más vehemente es Byron Villeda, el director técnico de Fundaeco, ONG ambientalista que administra varias áreas protegidas en Izabal.

—Ya hay una decisión tomada. Esperaría que ustedes, como miembros de un sector importante que representa un 15% en esta Junta Directiva, se sumen al consenso para salir del tema del gerente. (…) He visto la medición de fuerzas y no va a cambiar la decisión. Entremos en un consenso; ni siquiera hay necesidad de votar, —espeta el ambientalista.

Se le suma Miriam Monterroso Bonilla, directora de la ONG de protección de la vida silvestre Arcas. Esta ambientalista es asesora personal de Mario Méndez, y también su representante ante el Inab y ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Durante la reunión, Méndez la presenta como una “gran defensora de las causas naturales”, pero no una de esas “ecohistéricas” que se oponen a la empresa privada y las municipalidades. Monterroso fue también una activa abogada de adopciones  y, en 2006, fue denunciada por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en sus expedientes de adopción.

Miriam Monterroso presiona a los representantes de la gremial diciéndoles que van contra el reloj. “Ya hay solicitudes de acceso a la información. Hay cartas de diputados para ver si no hay ilegalidad en lo que esta Junta está haciendo. Si esperamos más tiempo va a ser peor. Va a haber otra clase de presiones que en este momento no las tenemos para poder decidir”, alerta.

Los argumentos hacen mella en los empresarios. Finalmente, aceptan la propuesta del Ministro.

¿Qué dicen los miembros de la Junta Directiva?

Plaza Pública intentó hablar con Rony Granados, el recién nombrado gerente del Inab, quien no atendió a las repetidas llamadas, y explicó por un mensaje de Whatsapp que no podía dar una entrevista por estar de viaje.

Miriam Monterroso, suplente del ministro Mario Méndez, indicó que no hubo ninguna anomalía en la elección. Fue una decisión unánime de la Junta, que escogió a la persona que se estimó idónea para el cargo. No quiso opinar sobre la grabación ya que, aseguró, “no tiene conocimiento” de ésta. Gustavo Mendizábal, representante de la Escuela Nacional de Agricultura, y también miembro de la gremial forestal, negó que hubiera habido presiones por parte del Ministro. Tampoco quiso opinar sobre la grabación.

Byron Villeda, director técnico de Fundaeco también negó las presiones del Ministro. Indicó que los criterios para escoger a Rony Granados fueron su “honestidad, conocimiento institucional y planteamientos para la mejora institucional”. Cuando se le habló a Villeda de la grabación filtrada, se limitó a decir, entre airado y bromista: “Ah bueno, si ya tenés una grabación, usala o llevásela a Juan Carlos Monzón”.

Andrés Bosch, representante suplente de la gremial forestal, es también el miembro más joven de la Junta Directiva del Inab. Explicó que lo que busca su sector es estabilidad en la institución. “La inestabilidad genera problemas a los usuarios con menos ventajas y también al personal del Inab”, indicó. Por eso se buscó un consenso entre todos los miembros de la Junta Directiva. “La decisión fue unánime y eso le da fortaleza a la Junta y a la institución”, remachó.

¿El que Rony Granados fuera afín a Jimmy Morales se tomó en cuenta en la elección de la gremial?, se le preguntó a Bosch. “Eso ayuda. Así lo veo yo. Pero con ciertos límites. Si nos hubieran propuesto a un mafioso, no lo hubiéramos aceptado. Pero como Rony es una persona correcta…”.

Raúl Maas, investigador del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar, es el único miembro de la Junta Directiva del Inab en lamentar la forma en que se eligió al gerente. Tal y como consta en las actas, él estaba ausente en las dos reuniones en las que se pactó el nombramiento de Granados. Maas estaba en esos días en España defendiendo su tesis doctoral.

Según el representante de la Universidad Rafael Landívar, el proceso fue antiético porque se rompió con la hoja de ruta acordada en noviembre. Afirma no saber qué se dijo en las reuniones a puerta cerrada de la Junta Directiva ya que no está en las actas. De haber estado, asegura, “hubiera razonado mi posición.”

