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Adrián Zapata Alamilla, el cobrador inconmovible
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Adrián Zapata Alamilla, el cobrador inconmovible

Yo me considero un social demócrata.
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Adrián Zapata Alamilla, el Intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, ha sido el responsable de las intervenciones a empresas evasoras y de la recuperación de Q2.2 millardos en concepto de impuestos no pagados, intereses y moras en tan solo 11 meses de trabajo. Algo nunca visto antes en Guatemala. Su éxito en la recuperación del dinero para el Estado se basa en una frase que repite sin sutilezas a todos los deudores: “o pagan o los intervengo”. Una postura que lo ha colocado como un villano entre los empresarios, pero también como un aliado en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Cuando Adrián Zapata Alamilla se enteró de que Juan Francisco Solórzano Foppa sería nombrado como Superintendente de Administración Tributaria, no dudó en llamarlo para pedirle empleo. Su último trabajo había sido en el Ministerio de Finanzas en 2014, como director de la Asesoría Jurídica, mientras la institución era dirigida por María Castro.

Cuando ella renunció, también decidió dejar la institución. Consiguió trabajo como analista del programa televisivo A las 10 PM del Canal Antigua y puso pausa a 15 años como servidor público. La televisión fue una válvula de escape. Tuvo libertad para exponer sus ideas, una de sus características desde niño, decir lo que piensa, sin tapujos. Tenía nueve meses de salir a cámara, pero quería volver a la actividad gubernamental.

Le dijo a Solórzano Foppa: “Quiero trabajar contigo y tú decides en qué”. Su única condición, en ese momento, era que le aseguraran un salario de Q13 mil, porque con eso satisfacía sus necesidades. Pensaba que podía ser contratado como asesor. Para su sorpresa Solórzano Foppa le ofreció la Intendencia de Asuntos Jurídicos: Tendría que defender los intereses de la entidad, acompañar en materia legal a la institución, pero también ocuparse de una cartera de cobros con evasores y defraudadores de impuestos que se habían mantenido en la impunidad.

Solórzano Foppa y Zapata Alamilla se conocen por sus familias. Sus padres querían cambiar su entorno político, y fueron perseguidos por su ideología y sus luchas. Cuando eran niños, durante la época del conflicto armado interno, salieron al exilio. Crecieron fuera de Guatemala y en una época, aunque en fechas diferentes, vivieron en Cuba.

Los dos abogados se graduaron en la Universidad Rafael Landívar, y se involucraron en el servicio público cuando aún eran estudiantes. Zapata Alamilla fue profesor de Derecho Laboral de Solórzano Foppa.

Su perfil, experiencia y esa historia de vida que los unía, fueron suficientes referencias para ser aceptado en el equipo del nuevo Superintendente. Los antecedentes familiares de ambos funcionarios han servido para que grupos como la Fundación Contra el Terrorismo los cataloguen como los impulsores de “terrorismo fiscal”. Porque según Ricardo Méndez Ruíz, fundador de esta agrupación, tanto Zapata Alamilla como Solórzano Foppa se han dedicado a la “cacería de empresarios”.

Cuando se le menciona que miden su trabajo a partir de su ideología, Zapata Alamilla se apresura a responder: “Ni Juan ni yo lo vemos así. Yo me considero un social demócrata; a mí me formaron para un mundo que no existió. ¡Caray! Sin embargo, o me quedo renegando del mundo y creyendo que todo mundo es un imbécil y siendo un radical sociópata que dice que el Estado es una mierda, o me subo al barco y veo cómo puedo cambiar la realidad para buscar un esquema de mayor justicia, basado en dar a cada quien lo que se merece, basado en capacidad de pago, igualdad de oportunidades, creyendo en el libre mercado, en la oportunidad. Creo en todo eso”.

Cuando el Intendente de Asuntos Jurídicos tomó posesión del cargo, el 23 de abril de 2016, llegó a una oficina con un escritorio vacío, porque ni la computadora le habían dejado luego de un allanamiento del Ministerio Público (MP). Su antecesor, Alfonzo Romeo Castillo Castro, fue detenido junto a otros 11 funcionarios por un caso bautizado por los investigadores como Red de Corrupción en la SAT.

