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EE.UU: la reducción del ejército moderó la corrupción militar en la lucha antidrogas
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EE.UU: la reducción del ejército moderó la corrupción militar en la lucha antidrogas

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"Eliminar la presencia militar de áreas usadas por narcotraficantes probablemente tuvo el efecto de reducir tanto el número de traficantes, cuanto el pago de nóminas y la corrupción militar"
La evolución hacia el narco-estado que les preocupaba a los estadounidenses tenía más que ver con la policía y el organismo judicial que con los partidos políticos.
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La reducción del ejército que el gobierno de Berger ejecutó en 2004 se convirtió para la mayoría de políticos y analistas de seguridad en la causa del incremento del poder del narcotráfico. Para Estados Unidos, que es la fuente de muchos análisis sobre la materia, los efectos del recorte no eran en absoluto significativos. Es más, probablemente debilitaron a los traficantes y evitaron más corrupción al Ministerio de Defensa.

El cable clasificado como secreto, 05GUATEMALA1403, elaborado el 6 de febrero de 2005 por el Embajador Hamilton, fue filtrado por Wikileaks a Plaza Pública y da  cuenta de los resultados de ciertas medidas antinarcóticos durante el gobierno de la Gran Alianza Nacional.

Durante el año anterior, el número de efectivos del Ejército había sido recortado de 27 mil a 15 mil, yendo más allá de las metas de los Acuerdos de Paz. Además, el cambio de la estructura de las fuerzas armadas, que pasó de organizarse en comandos geográficos a hacerlo en comandos funcionales, había desembocado en el cierre de ciertas bases militares cercanas a la frontera con México.

Expectante por estas medidas y empeñada en combatir el narcotráfico en el extranjero como una de sus prioridades en el país, la embajada de Estados Unidos se preguntaba qué repercusión habían tenido en la lucha antinarcóticos. La conclusión era expresada sin muchos ambages: la reducción no había tenido un efecto significativo.

Es más, incluso parecía resultar positivo. Con un dejo de realismo, el cable añadía: “Tristemente no hay pruebas de que la presencia militar que había antes en estas áreas hubiera servido alguna vez para impedir el tráfico de drogas. De hecho”, apuntaba insinuando cierta cooperación entre militares y carteles, “eliminar la presencia militar de áreas usadas por narcotraficantes probablemente tuvo el efecto de reducir tanto el número de traficantes, cuanto el pago de nóminas y la corrupción militar”.

Aquello no significaba, no obstante, que los estadounidenses estuvieran del todo contentos con el desempeño antinarcótico nacional.

Con la excepción de un incremento en la erradicación de la amapola, que atribuían a que también había crecido el número de hectáreas de cultivo, “los resultados del gobierno no son esperanzadores. Los decomisos de cocaína en la primera mitad de 2005 son de aproximadamente 700 kilos, sólo un 6% de la meta para el año (12 mil kilos), menos del 20% de lo de 2004 (4mil 481 kilos), y menos del 10% de lo incautado en 2003 (9 mil kilos)”.

“Como ya describimos, la carencia de fondos para mantenimiento, gasolina y de entrenamiento de la marina y el ejército del aire ha terminado con la capacidad del gobierno de interceptar los envíos de cocaína. Pero esto no es resultado del recorte.”

En realidad, la diplomacia estadounidense apuntaba a otros elementos. A dos carencias en concreto: de reformas legales y de recursos. Y en la aproximación del Gobierno a esta ecuación, la embajada sentía que había un desequilibrio. “La persistente tendencia de los altos mandos del gobierno de Berger a ver el problema en términos de recursos les impide reconocer que reformas legales y de procedimientos podrían fortalecer mucho la lucha contra el crimen”. En concreto, se refería a reformas que le dieran a la policía y a la fiscalía el derecho de intervenir teléfonos bajo orden judicial, llevar a cabo operaciones encubiertas tales como entregas controladas, y perseguir a los narcotraficantes bajo la acusación de conspirar.

Todas estas medidas que en el cable se consideran imprescindibles formaron parte de la Ley contra el Crimen Organizado que el Congreso aprobó en 2008 y han sido puestas en marcha, con la excepción de las operaciones encubiertas. Según las autoridades, por falta de recursos.

Para incrementar los recursos, la diplomacia norteamericana se apuntaba a sí misma. Por un lado, se aseguraba que las restricciones que EEUU había impuesto al ejército guatemalteco por sus violaciones de los derechos humanos (un embargo de cooperación militar y una prohibición de venta de armamento desde los años ochenta) eran un factor importante para explicar la escasa capacidad de intercepción por mar y aire, y se añadía que los menos de US$3 millones anuales con los que Estados Unidos cooperaba en Guatemala en la lucha contra las drogas no reflejaban en absoluto sus intereses de impedir que Guatemala se convirtiera en un “narco-estado”.

