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El alcalde de Santo Domingo Suchitepéquez, Miguel Ángel Ixcal Pérez del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, en su casa luego de varias reuniones sostenidas en el día.

El alcalde de Codeca en Santo Domingo Suchitepéquez

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Reportaje

El alcalde de Codeca en Santo Domingo Suchitepéquez

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Miguel Ángel Ixcal Pérez, maya quiché de 58 años, tiene una trayectoria de más de dos décadas como militante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Ganó la alcaldía en Santo Domingo Suchitepéquez, municipio en el que nació este movimiento indígena campesino hace poco más de 30 años. Se ubica en la Costa Sur y es mayoritariamente rural con más de la mitad de su territorio ocupado con plantaciones de caña, palma y banano. Ixcal Pérez conoce la pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a servicios básicos en el municipio. Para cambiar esta realidad, dice, no se necesitan reformas, se requiere «cambiar todo el sistema».

Miguel Ángel Ixcal Pérez se sienta en el salón municipal ante más de 50 líderes comunitarios y representantes de instituciones estatales en Santo Domingo Suchitepéquez para liderar la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) del año.

Es su presentación como alcalde luego de ser electo por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), el partido que surgió de las bases de Codeca con la propuesta de fundar un nuevo Estado plurinacional.

La alcaldía de Santo Domingo Suchitepéquez y la de Panajachel, Sololá, son las únicas dos de 340 que el MLP logró ganar en las elecciones pasadas. El partido se canceló tras no lograr una sola diputación, aunque líderes comunitarios en la Costa Sur aseguran que ya trabajan para inscribir una nueva organización política.

Algunas personas que integran el Comude lo reciben con reclamos porque la reunión arrancó sin una merienda, como se acostumbraba en la anterior administración. Le exigen que para las próximas sesiones la municipalidad facilite el transporte, pues varios líderes provienen de zonas a más de una hora de distancia del casco urbano y llegan en ayunas.

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El alcalde escucha con serenidad y toma el micrófono. Advierte que las finanzas municipales son críticas porque la anterior administración adeuda tres salarios a 229 trabajadores, 1 millón 500,000 quetzales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y 800,000 quetzales a Energuate, según las estimaciones preliminares. Logra apaciguar los reclamos.

«Entiendo que pidan transporte, de verdad lo entiendo. Y si ustedes quieren ahorita podemos sacar un préstamo y nos endeudamos. Pero somos nosotros quienes lo vamos a pagar, o quizá serán nuestros nietos. Lo que yo he visto es que aquí todo ha sido papá muni o mamá muni», advierte el jefe edil.

Ixcal Pérez quiere promover la austeridad como política municipal. Su liderazgo y reconocimiento lo forjó por experiencias que van desde dirigente deportivo de equipos de futbol en su comunidad, hasta una trayectoria de 23 años como defensor de derechos humanos en Codeca. 

Asegura conocer los 22 departamentos y sus 340 municipios por sus años de militancia. Se unió a la organización para luchar por el derecho a una tierra que le permitiera cultivar y subsistir. Rápidamente, se convirtió en un promotor de este y otros ejes de trabajo de Codeca a nivel nacional.

«Una vez escuché que iba a haber una reunión de Codeca aquí en la comunidad. Le dije a mi esposa que iría porque no contábamos con tierra. Escuché que luchaban por la tenencia de la tierra y me gustó. Así comencé a participar en las reuniones», recuerda.

Transcurrieron dos décadas para que Ixcal Pérez fuera electo alcalde de su municipio. Esta mañana logró zanjar el descontento de líderes comunitarios por la falta de refacción y transporte, pero este no será el único reto, ni tampoco el mayor, como representante de un movimiento que se propone desmontar los andamiajes del Estado y construir un proyecto plurinacional.

De las luchas comunitarias a las contiendas electorales

«Soy un indígena de naturaleza. Soy guatemalteco y soy campesino», exclamó Ixcal Pérez el 15 de enero en el acto protocolario en el que tomó posesión como alcalde en el salón de la municipalidad de Santo Domingo Suchitepéquez.

Con un sombrero y una camisa blanca bordada en las extremidades, cuestionó a la corporación saliente por no brindar reportes de las finanzas municipales. Habló de una «democracia participativa» en la que los pueblos originarios participen en la toma de decisiones.

La hoja de vida que presentó a sus votantes incluye diversas experiencias. Es agricultor dedicado a la siembra de maíz, se le reconoce como defensor de los derechos humanos de sectores campesinos e indígenas por más de 20 años y, en los últimos cuatro años, fue asesor político en el Congreso de la República de la exdiputada del MLP, Vicenta Jerónimo.

Cuenta que tiene un año de estudios primarios, pero asegura que sus principales credenciales son sus años de lucha por el desarrollo de las comunidades.

