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Declarar “non grato” a Iván Velásquez fue nulo, le dice la CC a Morales
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Declarar “non grato” a Iván Velásquez fue nulo, le dice la CC a Morales

Autoridades indígenas se manifestaron a favor de Iván Velásquez.
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En las últimas horas Jimmy Morales remontó su posición de debilidad política y sumó apoyos a su causa. Lo demostró en la mañana del martes, al rodearse de más de 200 alcaldes para mostrarse acompañado y respaldado. Sin embargo, el apoyo y respaldo que más necesitaba para lograr una pequeña cuota de legitimidad, el de la Corte de Constitucionalidad (CC), no le fue otorgado.

El máximo tribunal del país le propinó un duro revés al mandatario, al resolver un amparo presentado por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en el que consideró nulo el acuerdo emitido el pasado el domingo, por medio del cual declaró non grato al Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El presidente, señalaron los magistrados de la CC —en una votación dividida, tres contra dos— violó la Constitución al ordenar la expulsión del comisionado.

El fallo de la CC reduce la intensidad de la crisis política desatada la semana pasada por la intempestiva decisión de Morales, pero no la cierra. En los próximos días, el presidente deberá enfrentar las cuatro peticiones de antejuicio que se han sumado en su contra en los tribunales. Una a petición del Ministerio Público y la CICIG por el supuesto delito de financiamiento electoral ilícito. Y tres más por organizaciones de la sociedad civil que lo acusan de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad y violación a la Constitución, por pretender expulsar a Velásquez.

El fallo de la CC se fundamenta en que Morales no siguió el procedimiento correcto al actuar de forma unilateral, en calidad de Presidente de la República pero sin el acompañamiento de ninguno de sus Ministros, la declaración de non grato a Velásquez y su orden de expulsión. Según los artículos 182 y 194 de la Constitución, el jefe de Gobierno debía haber incluido la firma de al menos un Ministro de Estado en el acuerdo que contempla la decisión. “Ese incumplimiento de la solemnidad formal de la que se hace mención, deriva en que el documento reprochado y la decisión resultan nulos de pleno derecho”, señala la resolución.

Los magistrados llaman la atención sobre las “incongruencias” existentes en la redacción de la orden de expulsión. Por un lado, en el cuerpo se fecha el documento a 26 de agosto de 2017, mientras que en el apartado final se cita un día después, el 27 de agosto. “También se hace alusión, como fundamento legal, que la decisión se basa en la literal p) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que no guarda relación con dicha decisión. Este precepto, incluido dentro de las funciones del presidente, señala textualmente que una de sus labores es “recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequátur a los cónsules”.

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El fallo también prohíbe a Morales, de tajo, intentar deshacerse de nuevo del jefe de la CICIG. En concreto, invoca el artículo 12 del Acuerdo entre Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala por el que se estableció la CICIG en 2006. “Toda controversia entre las partes, relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo, se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”, señala el convenio. Es decir que una iniciativa unilateral como la del presidente, “desatiende la regla de solución prevista en el precepto, lo que hace que dicha resolución resulte nula de pleno derecho también por este motivo”, argumenta el fallo. La única opción que tiene Morales para que Velásquez deja la CICIG es negociándolo con la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La decisión, aunque técnica, puso en evidencia la división política existente en el seno de la CC. Al igual que ocurrió el domingo, cuando los magistrados fallaron en el mismo sentido y otorgaron el amparo presentado por los activistas Álvaro Montenegro y Elvin Díaz, la votación se saldó con tres magistrados a favor y dos en contra. La mayoría está compuesta por Francisco De Mata Vela, Gloria Porras y Boanerge Mejía. En contra votaron Neftalí Aldana y Dina Ochoa, esta última designada por el presidente Morales en marzo del año pasado.

La magistrada Dina Ochoa consideró que la CC se había extralimitado, ya que “puede suspender provisionalmente el acto, mas no disponer su suspensión definitiva, lo que únicamente puede realizarse cuando haya agotado la totalidad de los plazos y fases que regula la ley que conlleva la emisión de una sentencia definitiva”.