La evolución hacia el narco-estado que les preocupaba a los estadounidenses tenía más que ver con la policía y el organismo judicial que con los partidos políticos. Aunque aseguraban que había evidencia no sistemática del apoyo de los traficantes a los políticos (préstamo de aviones, financiamiento), aseguraban no tener pruebas de que hubiera partidos o funcionarios que proveyeran protección o favores a los narcos. No pasaba lo mismo con la policía ni en las cortes, en donde la “narco-corrupción” les parecía mucho más evidente.

El debate político: aumentar o reducir militares

Durante el último gobierno se ha alimentado la idea de que aquel recorte al Ejército y la eliminación de ciertas bases dejó un vacío del Estado que fue aprovechado por los traficantes para robustecerse. Colom lo ha reiterado en decenas de ocasiones, en muchas de ellas tratando de culpar de ese desastre a su principal opositor, el patriota Otto Pérez, que en aquel tiempo era comisionado presidencial de seguridad.

De hecho, por medio del acuerdo gubernativo 216-2011, el presidente Colom reformó el que redujo el ejército (178-2004), con lo que se abrió la puerta para aumentar la tropa y el presupuesto militar.

Según el secretario de comunicación, Ronaldo Robles, aunque en alguna ocasión el Presidente se ha referido a análisis estadounidenses, su información y sus conclusiones se basaban principalmente en trabajo de inteligencia e investigación realizado por las fuerzas de seguridad nacionales. “Va desde el sentido común hasta identificación de rutas e investigaciones internas del crimen organizado”, dice Robles, que prefiere no valorar el cable porque no constituye una vía de comunicación oficial entre dos países. Pese a ello, aseguró que si se identificó corrupción en las bases militares, la solución no debía haber sido eliminarlas, sino depurarlas”.

El Partido Patriota, cuyas conversaciones con la embajada han sido reveladas en otro cable y cuya campaña ha hecho hincapié también en la necesidad de ampliar las filas militares, prefirió no hacer ningún comentario. Su jefe de campaña, Mauricio López Bonilla, pidió acceso al cable antes de responder a una pregunta sobre un asunto nacional de seguridad.

Líder, el partido encabezado por Manuel Baldizón, también se ha referido al tema en la campaña. Edgar Ajcip, responsable de su plan de gobierno, considera que decir que no afectó es una mentira porque en San Marcos, afirma, se ven los resultados de haber retirado al ejército. “En ciertos puntos sí afectó: Tajumulco y Tacaná por ejemplo aumentó la siembra de amapola cuando se fue el ejército. Claro que la pobreza también tiene mucho que ver”.

Rodolfo Neutze, ex concejal capitalino por la GANA y secretario general de CREO, no tiene opinión sobre el asunto. "Lo prudente", declaró, "sería preguntar a los funcionarios de Gobierno que trabajaron con Óscar Berger".

Eduardo Stein, vicepresidente del gobierno de 2004 a 2008, explica que durante su administración coincidieron con esta apreciación de los estadounidenses y que la idea que la reducción del ejército afecta la lucha antinarcótica parte de dos premias equivocadas.

“Una es que sólo una fuerza militar es capaz de enfrentar al narcotráfico y no puede hacerlo una policial civil, y otra, que sólo la policía es sujeta a corromperse y el ejército no. Y la historia contemporánea de países vecinos, como México, muestran evidencia de lo contrario”, dijo el exvicepresidente Stein desde Honduras.

"Hace algunas semanas, en una entrevista a El País, Colom ya convirtió el argumento en que hubo complicidad de gobernantes. Y eso se sale de toda proporción y es una gran irresponsabilidad. Además, en tres años y medio, teniendo la capacidad y el discurso sobre el tema, no hizo nada al respecto (para recuperar el tamaño del ejército)," agregó.

Desde que se escribió el cable hasta el momento actual no sólo han pasado cinco años. También ha acontecido una reconfiguración del narcotráfico en Guatemala, con el fortalecimiento de la producción y la distribución, pero sobre todo con la entrada en escena del grupo los Zetas. Los Zetas surgieron como el brazo armado del Cartel del Golfo, al que después quisieron hacerle la competencia, disputándole plazas en México y en Guatemala.

Para el experto en temas militares Héctor Rosada decir si afectó o no es complejo porque cuando se redujo el ejército no existía esta amenaza. Los Zetas no eran aún conocidos. A nivel internacional Felipe Calderón tampoco había iniciado su guerra contra grupos de narcotráfico que a la postre los traería al país.

El grado de violencia entre cárteles que enfrentaban las fuerzas militares en 2004 no era la misma que en 2011, pero no contaban con la expansión estratégica del crimen organizado como eventualmente ocurrió—en el narcotráfico y otras disciplinas militares.

La idea era que la PNC modernizada, con más elementos, llenaría el vacío que dejaría la reducción del Ejército. Sin embargo, dicha medida no se completó.

“El plan también era modernizar el Ejército: reducirlo para volverlo más ágil y eficiente”, afirma Rosada. "Creo que sí se logró pero es que no eran las mismas amenazas”. Y agrega que tampoco ayuda mucho tener a un ejército atrincherado y quizá eso formó parte de la evaluación de la embajada.

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