Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
El ABC de los narcos, según la embajada de EEUU
Ir
Información

El ABC de los narcos, según la embajada de EEUU

redes sidebar

Antes de la era de los Zetas, el ex brazo armado del mexicano Cartel del Golfo desde 2010, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala tenía una radiografía en detalle—aunque un poco desfasada—de cómo operaba el narcotráfico en Guatemala. Un cable diplomático filtrado por Wikileaks describe cómo operaban las estructuras del narcotráfico en 2005, según la Embajada, y revela algunas tendencias que se mantienen hasta la fecha.

La información llega a la Embajada de EEUU usualmente por vías oficiales (policía, Ministerio Público, de Gobernación o Defensa), por vía extraoficial en voz de miembros de Inteligencia militar, asesores gubernamentales en reuniones informales, o informantes vinculados—directa o indirectamente—con las estructuras del narcotráfico. La escuchan agentes de la DEA (siglas en inglés para Agencia Federal Antidrogas), intentan corroborarla con otras fuentes, y la trasladan a diversos funcionarios, hasta que llega al escritorio del Embajador. En este caso, es el embajador John Hamilton quien firma el cable que pinta la radiografía del narco hace seis años.

El cable 05GUATEMALA1403 incluye información reveladora y datos que son vox populi. Tres ejemplos: (1) “Guatemala sí coopera con otros países en asuntos antinarcóticos”; (2) la cooperación involucra principalmente “acuerdos informales”, principalmente para permitir “la persecución inmediata de traficantes a lo largo de las fronteras nacionales”; (3) el intercambio de información de Inteligencia, por parte de Guatemala, es “mínimo”, pero “es de hacer notar que Guatemala ha permitido a las fuerzas aéreas de El Salvador y México realizar intercepciones (de droga) en territorio guatemalteco”.

El documento fue redactado durante la administración presidencial de Óscar Berger, y de su ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, quien actualmente está en España acusado de dirigir un aparato alterno de inteligencia, y de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, con su entonces asesor el venezolano Víctor Rivera (asesinado en abril de 2008) y la cúpula policial.

En esta acusación, también se involucra al director de la policía de la época Erwin Sperissen (actualmente en Suiza, donde es investigado por estos hechos); el director adjunto, Javier Figueroa (actualmente en Austria, donde es investigado por el mismo caso), y el jefe de la División de Investigación Criminal (DINC), Víctor Hugo Soto Diéguez (preso en Guatemala por estos y otras acusaciones). Estos funcionarios integraban la contraparte guatemalteca de quien EEUU esperaba apoyo.

La preocupación de los diplomáticos estadounidenses tenía causas concretas. Durante la administración Berger las incautaciones de cocaína, por ejemplo, se desplomaron—aún más que durante la administración de Alfonso Portillo. EEUU esperaba un cambio de dirección en la política antinarcótica en Guatemala. Y lo hubo, pero en dirección contraria a la anticipada.

En la era Portillo se incautó un promedio de 4,435 kilos de cocaína por año. En la de Berger, el promedio anual fue de 2,636 kilos. En ambos casos, las cifras eran fatales porque sólo eran entre el 2.2% y el 1.3% de la cantidad anual estimada que se traficaba en Guatemala: 200 mil kilos. (En comparación, de 2008 a junio 2011, la incautación anual promedio es de 3,154.6 kilos, un 1% de cuanto se estima es traficado por el país, que en 2011 se calcula en 300 mil kilos, según el Departamento de Estado de EEUU).

Quién era quién entre los narcos

El cable identificaba a cinco organizaciones del narcotráfico conocidas por los apellidos de sus líderes, en este orden: “León, Lorenzana, Mendoza, Zarceño, Paredes”. El texto explica que “los líderes de cada una de estas organizaciones son guatemaltecos”, y los autores del cable admiten: “No tenemos información concreta sobre el tamaño de las organizaciones, pero creemos que son pequeñas, esencialmente son grupos manejados por familias”.

La conclusión del cable, sobre la insignificancia de estos grupos, era una muestra de cautela—por la falta de información compartida—o de crasa ingenuidad. Mientras que los León operaban con un bajo perfil (saltarían a las primeras planas sólo después que los Zetas asesinaron a Juan José “Juancho” León en marzo de 2008), un investigador policíaco asegura que, en esa época, el poderío de los Lorenzana y los Mendoza ya era conocido.

Otros cables diplomáticos de 2006 y 2007, mencionaban que para entonces los Mendoza eran reconocidos como un grupo local fuerte; incluso mencionan al menos una reunión sostenida entre miembros de esa familia y Berger, a quien presuntamente habrían ofrecido seguridad pero él la rechazó. Uno de estos cables también menciona que el candidato presidencial Otto Pérez Molina se reunió con uno de los hermanos Mendoza, cuyo apoyo financiero se rehusó a aceptar.