Para garantizar el cumplimiento de la resolución, la CC ordenó notificar a los ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, así como al director general de la Policía Nacional Civil “se abstengan de ejecutar la decisión del presidente”.

Tensión antes de conocerse la decisión de la CC

Antes de que se conociese el fallo, representantes de autoridades ancestrales, sindicatos y movimientos sociales se habían concentrado ante la CC para respaldar a Velásquez y exigir que se dejase sin efecto la orden de expulsión. Entre los asistentes se encontraba la líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú. Los mensajes seguían la línea de lo expresado en las últimas jornadas: apoyo a la CICIG, a la fiscal general, Thelma Aldana, y exigencia de más investigaciones sobre casos de corrupción.

“Queremos que el Congreso le quite la inmunidad —a Jimmy Morales— y el proceso siga su curso. Exigimos al señor presidente que mantenga una posición congruente con su investidura y no continúe vulnerando las instituciones y la Carta Magna, tomando decisiones que van contra los intereses de Guatemala”, argumentaba una representante de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia. Ante los rumores que en los últimos días hablaban de una salida autoritaria por parte de Morales (un Estado de Sitio), la activista mostraba su confianza en que no llegase a instaurarse “una dictadura de hecho” y se mantengan vigentes los derechos de reunión y manifestación.

Había tensión antes de la comparecencia de la CC. En los corrillos entre periodistas y activistas, rostros serios. Y cada uno sacando sus fuentes a relucir. Unos, asegurando que la CC iba a mantener el amparo otorgado el domingo. Otros, con el temor de que cambiasen las tornas. Hay que recordar que el domingo, en su alocución televisiva, el presidente se mostró desafiante hacia los jueces y, a pesar del fallo, insistió en su voluntad de expulsar a Velásquez. El martes, a través de un mensaje de Facebook, templó los ánimos y aseguró que acataría las decisiones de la justicia. Más rumorología: o bien se había sentido más solo de lo que esperaba y daba un paso atrás o había logrado un nuevo apoyo dentro de la CC y se mostraba magnánimo a la espera de una decisión favorable.

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Nada más conocerse el fallo, estalló la celebración en la entrada de la CC. Francisco Sandoval, líder del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), se felicitaba por la decisión judicial, y recordaba que en su organización, desde hace varios meses, “hemos venido exigiendo la renuncia de Jimmy Morales”. Además, instaba a seguir con las movilizaciones. “Estamos apoyando que Iván se quede. Lo contrario sería una acción a favor de la corrupción”, afirmaba Ana Laines Herrera, alcaldesa Ixil e integrante de la Asamblea Social y Popular.

Quien presentó el amparo otorgado por la CC, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se mostró satisfecho por el fallo. “Restablece el orden constitucional y no hay nadie superior a la ley. Nos toca a los guatemaltecos crear puentes para buscar la cordialidad, respeto, armonía y paz social”. El procurador negó que el comisionado Iván Velásquez fuera a abandonar el país y aseguró que el miércoles 30 de agosto, se reunirá con él. En la mañana, la fiscal Thelma Aldana, había asegurado que si la CC dejaba sin efecto la decisión de Morales, ella no renunciaría del cargo como había advertido días atrás.

En la plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, decenas periodistas y apenas una decena de personas con carteles de denuncia de la corrupción y apoyo a la CICIG. En ese momento, en Casa Presidencial, Morales se reunía con diplomáticos y representantes de la comunidad internacional, a quienes explicaba las razones que lo llevaron a pedir la expulsión del comisionado. “Repitió los argumentos que ya había expuesto en sus mensajes anteriores, y negó que se trate de un asunto personal”, confió a Plaza Pública una fuente que participó en el encuentro.