 

Según las pesquisas, con la connivencia de los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la empresa Aceros de Guatemala (AG) consiguió que le autorizaran la devolución de Q95 millones por crédito fiscal. De este monto, ya le habían desembolsado Q11.8 millones. La empresa justificó el reclamo con facturas que simulaban la compraventa de chatarra entre 2006 y 2009. También contrató a una compañía para que hiciera las conexiones con funcionarios de SAT, para que les desestimaran tres querellas por Q255 millones, a través de la alteración de auditorías.

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Paradójicamente, el caso había iniciado por una investigación interna de la SAT. Pero el plan de las autoridades de turno era desligar a AG, bajo el argumento de que no era su responsabilidad velar por la legalidad de sus proveedores. Algunos ya habían fallecido, otros no tenían domicilio fiscal y había quienes no tenían actividad comercial mientras emitían las facturas.

Con ese historial, AG se convirtió en el primer caso que el nuevo Intendente de Asuntos Jurídicos impulsó. Junto a dos asesores de su confianza, algunos jefes de departamento que recién habían sido nombrados y el apoyo del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se hizo la revisión de la documentación del proceso y decidió accionar en contra de la empresa productora de metales más significativa del país.

“Le dije a Juan: 'Vamos con la intervención, controlemos la caja y aseguremos el pago de los impuestos', y me respaldó”, recuerda Zapata. Cuando la SAT realizó esa primera intervención, él mismo se presentó en las oficinas centrales de la empresa, acompañado de policías, fiscales y auditores. Y así ha sido en todos los casos, él a la cabeza, “porque así los empleados sienten el respaldo”, asegura.

Al tener el control de la caja, la SAT podía echar mano de las ganancias para cobrarse la deuda por los impuestos no pagados. A los tres días sucedió algo que no esperaba. AG hizo un depósito en el Banco Industrial por toda su deuda: Q782.9 millones en concepto de reparos, multa del 100 por ciento e intereses. Un monto histórico, porque nunca se había recaudado esa cantidad por la vía administrativa en un solo día. Ese pago le devolvía a la empresa el control de sus cuentas y operaciones y sacaba a la SAT de sus instalaciones. Pero para Zapata Alamilla tuvo otro significado: le permitió demostrar que iba en serio en contra de los evasores.

Los exportadores asustados

Zapata Alamilla es un cobrador de impuestos que por naturaleza no concede espacios para la negociación. “Me han dicho que debo ser dulce, pero ¿cómo puede ser eso si lo mío es cobrar y recuperar el dinero que no han pagado?”, se cuestiona.

Los cafetaleros ya se han quejado de esa actitud. Mariano Ventura, quien fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Arzú y actualmente representa a un sector de los exportadores de café, reclama que han tenido respuestas “tajantes, prepotentes y autoritarias” de parte del Intendente. Su gremio pide que las autoridades de la SAT reevalúen los casos por los que se investiga al sector, porque varios empresarios están embargados, intervenidos y hasta con arraigo, cuando, asegura, no ha sido su responsabilidad que sus proveedores usen facturas falsas.

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La cartera de cobro judicial para el café y el cardamomo en la Intendencia de Zapata Alamilla suma Q3.5 millardos por casos que se abrieron en 2013 y 2014.

Los exportadores se quejan de falta de voluntad política para que atiendan sus peticiones. Porque mientras un proceso judicial está en curso, ellos no pueden cobrar lo que se les adeuda por crédito fiscal.

Pero Zapata Alamilla es rotundo. A todos los empresarios y representantes legales que le han visitado en su oficina, les dice lo mismo: “Aquí tengo la intervención avalada por un juez; si no pagan, los intervengo mañana”.

Ventura, en nombre de los exportadores de café y cardamomo, alega que se sienten “asustados por los problemas penales y que todo ha tenido un efecto psicológico en los empresarios”. Argumenta que el perjuicio es para toda la cadena de producción de café, porque con estos problemas legales no pueden acceder a créditos para sembrar y cosechar.

A Zapata Alamilla esto no lo conmueve. Responde que, con tantas evidencias, no puede desistir de los procesos. “Los casos en los que hemos intervenido son los más burdos. En el último que efectuamos, entramos en una oficina pequeña y encontramos documentación de ocho o nueve empresas de proveedores. Sellos en cajas ordenados con facturas y cheques firmados, lo cual hace evidente la simulación de la cadena de producción para la devolución del dinero”, cuenta.