El grupo de los Sarceño (que el cable identifica como “Zarceño”) ya era palabra mayor, aunque el cable no lo reconoce. Operaba en la costa sur al menos desde 1999 y desde 2000 lideraba el Cartel Luciano. En octubre de 2006, en aguas internacionales, agentes del servicio de guardacostas de EEUU abordaron una de las embarcaciones del grupo; encontraron droga y capturaron a dos tripulantes, a quienes enviaron a EEUU. Dos meses después, el líder de la estructura, Allende del Mar Sarceño Castillo, viajó a ese país sin saber que lo esperaba una orden de captura por narcotráfico. Fue capturado en Miami, Florida. En enero de 2007, las autoridades guatemaltecas allanaron la empresa Inmensa Mar, S.A., presuntamente utilizada por los Sarceño como fachada para traficar droga en lanchas tiburoneras, según autoridades estadounidenses.

Las operaciones del Cartel Luciano eventualmente fueron absorbidas por el grupo de Chamalé -Juan Ortiz López, capturado en marzo pasado-, cuya sede estaba San Marcos, y tenía dominio a lo largo de la frontera centro y suroccidental con México y conexiones al grupo mexicano de Sinaloa.

En una entrevista de marzo de 2007, Vielmann dijo que la “judicialización de Jorge Mario Paredes y captura de Sarceño—entre otros hechos—eran “resultados de esa lucha hecha con recursos propios”. Intentaba argumentar que no todo era producto de las acciones estadounidenses, aunque Guatemala se quejara de que no podía combatir al narco sin la ayuda de EEUU. Vielmann, por ejemplo, fue incapaz de lograr que la Policía capturara a Paredes y Sarceño en Guatemala.

Dos meses antes de la entrevista (y uno después de la captura de Sarceño en EEUU), el Ministerio Público y la Policía allanaron dos viviendas de Sarceño en Buena Vista, Iztapa, en Escuintla. En una de ellas encontraron a Eduardo Sarceño Gil, un familiar del sindicado, quien no fue detenido porque —y pese a la información disponible— no había una orden de captura en su contra en Guatemala. Información extraoficial da cuenta que los Sarceño tenían por lo menos un centenar de lanchas a su servicio en Buena Vista, y que seguían traficando droga en sociedad con otros grupos en el Puerto de San José, Escuintla.

La Embajada de EEUU ingenuamente consideraba a estos “grupos manejados por familias” como organizaciones pequeñas, de bajo perfil. Sin embargo, el transcurso de un par de años comprobaron que —aunque no eran del calibre de los grandes carteles colombianos o mexicanos— eran lo suficientemente fuertes para trasegar cientos de toneladas de droga y servir como puente entre los colombianos y mexicanos. También subestimaron un factor que el autor mexicano Tomás Borges destaca en su libro “Maquiavelo para Narcos”: las organizaciones de narcotráfico fundadas y administradas por familias son las más fuertes, porque el control es transferido de una generación a otra, sin pugnas internas como en grupos sin parentesco entre los líderes y que tienden a debilitarse por esta razón.

Otro ejemplo era lo que los estadounidenses llamaban la “Organización Paredes”. Aunque entre 2004 y 2005, la Embajada la menciona como uno de los grupos pequeños, para 2002, el guatemalteco Jorge Mario “El Gordo” Paredes Córdova (en sociedad con familiares y otros cómplices) había comenzado a traficar cocaína directamente hasta Nueva York. Este dato lo tenía la DEA y la Fiscalía de esa ciudad, que formalmente lo acusó en agosto de 2003. Esta acusación llevaría a la captura de Paredes en Honduras en mayo de 2008, y a su condena de 31 años de cárcel en 2010.

Traficantes colombianos y mexicanos

El cable exponía un hecho inamovible: que los traficantes de México y Colombia son más grandes y poderosos que las organizaciones de Guatemala. Agregaba que “los guatemaltecos están en una marcada desventaja en el trasiego de la cocaína porque sólo pueden adquirir la droga con los colombianos, y necesitan la cooperación de los mexicanos para mover la droga hacia el norte”. Una excepción era Paredes, quien según la DEA, monitoreaba el movimiento de su droga desde Guatemala.

De hecho, los guatemaltecos cumplían un papel importante en el negocio de la droga. Actuaban como una suerte de “controladores de tráfico” de las drogas transferidas desde los proveedores colombianos hacia los compradores mexicanos. “Un cargamento grande de cocaína puede ser retenido en Guatemala hasta que los colombianos reciben el pago de los mexicanos”, indica el cable.