Jimmy Morales exhibe sus apoyos

La otra cara de la moneda, la de los apoyos a Jimmy Morales, se vio por la mañana. En un acto en la sede del Instituto de Fomento Municipal, convocado por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), el gobernante se rodeó de más de 200 alcaldes, entre ellos el de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, y el de Villa Nueva, Edwin Escobar. En ese encuentro, en el que se sabía respaldado, el presidente sacó a relucir su discurso más bélico, nacionalista y dogmático. Entre ovaciones, se declaró un soldado de la “lucha contra la corrupción”, y se refirió a un enemigo al que no identificó, que busca desestabilizar el país: la CICIG, los movimientos sociales, la comunidad internacional. También habló de la defensa de la “institucionalidad”, que se interpretó como un “cierren filas” tras de mí.

“En vez de movilizarnos con la gente, hemos venido a presentarnos nosotros”, arengó a los alcaldes del presidente de la ANAM, Edwin Escobar, quien lanzó dardos contra quienes abandonaron el gobierno en rechazó a la decisión de Morales. “Qué fácil es dejar el barco”, criticó en alusión a la exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, quien dimitió el domingo junto a sus viceministros.

En la misma línea, Álvaro Arzú jugó con la idea de fuerzas externas que quieren “un estado deshecho”. “No sabemos quiénes son, cuántos son y cómo son”, argumentó, criticando que “son los que dicen que el sistema hay que cambiarlo” pero no aportan alternativas. Más aún, rechazó que la lucha contra la corrupción “la abanderen los más corruptos, los que vivieron de la extorsión”. Ni un nombre sobre el que concretar una acusación de tal calibre. Aún tenía munición dialéctica el expresidente y ahora alcalde. “Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra”, clamó, entre gritos de júbilo de los alcaldes.

Con el respetable ya envalentonado, llegaba el turno de Morales.

“¿Alguno fue acarreado acá?”, preguntó. “¡Noooooo!”, respondieron a coro.

“¿Fueron traídos por la fuerza?”, interrogó. “¡Noooooooo!”, reiteraron los ediles.

“¿Recibieron alguna prebenda?”, interpeló. “¡Noooooooooo!”, suscribieron los alcaldes.

“¿Estamos defendiendo el Estado de Derecho?”, clamó. “¡Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”, fue la respuesta unánime y exaltada.

Además de enumerar sus logros, que es lo que hace todo presidente cuando da un discurso, especialmente si está siendo cuestionado, Morales se aferró a la defensa de la “unidad nacional”. Este fue el concepto más repetido, el de “unidad”. Siempre con la sombra de una amenaza externa que nunca termina de concretarse y a la que no se pone nombre ni apellido. Como dato, negó que se hubiese planteado decretar el Estado de Sitio, un rumor que estuvo muy presente el domingo, cuando la CC debatía el primer amparo que impedía expulsar a Velásquez. Al igual que sus antecesores en el micrófono, Morales reivindicó su “lucha contra la corrupción”. Lo que eludió el presidente fueron las preguntas de los periodistas, que no pudieron interrogarle durante el acto ni a su término.

La crisis política no se cierra

El fallo de la CC es un golpe para Morales ya que le impide consumar su decisión de expulsar a Velásquez. Sin embargo, no cierra la crisis política. Especialmente, porque sobre su espalda pende la espada de Damócles del antejuicio. Ya no solo la petición de investigarle en relación a la presunta financiación ilegal de su partido, FCN-Nación, que promueven la CICIG y el Ministerio Público. También se enfrenta a otras tres peticiones para ser investigado: se trata de las  presentadas por Acción Ciudadana, la Fundación Mirna Mack y cuatro ciudadanos a título individual (Eleonora Muralles, Alejandro Balsells, Álvaro Montenegro y Elvyn Díaz), que acusan al jefe de Gobierno de diversos delitos supuestamente cometidos por la declaración de “persona non grata” a Velásquez y su orden de expulsión.

Los próximos días está previsto que Morales trate reconducir la situación, reuniéndose con diversos actores del país. Entre ellos, el sector empresarial. Sin embargo, queda por ver cómo conviven dos figuras como el jefe del Ejecutivo y el comisionado Velásquez. También, y aquí está la clave, cómo evolucionan las pesquisas sobre el presidente que se presentó en campaña como “ni corrupto ni ladrón” y, dos años después, es señalado por irregularidades supuestamente cometidas en aquella misma campaña. 

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