El intento de aprobar una reforma fiscal en Guatemala tiene una similitud con nuestros deseos de asistir al Mundial de fútbol. Como Estado lo buscamos desde hace más de cincuenta años, no contamos con un equipo formado y preparado para derrotar a los adversarios, siempre nos topamos con un defensa experimentado que sabe cuándo patearnos en la espinilla sin que se dé cuenta el árbitro, cuándo sacar la pelota del campo para perder tiempo y cuándo contragolpear para cerrar los partidos.
Desde 1951 la República de Guatemala ha intentado aprobar una reforma fiscal integral, que asegure la sostenibilidad del Estado de Guatemala y sirva de redistribuidor para fortalecer la democracia. Esta redistribución, como en los países más avanzados, tiene un enfoque en la renta y la propiedad. El resultado ha sido poco exitoso y somos el país con la menor recaudación en el continente, en ocasiones incluso por debajo de Haití. Entre 1951 y 2010, nuestra recaudación ha oscilado entre cinco y doce por ciento y desde hace dos años no ha subido del 10.5%. Con ese nivel de recaudación no podemos soñar con bienes públicos suficientes y de calidad.
La administración del presidente Colom dijo desde la toma de posesión que una prioridad sería la reforma fiscal, pero desaprovechó una propuesta hecha por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, que no llegó si quiera a iniciativa de ley por presión de los empresarios de su gabinete; desaprovechó también el primer año de gobierno; se paralizó políticamente el 2009 por el caso Rosenberg y presentó una propuesta de mini-reforma a finales de ese año, bloqueada desde dentro de su equipo y por la oposición. Pasó 2010 anunciando que estaba a punto de presentar una propuesta de reforma fiscal integral y todavía la seguimos esperando.
Por eso es que el llamado a la oposición –en especial del Partido Patriota– es adecuado pero tardío. Ante aliados clientelares y onerosos para el fisco (Gana, FRG, BG, PAN), y una oposición radical y populista como Líder (también clientelar), la bancada opositora con la que debió buscar acuerdos la mayoritaria, el PP, ahora responde, sin tanta responsabilidad, que podrían dar su apoyo entre la primera y la segunda vuelta.
Lo preocupante del debate fiscal que promueve el Gobierno es la poca creatividad en la propuesta, o en el esbozo de propuesta, que no toca a sectores dinámicos como los exportadores de productos no tradicionales –beneficiados con excepciones fiscales desde hace más de dos décadas y ahora sumamente prósperos–, ni a exportadores tradicionales beneficiados con la especulación en los mercados globales –como el azúcar–, ni a industrias extractivas –como petróleo o minería–, ni tampoco el IUSI ni al sector financiero –tan boyante y con aportes sociales tan limitados para su potencial–.
También es limitado que no incluya en el debate fiscal la otra mitad del campo, la del gasto, con escasísimos avances durante esta administración, que deslegitima la causa. No es que Guatemala sea un país en el que el 90 por ciento del presupuesto se vaya en corrupción como venden argumentos conservadores, pero sí puede mejorarse. Desde 1996 el país se instaló en una dinámica de transparentar el gasto y es uno de los presupuestos más fiscalizables del continente.
Por eso es que pueden licitar carreteras contra toda ética un sábado durante 30 minutos, pero ahora el sistema hace que dejen huella para poder después deducir responsabilidades. Durante los regímenes militares o civiles del pasado se hacía exactamente lo mismo a una escala mucho mayor. La diferencia es que antes no era posible enterarse. En ese sentido, quién sabe, se indigna, y la indignación es el primer momento del cambio.
Así también es indispensable ampliar la fiscalización a la deuda flotante por infraestructura, que oscila entre Q1,500 millones y Q5,000 millones, según la cantidad de corrupción que quiera añadírsele. ¿Qué obras se construyeron y ahora debemos? ¿Qué empresas fueron beneficiadas? ¿Amigos de quién son? ¿Hicieron esas carreteras que se cayeron en el invierno pasado?
En conclusión, el debate fiscal es necesario, sin importar si es año electoral. Pero bien le caería al país que tuviera más creatividad y responsabilidad para todos los sectores. Y también que el Gobierno hiciera pública la propuesta y no sólo se la muestre a los partidos presentes en el Congreso. Desde esta tribuna, estamos plenamente conscientes de la necesidad de una reforma fiscal integral, responsable y justa, para garantizar nuestro sistema democrático y nuestro desarrollo. Pero ese es un debate en el que debe tener voz toda la sociedad.