“Tenemos prueba contundente”, insiste. Después de una brevísima pausa, expone que tampoco puede criminalizar a todo el gremio cafetalero. “Puede ser que haya gente que no tenga problemas y por eso es importante que se retire el secreto bancario”, dice. Porque ahora la SAT podrá revisar las cuentas bancarias de los empresarios desde 2013.

Pero los exportadores de café y cardamomo no se rinden. Han solicitado al Congreso que les avale una amnistía fiscal. Si eso sucede, los planes de cobro del Intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT cambiarán. “Si exoneran al sector cafetalero el pago se diluye en convenios y no es tan segura la recuperación. Porque si incumplen con los pagos tienen que ir a un (proceso) económico coactivo y eso será incobrable”.

Solo pensar en esta posibilidad hace que su rostro se descomponga. Se enrojece, se quita los lentes y se pasa una mano por los ojos como para aclarar la visión. No confía en que los evasores se pongan al día ni que los que ahora piden exenciones fiscales, como el gremio ganadero, vayan a regularizarse y pagar los impuestos mínimos que los diputados les autoricen. “Yo no le tengo mucha fe a eso porque aquí los tengo en audiencias (de pago) con un esquema que ya era cómodo y no lo hicieron. Ahora el factor que los mueve es el miedo”, matiza.

Un miedo que los empresarios tratan de ocultar, pero que está presente desde que se hizo pública la intervención y el pago millonario de AG. Solo con ese proceso, el Intendente Jurídico cuadriplicó en dos semanas la meta de Q175 millones que tenía que recaudar por la vía judicial en 2016.

AG fue el primero, pero hubo muchos más en 2016.Encontró como aliado a Brenner López, el fiscal que investiga los delitos económicos y emprendieron la persecución en contra de los evasores. “Venía todos los días a la fiscalía para aportar ideas de los casos y proponer diligencias. Algo que no había ocurrido con las anteriores administraciones”, recuerda el fiscal.

Las anteriores autoridades impulsaron cientos de denuncias, pero tuvieron que depurarlas. “Porque cuando un ampón tira una atarraya y está extorsionando (a los empresarios), no todas pueden tener fundamento”, refiere Zapata Alamilla. A su antecesor le tuvieron que revisar hasta el cielo falso de la oficina, porque en su casa le decomisaron Q3 millones.

Como había casos “bien fundamentados”, empezó una seguidilla de intervenciones: Distribuidora Big Cola, el Hotel Camino Real, Unisuper, farmacias Galeno, Multiperfiles, Café Vero, Agropecuaria Bell y otros exportadores de café y cardamomo, incluso una empresa de eventos vacacionales que vendía membresías como acciones. Para evitarlas , las empresas corrían a pagar sus deudas. Así se logró la meta histórica de Q2 mil millones 180 mil en 2016.

Una niñez itinerante y amenazada

En el sexto nivel de las oficinas centrales de la SAT, en donde se ubican las instalaciones de la Intendencia Jurídica, hay un pizarrón de corcho en el que se lleva la cuenta de la recaudación. El mandatario judicial coloca ahí una copia del cobro que ha hecho a una empresa y, en hojas bond se imprime el monto recaudado. En enero y febrero de este año lograron Q52 millones. Desde el año pasado, cada dos meses se realiza un acto de reconocimiento a los logros de todos los trabajadores de la Intendencia.

Porque Zapata Alamilla considera que otro de sus logros ha sido rescatar la imagen que tenía su unidad. Muchos trabajadores tenían "la moral por los suelos” porque los habían tratado como sospechosos. Él también desconfiaba de ellos, pero no quería despedirlos sin antes darles una oportunidad. Les hizo pruebas de polígrafo y a los que pasaron los dejó en sus puestos. Casi el 80% de los empleados que estaban cuando llegó continúan en funciones. La fuerza de trabajo en esta Intendencia es de 150 personas, entre técnicos, auditores y abogados.

No todas las intervenciones a empresas se hicieron públicas. “Mi objetivo no es matar comercialmente a una entidad. Allá ellos con su moral y su ética”, explica Zapata Alamilla.

 

Los casos que persigue el Intendente de Asuntos Jurídicos no son a discreción. La Intendencia de Fiscalización supervisa, inspecciona y verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A quien no paga o paga menos de lo que debe o simula documentación para justificar deducciones tributarias, se le abre un expediente y el encargado de demandarlo y obligarle a saldar sus deudas es la oficina que dirige Zapata Alamilla. Pero cuando los expedientes llegan, sostiene el intendente, ahí sí es él quien decide (a qué se le da prioridad).