Sin éxito, se intentó hablar con el ministro Mario Méndez. Por mensajes de Whatsapp dijo estar dispuesto para una entrevista, pero luego, por intermedio del Departamento de Comunicación Social del MAGA, pidió que las preguntas fueran mandadas por escrito. Se mandaron, pero hasta la publicación de esta nota, no habían enviado la respuesta.

Entre otras cosas, se le preguntó si Jimmy Morales efectivamente pidió que Granados fuera el nuevo gerente del Inab, o si este nombramiento fue iniciativa propia. Esta misma pregunta se le hizo al vocero del Presidente, Heinz Hiemman, a quien se le adjuntaron extractos del audio filtrado. Heimman evitó pronunciarse sobre el audio y se limitó a decir que Jimmy Morales es respetuoso de las acciones y decisiones de la Junta Directiva.

Juntas Directivas y conflictos de interés

El diputado del partido Todos, José Rodrigo Valladares, se dio a la tarea de fiscalizar el nombramiento de Rony Granados. En cuanto a la legalidad del nombramiento, afirma: “La ley es muy ambigua y deja muy abierto el proceso de reclutamiento”. Se asesoró con varios abogados, dice, y “algunos opinan que está bien hecho y otros que hay incumplimiento de la ley forestal”, explica el diputado.

La Ley Forestal estipula que el nombramiento del gerente del Inab debe hacerse por concurso de oposición. Miriam Monterroso y Byron Villeda aseguran que la oposición sí se dio, puesto que se seleccionaron 12 perfiles que llenaban los requisitos, y entre ellos se decantaron por unos.

“El voto es libre. Éramos seis miembros y tomamos la decisión que le competía al país. Una empresa te puede asesorar, puede proponer, pero no puede decidir”, explica Villeda.

El diputado Valladares asegura que, para cerciorarse de la legalidad o no del proceso, ha pedido a la Contraloría General de Cuentas una auditoría especial sobre el nombramiento de Granados.

Independientemente del carácter legal o no del nombramiento de Granados, el asunto muestra una vez más los límites del sistema de Juntas Directivas multisectoriales. Para Karin Slowing, analista independiente y exsecretaria de la Secretaría de Planificación (Segeplan), no se ha analizado a profundidad los beneficios y los problemas que generan estas Juntas.

En el caso del Inab, existe un obvio conflicto de interés dentro de su Junta. El Inab es la institución encargada de supervisar las actividades de los miembros de la Gremial Forestal. Pero este sector tiene, gracias a la Junta, una herramienta para influir en las decisiones de la institución en función de sus propios intereses.

Lo mismo pasa con el sector ambientalista. ONG’s como Fundaeco o Defensores de la Naturaleza reciben incentivos forestales del Inab, el cual debe certificar que sus programas de conservación y reforestación cumplen con sus metas. Pero el poder que le da a este sector sentarse en la Junta Directiva, puede obstaculizar esta fiscalización.

Para Karin Slowing, las experiencias son variables. “Hay experiencias en que los sectores influyen de forma positiva en las decisiones ya que incorporan a gente que conoce a profundidad los temas. Pero en otros casos, las Juntas sólo reproducen intereses particulares”.  Tampoco se puede afirmar que instituciones como el Inab, el Instituto Nacional de Electrificación o la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) funcionarían mejor sin Junta Directiva. La SAT, por ejemplo, “no funcionó cuando solo la dirigía el Estado. Pero tampoco funcionó como entidad autónoma con una Junta directica mixta”, explica la analista.

El Inab y la ley Probosques

El diputado Valladares indica por qué decidió fiscalizar este nombramiento: “Me levantó el interés porque el Inab manejará más de Q270 millones por incentivos forestales. Es necesario una persona idónea para manejar eso y que no se convierta en un proyecto político”.

Para Raúl Maas, el trasfondo de esta elección podría ser el control de los recursos de la Ley Probosques, la nueva ley de incentivos forestales aprobada este año.