«Tuve el don de estar en la lucha comunitaria. El primer paso fue darme a conocer en las comunidades. Esta luz eléctrica que vemos la gestionamos nosotros a través de un Comité Promejoramiento de la Comunidad. Fui alcalde auxiliar, integré la junta directiva de la iglesia católica y dirigí equipos de futbol en la comunidad», cuenta.

En 1999, a sus 34 años, se integró a Codeca para luchar por una tierra que le permitiera cultivar para subsistir. Luego, fue delegado por la dirigencia a realizar viajes para trabajar en el eje de derechos humanos y reconciliación.

«Comencé a viajar a Guatemala. Discutimos los Acuerdos de Paz y temas como el resarcimiento económico, la tierra y el apoyo psicosocial a las viudas del Conflicto Armado Interno. Luego comencé a viajar a Retalhuleu, Quetzaltenango, Cobán y así, sucesivamente, fui saliendo del departamento. Fui dos veces presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. En Codeca coordinamos subsidios para el pequeño agricultor. Así llegué a conocer a los gobiernos y sus políticas», narra.

Llegar a la comuna le tomó cuatro campañas electorales en las que buscó postularse con organizaciones políticas sensibilizadas con las necesidades que viven los campesinos y pueblos indígenas, cuenta.

Los primeros dos intentos fueron en 2011 y 2015 con el Comité Cívico La Milpa. Para el proceso electoral 2019 fue su primera candidatura con el MLP, pero fue superado por el exalcalde de Vamos, Marvin Gustavo Pérez. Finalmente, en las últimas elecciones fue electo con el MLP con el 30 por ciento de los votos.

Afirma que su victoria fue gracias, en parte, al apoyo las bases de Codeca presentes el municipio que lo acompañaron en las actividades de campaña, pero que en el camino se sumaron otras comunidades que no estaban organizadas. El común denominador era el cansancio a administraciones anteriores que «saqueaban el municipio» y desatendían las necesidades de la población.

«El triunfo fue popular. La población financió la campaña. Ofreció vehículos, llevó agua pura y cubrió el combustible. Tenemos la deuda de servirle a las personas. En mi caso, fue poco el gasto que hice», comenta. 

A los habitantes de Santo Domingo ofreció gestionar apoyos para equipar con medicamentos y enfermeras puestos de salud, traer más maestros a las escuelas y mejorar las condiciones de la carretera que conecta el casco urbano con comunidades. Y, principalmente, devolverle la autonomía al municipio para que «las decisiones relacionadas a proyectos las tomen las comunidades y no las imponga el concejo de un alcalde».

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Territorio agrícola

Santo Domingo Suchitepéquez abarca 242 kilómetros cuadrados que se extienden como una franja desde el centro del departamento hasta el litoral del Pacífico. El casco urbano es un área rectangular al norte del municipio que, una vez caída la tarde, se percibe vacío.

La mayoría de habitantes, alrededor de ocho de cada diez, viven en áreas rurales al sur, según el último Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) elaborado en 2019.
Ixcal Pérez vive en Las Delicias, una de las comunidades rurales al sur cuya única conexión con el casco urbano es una carretera de terracería que se extiende por aproximadamente 33 turbulentos kilómetros asediados por plantaciones de palma africana, hule y caña. Más al sur también hay fincas bananeras y de plátano.

Estos monocultivos abarcan 13,316 hectáreas de Santo Domingo Suchitepéquez, un área que equivale al 56.39 por ciento de todo el municipio —más de la mitad—, según el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra del Ministerio de Ambiente, Ganadería y Agricultura (Maga) del 2020. Cultivos como la siembra y el maíz apenas ocupan el seis por ciento del territorio.

Eventualmente en algunas zonas se observan rótulos de los ingenios que plantan en las fincas cañeras: Magdalena, El Pilar y Palo Gordo.

«El salario que devengan —los campesinos— en las fincas es prácticamente el mínimo. Salen de sus hogares a las tres o cuatro de la mañana y regresan entre siete u ocho de la noche. En algunas fincas del monocultivo las oportunidades de empleo ya son pocas porque la maquinaria hace todo el trabajo. Las personas laboran principalmente en áreas donde las máquinas no pueden entrar», dice el alcalde Ixcal Pérez.

Los monocultivos complican a pequeños agricultores que necesitan satisfacer las necesidades familiares. Según el PDM-OT de 2019, un problema es que a menudo las fincas de caña, palma africana y banano se apropian del agua de los ríos, desabastecen las cuencas y dejan a los agricultores sin poder regar sus cultivos de subsistencia.

El despojo de los recursos naturales y el poco acceso a la tierra es un factor que empobrece a las comunidades, comenta Cindy Celedón, residente de comunidad Conrado de la Cruz y representante de la organización Resistencia en la Costa Sur.