Zapata Alamilla tiene 42 años y ha trabajado en el servicio público desde 1998, cuando recién acababa de iniciar los estudios universitarios. Empezó una carrera en el Organismo Judicial que apenas duró seis años. Fue notificador III del Juzgado Quinto de Familia, luego oficial III del Juzgado Séptimo de Trabajo y terminó en 2004 como notificador III del Juzgado Octavo de Instancia Civil.

Desde entonces ya daba muestras de su repulsa a la corrupción y su carácter extrovertido y su actitud impulsiva. Sus padres, Adrián Zapata e Ileana Alamilla, dos profesionales que en su juventud militaron en el movimiento revolucionario, recuerdan cuando en las vísperas de una Navidad, el joven llevó una manta al trabajo con esta leyenda: “Dar regalos también es corrupción”. Desde entonces se acostumbraba que los abogados llevaran obsequios a los oficiales, para quedar bien por el buen trato durante el año y comprometerlos con futuros favores.

La manta se hizo famosa. A él no le importó lo que pudieran pensar sus compañeros de trabajo que sí recibían las dádivas ni lo que pudieran decir o hacer los abogados.

Se graduó en 2004. Su tesis de grado, asesorada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina, reflejaba su interés por el derecho laboral. Trabajó un texto en el que hacía recomendaciones de cómo tratar las excepciones dentro del juicio ordinario laboral. Un documento en donde explica que se deben dar condiciones iguales al demandado y al demandante durante un proceso de reclamo.

Zapata Alamilla vivió casi toda su infancia y su juventud fuera de Guatemala. Sus padres fueron perseguidos por el régimen mientras vivían en Cobán. El papá era un catedrático universitario que asesoraba al movimiento campesino en ese municipio, y Alamilla, la madre, trabaja con la Diócesis de Cobán. Un día el pueblo amaneció con pintas que decían “Zapata comunista”. El Ministro de Educación de ese entonces, que era un militar designado por el entonces presidente Romeo Lucas García, lo mandó a llamar para avisarle de que tenía sentencia de muerte. “Mejor no regrese a Cobán porque lo van a matar y no queremos problemas”, le dijo.

La pareja tenía tres hijos: Patricia, que entonces contaba siete años; Adrián, de tres, y Pablo, un año. En noviembre de 1978, la familia dejó el país y se fue a Costa Rica. Ahí empezó el periplo obligado. Un exilio que se extendió hasta pocos meses antes de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. Vivieron poco tiempo en Costa Rica, porque para entonces la ebullición de los movimientos revolucionarios estaban en pleno auge. Pero como no podían volver a Guatemala, el movimiento guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en la que militaban sus padres, los envió a Cuba en 1980, y después a Nicaragua por el triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional y luego a México, de 1983 hasta 1993.

Adrián Zapata Alamilla estudió en escuelas públicas en todos esos lugares. Sus padres estaban concentrados en trabajar para el movimiento revolucionario desde afuera, buscaban apoyos para un movimiento político que, creían, podía quitar a los militares y tomar el poder.

Mientras se ocupaban de esas tareas y de buscar el apoyo internacional para sus propósitos, también tenían que lidiar con los hijos adolescentes. Adrián era el que menos interés mostraba en los estudios y estaba empecinado en jugar fútbol americano.

Antes de volver a Guatemala vivieron un tiempo en El Salvador. En las vísperas de la firma de la paz, él fue el único de los tres hermanos que decidió volver a Guatemala. Sus padres lo enviaron a vivir con una de sus abuelas, para que pudiera terminar el bachillerato y se le facilitara la inscripción en la Universidad. Cuando su familia regresó, les informó que sería abogado y que iba a trabajar para costearse los estudios. Los sorprendió, según recuerdan.

“Él solito decidió su camino”, recuerda su madre. “Me inscribí en la Universidad Rafael Landívar porque ya no era chavito y no quería retrasar más mis estudios”, explica. La Universidad de San Carlos no le parecía el mejor camino debido a las constantes huelgas y paros que protagonizaban los estudiantes.

Cuando dejó el Organismo Judicial, emprendió un camino que lo llevó a dar asesorías jurídicas en los ministerios de Salud y Energía y Minas. Fue interventor del Hospital Roosevelt y en 2008 salió a Colombia para estudiar un posgrado en Derecho Laboral, por medio de una beca, en la Universidad Javeriana.

