La actual administración de gobierno al igual que las anteriores, sigue otorgando licencias de exploración y explotación a empresas extranjeras, en condiciones que vulneran los derechos de soberanía, de libre determinación de los pueblos y el derecho a un medio ambiente sano y seguro. En los territorios donde operan este tipo de empresas, las comunidades se han opuesto a sus actividades y han denunciado que las principales fuentes hídricas que sirven para consumo de la población, hoy se encuentran contaminadas y no son aptas para el consumo humano. En este caso, la razón asiste a las comunidades que se oponen a las operaciones de las empresas mineras, porque la opinión de los pobladores no es tomada en cuenta, en abierta violación a los derechos humanos y a convenios internacionales de los cuales el Estado es parte, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Política de la República.
La oposición de las poblaciones no es caprichosa, las denuncias y acciones de protesta que reiteradamente hacen, han logrado captar el interés y la atención de expertos, técnicos y profesionales extranjeros, quienes han llegado al país para verificar las denuncias y hacer estudios in situ, cuyo resultado ha servido para comprobar que las preocupaciones de las comunidades tienen suficiente sustento y asidero, por tal razón, estos estudios han generado coincidentes condenas a la actividad minera y al comportamiento antiético de los empresarios extranjeros.
Por medio de la Guatemala Human Rights Commission, GHRC, de Washington, D.C., supe que una delegación de expertos estadounidenses encabezada por el ingeniero y experto en minería Rob Robinson, visitó el país para evaluar las consecuencias que tiene para los seres humanos y el medio ambiente, la operación de la mina de oro en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, por poner en peligro el bienestar de esas comunidades y por contaminar las escasas fuentes de agua. Ese temor fue confirmado por Robinson, quien analizó la Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, de la mina de oro Tambor. Vino a Guatemala a mediados de febrero, para presentar sus conclusiones al Gobierno, la prensa y las comunidades afectadas. "El análisis es tan malo que no nos puede ayudar a predecir o prevenir los efectos negativos de la mina… No da la confianza de que la empresa minera va a proteger el medio ambiente o la salud de las comunidades", dijo.
La Exmingua, a cargo de la explotación, es una subsidiaria de la empresa estadounidense de minería Kappes, Cassidy & Associates, que presentó el EIA al Gobierno de Guatemala en 2010, como requisito previo a la concesión de la licencia de explotación minera. El EIA tiene poco análisis de impacto de la mina. Una de las mayores preocupaciones es la cantidad de arsénico que se libera en el medio ambiente por la operación minera. "Ya existe preocupación por los altos niveles de arsénico que naturalmente existen en el suministro de agua", dijo Robinson. "Las operaciones mineras perturban una gran cantidad de roca, dejando al descubierto nuevos minerales en el medio ambiente. Aun el polvo causado por la minería podría tener arsénico en ella. La evaluación de impacto ambiental no se ocupa de esta cuestión."
Luego Robinson sostuvo, "La mayoría de los mapas, planos y dibujos de ingeniería son completamente ilegibles" y sentenció: "Cuando se tiene drenaje ácido de minas, el impacto es para siempre”.
¿Hasta cuándo seguiremos aguantando?
* Publicado en La Hora, 22 de febrero
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