«Actualmente, en las comunidades viven la lucha del despojo de agua de las fincas extractivas de palma, caña y banano. Ha aumentado la hambruna. Se ha catalogado la zona como Corredor Seco y todas estas situaciones han vulnerado a las familias en la Costa Sur», cuenta Celedón.

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En 2023, Santo Domingo cerró con una de las tasas de desnutrición aguda infantil más alta de Suchitepéquez: 278 de cada 10,000 niños y niñas sufren este padecimiento, de acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala.

Según Ixcal, varias personas han decidido migrar a Estados Unidos ante la falta de oportunidades. En los últimos dos años, el Instituto Guatemalteco de Migración contabiliza 682 personas del municipio que fueron retornados tras ser detenidos por autoridades migratorias.

«La mayoría de habitantes de Santo Domingo vivimos en extrema pobreza por la falta de oportunidades de empleo, tanto en el municipio como fuera de este. Varias comunidades se están quedando solas porque hay un buen número de mingueños que están migrando para el norte», dice.

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Organización campesina

Estas carencias también han motivado a la población de Santo Domingo Suchitepéquez a organizarse. Fue en la comunidad Monseñor Romero, al sur del municipio, donde se fundó Codeca en 1992 por parte de campesinos e indígenas que luchaban por la tierra y los derechos laborales de familias trabajadoras en las fincas.

Actualmente, existen alrededor de 20 organizaciones que trabajan en la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos humanos de las comunidades, estima Celedón, aunque no todas cuentan con personalidad jurídica.

El descontento se centra, en gran parte, contra las fincas de monocultivos presentes en la zona, a quienes líderes comunitarios atribuyen el daño al territorio y la apropiación de recursos naturales.
«Hay fincas a nuestro alrededor de palma, banano e ingenios que contaminan y generan un cambio drástico en las comunidades debido a la contaminación ambiental. Por eso se optó por un cambio, para que puedan mejorar las condiciones de las comunidades. Él —el alcalde— ha vivido en extrema pobreza. Las fincas nos han empobrecido y él se ha dado cuenta de la situación. A las organizaciones nos han criminalizado», dice Celedón.

Uno de los cultivos que más espacio ocupa en Santo Domingo es la caña de azúcar. Las plantaciones abarcaban el 25 por ciento de todo el territorio del municipio en 2020.

Luis Miguel Paiz, gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua) que aglutina a nueve ingenios, aseguró que han implementado metodologías para aplicar a la caña únicamente el agua que necesita según la edad de la planta, temperatura del ambiente, tipo de suelo y otras variables. Aunado a ello, dice que anualmente reforestan 1 millón de árboles en la parte alta, media y baja de las cuencas.

«El 78.95 por ciento del agua utilizada para la producción de caña es aportada por el agua de lluvia. Aunque es cierto que se usa agua para riego, como todos los cultivos agrícolas, nos esforzamos por utilizar lo necesario. Estamos comprometidos con el diálogo abierto y constructivo con las comunidades locales. Respetamos los derechos humanos y la integridad de las personas», justificó.

Otro monocultivo presente en la zona es la palma africana, propiedad del Grupo Hame. Por medio de un correo electrónico, la corporación aseguró que participa en mesas técnicas con distintos sectores del municipio para la protección de cuencas y realizan “monitoreos periódicos en los ríos para conocer el comportamiento de estos cuerpos hídricos y ser respetuosos con los demás usuarios”.

Sin embargo, hay efectos provocados por los monocultivos que no se pueden obviar. Un perfil ambiental de las tierras en Guatemala del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna) advierte que éstos provocan afectaciones en los suelos, como la pérdida de la fertilidad de las tierras y la reducción de los nutrientes de los suelos, lo cual implica la necesidad de aumentar el uso de fertilizantes. Esto constituye una amenaza a la diversidad de especies en los territorios y provoca la contaminación de tierras productivas aledañas.

Aunado a ello, el Iarna estimó que la expansión de los monocultivos de palma africana y caña de azúcar han recrudecido la desigualdad en la tenencia de la tierra en las últimas dos décadas.

«Las tierras más aptas para producción agrícola están concentradas, no solo en cultivos de exportación, sino incluso en pocas manos», reza la investigación.

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Persecución

Sentado en el patio de su casa, el alcalde Ixcal Pérez señala una vereda a su costado y la circula con su dedo índice. Es el lugar exacto donde fue asesinada su esposa, Dominga Ramos Saloj, de 53 años, en marzo de 2020. Era reconocida como una defensora de derechos humanos en la comunidad y por impulsar el cultivo del loroco junto con otras mujeres.

El crimen no ha sido resuelto por el Ministerio Público.