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Con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), de la que es asociado, trabajó de 2009 a 2012, como coordinador de un proyecto de asesoría laboral para Centro América y República Dominicana, vinculado directamente al Ministerio de Trabajo. Al mismo tiempo, entre 2010 y 2011, fue asesor de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Tercer Viceministerio de Gobernación. De ahí dio el salto a la cartera de Finanzas. Trabajó junto al exministro Pavel Centeno como Director de la Asesoría Jurídica en 2012 y 2013. Asesoró en 2013 al ministro de Agricultura, y luego volvió a su puesto en Finanzas, junto a María Castro.

“Me fui cuando vi el gasto que terminó haciendo el Partido Patriota, porque me sentí usado en mi quehacer y mis capacidades y hastiado”, recuerda. No tenía otra propuesta de trabajo, pero no le importó, porque como es “soltero y no tiene hijos”, no tenía más compromiso que con su propia conciencia.

Zapata, el de la tele; Zapata, el de elPeladero

Como analista y entrevistador en los programas A las 10 PM y Destino 2016, de Canal Antigua (propiedad del exministro de Energía y Minas y prófugo de la justicia, Erick Archila) observó, analizó y entrevistó a los protagonistas de la lucha contra la corrupción. El tema de 2015 se centró en el caso de defraudación aduanera La Línea, que llevó a prisión a dos exsuperintendentes: Carlos Muñoz y Omar Franco, así como a la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio. Toda la SAT estaba copada por las fuerzas oscuras y se había convertido en un espacio en donde el más alto funcionario de la línea jerárquica hasta el revisor de mercadería en una aduana, estaban involucrados y recibían coimas.

Por eso Zapata Alamilla dice que se “encabrona” cuando recuerda que le han dicho “corrupto” y que han “regado la bola de que me investiga la CICIG”. La idea de que lo quieran mezclar con ese pasado oscuro, lo exalta. La sección elPeladero, del diario elPeriódico ha publicado una serie de chismes, sin fuentes ni verificaición, que cuestionan cómo adquirió su apartamento y las razones que lo llevaron a contratar a su asesora, María Guisela Viana Vidal.

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La solución para enfrentar los ataques: publicar su declaración patrimonial. Le propuso a toda la cúpula de la SAT que perdieran el miedo a contar cuánto poseían como un acto de transparencia y todos accedieron.

 

“Tengo un departamento en el que hay inversión de toda mi familia”, asegura. Sus padres confirman esa versión, pues aseguran que le proveyeron los fondos que consiguieron con la venta de una casa y que su hermano menor, que vive en México, también le prestó dinero para comprar un departamento en la zona 10 capitalina. El inmueble está valorado en Q853 mil 776. En la declaración también aparece que tiene una deuda familiar por Q1.2 millones. “Tengo una renta vitalicia con mis viejos, eso es mejor inversión que pagarle a un banco por un crédito”, expone Zapata Alamilla.

CACIF: No comment

Cuando se consulta a la cúpula empresarial su opinión sobre el trabajo que ha hecho el Intendente y las críticas que se han difundido en su contra, nadie emite comentarios. Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro) se limitó a decir: “no lo conozco ni he tenido ninguna relación con él”. José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), refiere que “nunca ha tenido comunicación” con él.

Un pariente lejano suyo, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), emite una sucinta opinión sobre el Intendente: “Está cumpliendo con su trabajo y su labor es importante”, dice, a secas. Aunque llevan el mismo apellido, porque sus padres son medios hermanos, se han criado en esferas opuestas, distantes en su vínculo familiar, pero también en la forma en la que perciben la realidad del país.

Fundesa, brazo social del sector empresarial, sostiene que la solución a la deficiencia económica para sostener el Estado está en incrementar la base tributaria. Zapata Alamilla considera que además de eso, lo fundamental es que cada persona o entidad cumpla con sus responsabilidades fiscales, “en la medida en que corresponde”. El único atisbo de duda que genera la labor del Intendente es en los criterios que utiliza para elegir qué casos va a perseguir. “Lo importante es que más que criterios mediáticos, se tomen criterios técnicos”, argumenta Juan Carlos Zapata. 

 

La abstinencia a compartir impresiones sobre Zapata Alamilla dentro del sector empresarial, quizá encuentre razón en que la figura que ha resaltado más es la de Solórzano Foppa. Ninguno de los entrevistados quiso comentar si temían por la persecución fiscal a los deudores o se atrevió a emitir consideraciones sobre las repercusiones del trabajo de la SAT.

