Los casos incluyen las muertes violentas y despidos injustificados de líderes y activistas del movimiento sindical y la sistemática violación de los derechos de los trabajadores/as, especialmente en las maquilas.
Desde un extremo a otro de la balanza se han registrado reacciones. Por una parte, los sectores más conservadores han querido señalar la “enorme irresponsabilidad” de un grupo de activistas que no mide las consecuencias de sus acciones al plantear reclamos que afectan al comercio exterior del país, mientras los ámbitos progresistas claman al cielo —y a los fondos de los cooperantes— por un ambiente de represión absoluta hacia cualquier intento de organización de los trabajadores o movimiento social. Tampoco ha faltado quien se refiera a las muertes violentas de activistas sindicales como los daños colaterales de vivir en una sociedad con un promedio de 18 víctimas de la violencia al día. Al parecer, la forma más seria de encarar este debate es poner cara de jugador de póquer y afirmar que, en realidad, estos no son problemas nuestros. Son problemas creados por otros y que les corresponde a esos otros resolver.
Esta actitud parecería ser parte de la historia trágica alrededor de la Inspección General del Trabajo (IGT). Desde la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en 2004 se ha avanzado en varias instancias tripartitas sobre posibles soluciones para sancionar el incumplimiento de la ley laboral. Sin embargo, poco se ha hecho para concretar algunos de los acuerdos alcanzados en aspectos tales como la creación de tribunales de ínfima cuantía, específicos para el juzgamiento de faltas.
La urgencia, impuesta por Washington, ha hecho a los sectores empleador y trabajador desempolvar sus planes sobre esta materia, aunque sin dejar de lado actitudes de trinchera, que señalan que la responsabilidad de mejorar el sistema de Inspección recae exclusivamente sobre el Estado y no sobre ellos, mientras el Estado señala como el gran obstáculo la falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores. En términos coloquiales, el problema “se dejó al tiempo” y, en cierta forma, la negativa continuada hizo que el tema desaparezca del inconsciente colectivo del tripartismo, aunque parezca improbable que se puedan ignorar la infinidad de causas no resueltas por la IGT, que han pasado a formar parte de la carga de los juzgados, y han muerto por abandono o desistimiento de quien no puede esperar dos años para cobrar unas prestaciones adeudadas, ni puede solventar los honorarios de un abogado.
Pese a la gravedad individual de cada uno de los casos que fundamentan el reclamo laboral del DR-Cafta, es importante entender que reflejan un contexto determinado, y que es sobre este que debe registrarse una intervención que cambie las condiciones que permiten las violaciones a los derechos laborales, y que eviten el surgimiento de nuevos casos en el futuro.
En otras palabras, un marco de política pública en materia laboral debe modificar las reglas de juego vigentes, para evitar que nuevos casos aparezcan en el contexto de los acuerdos a firmarse con otros posibles socios comerciales de Guatemala, especialmente en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Sin embargo, la finalidad esencial de evitar el surgimiento de nuevos casos no debe ser exclusivamente el comercio exterior, sino la consecución del bien común y el mejoramiento de condiciones de vida para la población en general a través del respeto a los derechos de los trabajadores, en un marco que fomente el crecimiento económico.
La política pública es una construcción compleja que permite orientar el accionar del Estado hacia la consecución de unos fines determinados. Implica un ejercicio de planificación a mediano y largo plazos y la voluntad de implementar un conjunto de estrategias para conseguir esos fines.
En el caso de lo laboral, una política pública de esta naturaleza debe integrar las acciones de varias dependencias estatales, incluyendo los ministerios de Economía, Exteriores y Trabajo, y del Instituto Nacional de Estadística. Debe vincular el cumplimiento de la ley laboral y las Normas Internacionales del Trabajo con la generación de empleo, el fomento de valores empresariales, la agenda nacional de competitividad y el diseño del sistema educativo.
En un marco de política semejante al planteado, la Inspección General del Trabajo desempeña un papel fundamental, como un ente que vigila por el cumplimiento de la ley, y que debe tener la capacidad de hacer valer sus decisiones.
Lo anterior suena a utopía, pero en este caso tiene nombre y antecedentes en otros países de la región: la formulación de una Agenda Nacional de Trabajo Decente, de acuerdo con los dictados de la Organización Internacional del Trabajo. El concepto de Trabajo Decente combina los principios de diálogo social, trabajo productivo, protección social e ingresos adecuados en una acción de coordinación de la institucionalidad pública, para la implementación de estrategias plausibles y medibles a través de indicadores que permitirán conocer el nivel de avance. La Agenda debe determinar, además, las necesidades presupuestarias esenciales para poder hacer realidad sus intenciones.
La formulación de la Agenda Nacional de Trabajo Decente es una responsabilidad estatal pendiente de cumplimiento, pero que debe ser asumida como un esfuerzo conjunto del tripartismo y de las organizaciones que se vinculan al mundo de lo laboral. Su formulación requerirá de un proceso de consulta hacia todos los sectores, y deberá involucrar un importante esfuerzo de diálogo, en el cual sin duda alguna se podrá contar con el apoyo de la cooperación internacional. Adicionalmente, existen ya esfuerzos adelantados por institutos de investigación en esta materia.
Seguramente al finalizar esta lectura, muchos siguen sin considerar como nuestro problema cambiar esta situación. Particularmente, veo injusto que un ciudadano cualquiera tenga que ver como sus impuestos lleguen a transformarse en los montos requeridos para pagar la multa que se podría imponer como consecuencia de un proceso de arbitraje del DR-Cafta, por mucho que estos fondos se conviertan en el origen de una agenda de cooperación técnica para Guatemala.
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