«Ella corrió con las balas en el cuerpo y aquí falleció. El 5 de marzo se cumplen cuatro años», dice Ixcal al borde del llanto. «El caso no ha avanzado y nos cuesta entender por qué. Yo he sido muy enfático. La información está y no entendemos por qué no hay órdenes de detención contra los responsables», lamenta.

Alrededor de seis meses antes, fue asesinada otra lideresa del municipio, Diana Isabel Hernández Juárez, maestra e integrante de la Pastoral de Medio Ambiente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, cuando participaba en una procesión en la comunidad Monte Gloria. Promovía el cuidado y protección del medio ambiente.

«La compañera estaba denunciando el despojo de agua, de la tierra y la gran contaminación que hay en nuestras comunidades. Como organizaciones de mujeres, campesinas y estudiantiles apoyamos a este gobierno local para luchar contra quienes se apropian de las tierras de Santo Domingo», dice Celedón, de la Resistencia de la Costa Sur.

En Santo Domingo, al igual que en otros territorios donde se disputa la defensa de los recursos naturales, los líderes comunitarios denuncian que constantemente son objeto de persecución y amenazas.

Vicenta Jerónimo, exdiputada del MLP, informa que a nivel nacional registran 28 asesinatos de integrantes de Codeca en los últimos cinco años.

«En el 2021 tuvimos una manifestación y pedimos al Ministerio Público que diera seguimiento a estos asesinatos a nivel nacional. Tenemos una comisión conformada con varios compañeros de Codeca y asesores a la cual vamos cada mes, y aunque ha habido avances, aún no vemos órdenes de captura», cuestionó Jerónimo.

Esta mesa era presidida por Ixcal Pérez y se instauró en febrero de 2021 con el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, antes de ser destituido. Pero los avances no son los esperados.

«Veíamos la voluntad política y de justicia que tenía el exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval. Nos atendió y le planteamos las demandas que teníamos. Lamentablemente, meses después fue destituido. Hemos dado seguimiento pero los avances han sido muy pocos», dice el jefe edil.

El futuro

La comuna de Santo Domingo Suchitepéquez administra 53 millones de quetzales de presupuesto anual, que equivale a un tres por ciento de lo que administra una  municipalidad como la de la Ciudad de Guatemala —que es de 1,856 millones 700,000 quetzales—. Los recursos parecen limitados comparados con las necesidades del municipio.

Por ello, Ixcal Pérez no pierde de vista la propuesta de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, la ruta que más promovió el MLP y Codeca en los últimos años para generar cambios sustanciales en la vida de comunidades indígenas y campesinas. 

El alcalde está convencido que la solución no es realizar reformas al sistema político vigente, sino fundar un nuevo Estado «que cambie todo el sistema».

«Los tres poderes que tiene el país, tanto el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, han estado cooptados por el crimen organizado. Quien levanta su voz es callado. Al fundar un nuevo estado a través de una Asamblea Constituyente se debe tomar en cuenta a toda la población. La actual Constitución Política de la República no la hicieron los pueblos, la hicieron los criollos a su voluntad», afirma.

El MLP, que impulsó esta agenda en los pasados dos procesos electorales, recién fue cancelado por el TSE por no lograr una sola diputación. Ixcal analiza el declive electoral desde diversas aristas. Menciona la criminalización y persecución contra sus integrantes; el sabotaje al binomio presidencial, integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, que no fue inscrito y las limitaciones económicas que padecieron en comparación de otras organizaciones políticas.

Pero hay autocríticas.

«Hay varios candidatos que no hicieron el plan hormiga; no visitaron casa por casa ni compartieron el mensaje a la población. Como en el 2020 Thelma Cabrera obtuvo un cuarto lugar en la primera vuelta, pensaron que eso era suficiente. Hubo conformismo», cuestiona.

De cara al futuro, el jefe edil asegura que las bases del movimiento indígena campesino ya se están movilizando para conformar el comité para la formación de un nuevo partido, del cual también formará parte.

«Ya se están discutiendo los nombres de lo que puede ser el nuevo partido político. Se están realizando las Asambleas para poder reunir los afiliados que pide la Ley Electoral y de Partidos Políticos para poder inscribirlo», comenta.

Mientras cae el atardecer en la comunidad Las Delicias, Ixcal Pérez se pone de pie al costado de un techo de lámina que cubre una de las habitaciones de su casa y en el cual todavía se observan daños por los disparos que ejecutó el responsable del asesinato de su esposa hace casi cuatro años.

Como líder comunitario ha aprendido a vivir entre amenazas. «Estamos en riesgo», advierte. «Anoche se paró un carro desconocido por donde ustedes están parqueados. No sabemos quién era», comenta antes de despedirse del equipo de periodistas que le entrevistó.

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