La información de los diplomáticos estadounidenses revela que, al inicio del proceso el trasiego de drogas, se establecía quién o qué grupo era dueño de la cocaína con base en tres escenarios:

àEscenario A: Los traficantes colombianos envían su propio producto hacia el norte usando una organización de transporte de drogas con sede en Guatemala. En este esquema, el traficante colombiano simplemente paga por los servicios de un transportista guatemalteco (y, eventualmente, un transportista mexicano) para enviar su cocaína colombiana hacia EEUU.

“Este esquema involucra muchas alianzas y requiere confianza considerable entre el dueño de la cocaína y quienes fueron contratados para transportarla”, señala el cable. “Mientras más al norte puede un colombiano enviar la carga (por aire o mar), es menor el número de personas a quien debe pagar por transporte y protección del cargamento. Las alianzas entre los carteles colombianos y mexicanos son importantes, y los traficantes guatemaltecos han sido socios menores en este contexto”.

Los autores del cable razonan que “debido al incremento en la efectividad de las operaciones antinarcóticas en México, los traficantes colombianos cambiaron sus puntos de aterrizaje hacia el sur en territorio guatemalteco”. Además, revelan que, “desde Guatemala, cada gran cargamento (de múltiples toneladas) es dividido en pequeñas cantidades, para reducir el riesgo de pérdida debido a los decomisos en México”.

àEscenario B: Los traficantes guatemaltecos compran cocaína de los proveedores colombianos y envían su cocaína guatemalteca al norte, hacia los EEUU. Ocasionalmente, si el traficante guatemalteco tiene una buena reputación y es considerado lo suficientemente fuerte, los colombianos le entregarán la cocaína al guatemalteco y recibirán el pago después. Los colombianos les venden cocaína a los guatemaltecos a un precio mayor que el ofrecido en el mercado local en Colombia, pero que es considerablemente menor al precio en EEUU.

El expediente de Paredes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York revela que, hasta 2003, la “Organización Paredes” recibía droga en la costa del Atlántico en Guatemala (comprada a los traficantes colombianos) y la trasladaba por tierra hacia México y EEUU, hasta llevarla a Nueva York. Cuando la fiscalía amplió la acusación contra Paredes en 2009, reveló que éste compraba droga colombiana que era transportada desde Panamá por vía marítima (en el Pacífico) hasta México, en embarques que incluían cargamentos de varios dueños—incluido Paredes.

àEscenario C: También estamos viendo grupos colombianos trasladándose y estableciéndose en Guatemala para hacer negocios en este país. Dado el incremento en la presión contra ellos en Colombia, para algunas organizaciones colombianas era más fácil administrar sus negocios en Guatemala, usando a los guatemaltecos como administradores de mando mediano y trabajadores para diversas tareas menores.

El “escenario C” parecía ser más una excepción que la regla entre 2004 y 2005. Según Bruce Bagley, catedrático de la Universidad de Miami, la derrota de las organizaciones colombianas (cartel de Cali y Medellín, a mediados de los años 90, y luego del Cartel del Norte del Valle entre 2007 y 2009), supuso una reingeniería del narco en Colombia, pero no como lo describe la embajada estadounidense.

En su artículo “Conflicto, drogas y paz”, Bagley explica que el cambio implicó que una parte de las estructuras paramilitares y de la guerrilla colombiana tomaron el control de la fabricación de la droga, y que el remanente de los grandes carteles se atomizó en pequeñas células operativas, que no tenían el poder de trasladar la droga por Centroamérica y mucho menos fijar los precios de traslado—como lo habían hecho los carteles de Cali, Medellín y Norte del Valle. Fue entonces, cuando esa decisión la tomaron los mexicanos una vez que comenzaron a extender sus operaciones en el istmo en la última década.

Lavado de dinero: los mecanismos

Los estadounidenses también habían establecido cómo los narcotraficantes lavaban el dinero mal habido, y cómo lo invertían. El cable explicaba que “en los últimos dos años [2004-2005], el sistema bancario guatemalteco ha mejorado la forma en que se monitorea a sí mismo (Guatemala fue removida de la lista negra del FATF a mediados de 2004), y ya no es un mecanismo principal para lavar dinero”.

La lista negra de la FATF (siglas en ingles para Fuerza de Tarea de Acción Financiera) incluía a países o territorios no cooperantes en la lucha mundial contra el lavado de dinero, o financiamiento a terroristas, pero quedó obsoleta desde 2009, desde cuando ningún país ha sido colocado oficialmente en la lista. Además, cuatro años antes, los estadounidenses habían descubierto que los narcos tenían otros métodos para manejar los millones de dólares estadounidenses que llegaban a sus manos.