Guatemala dispone actualmente de dos programas de incentivos forestales que buscan aumentar la cobertura boscosa del país, conservar bosques naturales y dinamizar un mercado legal de la madera. El primero, el Pinpep, se otorga a pequeños poseedores de tierras para proyectos de manejo forestal y reforestación menores a cinco hectáreas. La particularidad de este programa es que pueden ser beneficiarios personas y comunidades que no tienen título de propiedad sobre la tierra. El presupuesto general del Estado destina este año Q126 millones a este programa.

El Pinfor, por su parte, permite incentivar los bosques de producción de mayor escala, aunque un 20% de la inversión se destina al manejo de bosques naturales. Este año, el Estado le debería destinar Q271 millones. 2016 es el último año del Pinfor, que estaba destinado a durar 20 años. Pero, con la Ley Probosques, un nuevo programa tomará el relevo el año que viene con una filosofía y una inversión equivalente. Según esta ley, el 1% de los ingresos del Estado deberían ser invertidos en incentivos forestales, pero nadie en el sector mantiene la esperanza de que llegue a ese monto.

Según las personas entrevistadas para este reportaje, los incentivos se han otorgado hasta la fecha según criterios técnicos y de forma transparente. Sin embargo, el que empiecen a tomar un tinte político como ocurrió con las bolsas de alimentos o los fertilizantes, es motivo constante de preocupación. Esto también preocupa a Gustavo Mendizábal, representante de la Escuela Nacional de Agricultura en la Junta Directiva del Inab, y también miembro de la gremial forestal. En la reunión con el Ministro, dice:

“Hoy tenemos en agenda la tabulación del reglamento Probosques. Vino una donación de plata de fuera y se socializó de sobremanera, pero no ha sido la metodología que autorizó esta Junta Directiva. Porque se politiza, todos queremos darle a todos un poquito, queremos dejar contentos a todos y perdemos la figura del país, y para qué fueron creados estos instrumentos”.

Los incentivos forestales podrían pues, convertirse en botín político. De hecho, en 1998, el gobierno de Alfonso Portillo intentó tomar el control de la institución a través de una intervención. “La toma del Inab tenía un trasfondo político-partidario”, recuerda Claudio Cabrera, gerente del Inab en esos años. El gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) pretendía convertir los incentivos forestales en una maquinaria para “jalar votos” en el área rural, explica Cabrera. En esa ocasión, la Junta Directiva luchó por garantizar la autonomía del Instituto, y al final logró restablecerla. Desde entonces, el Inab ha sabido mantenerse al margen de los escándalos de corrupción que han salpicado todos los gobiernos.

Según Claudio Cabrera, el programa de incentivos forestales es indispensable para mantener la cobertura forestal de Guatemala. “Si queremos bosques, tenemos que invertir en bosques. Todos los países que han desarrollado su sector forestal, lo han hecho mediante incentivos. Por ejemplo, Chile, Brasil, Costa Rica”, indica el experto, quien actualmente participa en el diseño de un programa de incentivos forestales para la región Atlántica de Nicaragua. Además, explica Cabrera, para mantener estos bosques, se requiere de un sector forestal dinámico. “Fuera de las áreas protegidas, si un bosque no entra en producción, se vuelve agricultura”. Pero, como los árboles requieren muchos años antes de poder ser utilizados por la industria maderera, los incentivos permiten brindar a los dueños y poseedores de bosques un ingreso previo al aprovechamiento. 

La cobertura boscosa es una garantía de adaptación frente al cambio climático. Por ejemplo, los bosques contribuyen a regular los caudales de los ríos y a minimizar los riesgos relacionados con la escasez de agua y las inundaciones. Además, proveen de sustento a miles de personas que viven de los recursos forestales. Las consecuencias de un mal manejo de los incentivos forestales van, por lo tanto, más allá de una simple pérdida de recursos del Estado: también limitarían la capacidad de Guatemala para afrontar el reto climático.

Aquí el audio completo:

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