Ni siquiera Solórzano Foppa accedió a conceder una entrevista para hablar sobre las razones por las que había elegido a Zapata Alamilla en el cargo, ni respondió si lo respaldaba ante los ataques que ha recibido. “No considero ahorita apropiado dar ese tipo de entrevista”, dijo a través de un mensaje de WhatsApp.

A pesar que es Zapata Alamilla el cerebro de las acciones de “justicia fiscal” —así le llama él a las intervenciones de empresas que durante años mantuvieron deudas pendientes con el fisco—, la figura que se lleva los réditos de estos logros ha sido Solórzano Foppa. Un personaje que acumula reconocimientos por sus antecedentes de trabajo investigativo en el Ministerio Público y por generar los cambios institucionales a partir del apoyo de la CICIG y la embajada de Estados Unidos.

Hasta el momento no parece haber una disputa por la popularidad que cada uno acumula, quizá porque Zapata Alamilla dice que su idea de “trascender” es transformar la realidad que lo rodea.

En una entrevista de apenas una hora, que concede en una oficina sobria, sin elementos que permitan identificar la personalidad de quién la posee, el discurso de Zapata Alamilla es tajante: no está dispuesto a dar un paso atrás, va a seguir con los cobros y las intervenciones. “Hasta que me echen o hasta que me maten. No me importa”.

Apenas tiene 11 meses en el puesto, pero no se anima a confirmar que se vaya a quedar los cinco años que dura el mandato de Solórzano Foppa. Todo depende de “que me dejen trabajar”, asegura.

Hasta el momento tiene el respaldo de su jefe. “Si no lo tuviera, ya me hubiera ido”, sentencia. Dice estar preparado para irse en cualquier momento. Por eso se niega a decorar la oficina, no hay un solo elemento que le pertenezca ahí. “Estoy listo para irme, porque estoy como cuando vine: sin nada”.

Las intimidaciones no lo han cohibido, pero han cobrado efecto en su vida. Desde el año pasado, Zapata Alamilla cambió su rutina. Se acompaña de un escolta y un conductor y dejó de usar el vehículo Mercedez Benz modelo 2007, para usar un carro blindado que le proporciona la SAT para su seguridad.

Pero asegura que no tiene miedo. Y que tampoco le gusta que le teman, “porque eso no es productivo”.

Su ideal es que la ciudadanía entera se suba a un barco que lleve a la construcción del país. Y eso implica el pago de impuestos y la participación en el ámbito público. Exaltado, emite un monólogo, un discurso, luego se da cuenta de que es para los reporteros que le escuchan, y finalmente, lo modula como queriendo hacer conciencia a quienes vayan a leer la nota.

“Es que queremos un Estado fuerte pero no queremos financiarlo, bajo el argumento de que todo se lo roban. Si alguien quiere hacer el cambio, venga y métase al servicio público, en donde nos lapidan, en donde nos difaman, en donde no se gana tanto como la gente cree (su salario es de Q53 mil con descuentos). Porque el motor del desarrollo no es la empresa, la empresa se come una a otra, la única forma de regular es el Estado, eso sí con una visión de libertad, con respeto a las libertades, pero no olvidemos el bien común como fin último”.

A Zapata Alamilla le pasan muchas ideas por la mente. Habla rápido y no se contiene cuando expone sus argumentos para componer el país. “Es que soy impulsivo, un problema que he tratado de controlar”, asegura. Para no perderse en medio de sus argumentos, tiene una pizarra en su oficina que le muestra su objetivo. Una cifra escrita en rojo: Q885 millones. Esa es la meta que debe cumplir este año. “Pero”, aclara, “en un marco de legalidad y justicia”.

Zapata Alamilla es un cobrador de impuestos que por naturaleza no concede espacios para la negociación. “Me han dicho que debo ser dulce, pero ¿cómo puede ser eso si lo mío es cobrar y recuperar el dinero que no han pagado?”, se cuestiona.
Hasta el momento tiene el respaldo de su jefe. “Si no lo tuviera, ya me hubiera ido”, sentencia. Dice estar preparado para irse en cualquier momento. Por eso se niega a decorar la oficina, no hay un solo elemento que le pertenezca ahí. “Estoy listo para irme, porque estoy como cuando vine: sin nada”.
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