(1) “Envían grandes cantidades de dólares de contrabando hacia Guatemala y usan casas de cambio ilegales para convertir el dinero a quetzales”, expone el cable. “Con los quetzales, compran tierras, propiedades, y bienes durables en Guatemala. Estos después son vendidos inmediatamente a compradores legítimos”.

Aunque el cable no cita el caso específico de Paredes, el suyo era un ejemplo clásico de esta modalidad. Los contactos de la “Organización Paredes”, según la DEA en Nueva York, enviaban hasta US$2 millones de dólares ocultos en vehículos hasta México, donde eran entregados directamente a la gente de Paredes. Cuando fue detenido en 2008, Paredes confesó a la DEA que uno de sus socios, Otoniel Turcios Marroquín (detenido en octubre pasado en Belice, y enviado a Nueva York por este caso) y que “Juancho” León le habían entregado “grandes cantidades de dólares” para comprar propiedades en Alta Verapaz y en Antigua Guatemala.

(2) “Usan el mercado negro para cambiar pesos (BMPE), para convertir dólares a pesos colombianos. En este escenario, el traficante guatemalteco le entrega dólares a un miembro del BMPE. Este mercado convierte el dinero a pesos colombianos, y paga al proveedor colombiano en nombre del traficante guatemalteco, y lleva los dólares de contrabando hacia Panamá, donde son usados para pagar gastos legítimos en la zona de libre comercio”.

Las pandillas y el narcotráfico

El cable explica que las pandillas sirven como vendedores al menudeo de drogas a la población local, y de distribuidores para la venta de cocaína que permanece en Guatemala, como pago por logística y seguridad (a otras estructuras). “Aunque no tenemos información definitiva sobre su cooperación con organizaciones traficantes, creemos que hasta el momento, la participación de las pandillas se reduce al comercio callejero y no se extiende al transporte, lavado de dinero, comunicación, y otras actividades de alto nivel”, revela el texto.

“Las pandillas, con sus llamativos tatuajes, vestimenta, lenguaje manual y su historial criminal, tienen un perfil demasiado alto para trabajar con los traficantes que prefieren pasar desapercibidos”, consignan los diplomáticos. “Por la misma razón, los pandilleros no son útiles como contrabandistas”.

Para febrero de 2011, esta apreciación era parcialmente cierta. Un investigador policíaco, que investiga casos vinculados a pandillas, sostuvo que los principales ingresos de estos grupos provienen del narcomenudeo y de las extorsiones.

El detective agregó que los miembros de la Mara Salvatrucha (MS), al contrario de su archienemiga Pandilla Barrio 18, estaban más vinculados con el crimen organizado, como el secuestro y el narcotráfico porque eran menos llamativos: con su vestimenta casual y sin tenían tatuajes visibles. El detective dijo que información extraoficial indica que algunos miembros de la MS brindan seguridad a cargamentos de droga del Cartel de Sinaloa, o fungen como cobradores persuasivos de deudores del cartel. Por aparte, Emilio Goubaud, de la Asociación de Prevención del Delito (Aprede), revela que “las pandillas comenzaron a desaparecer” porque están siendo “cooptadas” por el crimen organizado, no solamente el narcotráfico.

El epílogo del cable

En la cumbre de junio pasado del Sistema de Integración Centro Americana (SICA), el concepto más popular y mencionado fue “responsabilidad compartida”. Del lado de los centroamericanos quería decir que EEUU pusiera de su parte con mayor apoyo financiero y mayor control del consumo y trasiego en su propio territorio. Del lado estadounidense, quería decir que los centroamericanos también generaran recursos propios para la lucha antinarcótica, además de disminuir los índices de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad para hacer más efectiva la lucha.

En otras palabras, EEUU espera que Guatemala asuma un papel más proactivo que el advertido en el cable enviado por Hamilton. En la cumbre del SICA, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, mostró anuencia apoyado en la frase “responsabilidad compartida”. Semanas después, en entrevistas con prensa, se atrincheraba tras la postura de que si en EEUU no hubiera demanda por drogas, Guatemala no estaría inmersa en el narcotráfico. Sin embargo, documentos como los cables filtrados por Wikileaks demuestran que la narco-industria es tan boyante por causas que también están en Guatemala..

El cable identificaba a cinco organizaciones del narcotráfico conocidas por los apellidos de sus líderes, en este orden: “León, Lorenzana, Mendoza, Zarceño, Paredes”.
El texto explica que “los líderes de cada una de estas organizaciones son guatemaltecos”, y los autores del cable admiten: “No tenemos información concreta sobre el tamaño de las organizaciones, pero creemos que son pequeñas, esencialmente son grupos manejados por familias”.
Texto