Presidencia de Bernardo Arévalo, una mirada desde la frontera norte de Guatemala

El 2 de octubre de 2023 iniciaron 106 días de resistencia activa de los pueblos originarios y de la sociedad civil, cobijados por un sólido apoyo diplomático. El 14 de enero, los invitados internacionales corroboramos, en vivo y en directo, lo que muchos guatemaltecos habían denunciado: cómo el desgobierno de Alejandro Giammattei pretendía prolongarse, a como diera lugar, mediante la compra de votos de los diputados y la utilización facciosa del Ministerio Público –Consuelo Porras– y de las instancias judiciales contra sus adversarios políticos. Incluso el 18 de enero, cuatro días después de la toma de posesión, la Corte de Constitucionalidad (CC) giró una orden de repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso. Semilla anunció que la acataría, por lo cual sus diputados Samuel Pérez y Andrea Villagrán cedieron sus espacios para que los integren otros diputados al presentar otra planilla.

El nuevo presidente de Guatemala se ha enfrentado a una estructura criminal que puso de rodillas a la justicia y ha saqueado los recursos del Estado. En el diario Prensa Libre, el periodista Mario Antonio Sandoval describe así a Giammattei: «Su presidencia es la peor de la historia guatemalteca. Mintió incansablemente, no gobernó, sino aprovechó toda oportunidad para beneficiar a sus impresentables cercanos. Sus abusos casi echan por la borda al país, y por ello una comunidad internacional alarmada intervino abiertamente en forma abierta, pero explicable».

Pero hay que decir que al final se le alinearon las constelaciones a Bernardo Arévalo y al Movimiento Semilla: los pueblos originarios movilizados, amplios sectores de la sociedad civil organizados, la diplomacia proactiva de gobiernos y organismos internacionales y una estrategia política inteligente de su partido se conjuntaron para el éxito electoral, aunque la toma de posesión estuvo en riesgo a cada minuto.

La nueva primavera democrática

En la Plaza de la Constitución, vimos los rostros de la dignidad: los líderes de los 48 Cantones del municipio de Totonicapán, en el centro-oeste de Guatemala, que se constituyeron en la columna vertebral de la resistencia. Los cantones son caseríos que forman parte de una aldea; los de Totonicapán desataron una dinámica de coordinación para vencer la fragmentación de las luchas indígenas.

De igual manera, en el parque central de la capital chapina se paseaban ciudadanos con mantas que transmitían el mensaje: «¡Gracias a 106 días de digna resistencia estamos aquí, gracias 48 Cantones!». También: «70 años luchando por la primavera».  Y algunos más: «¡Ánimo, tío Bernie!» (Apodo puesto por sus simpatizantes al actual presidente - el diminutivo de su nombre y también una alusión al senador estadounidense Bernie Sanders).

Se refieren a la llamada primera «primavera democrática», que trajeron consigo los sucesivos gobiernos de los presidentes Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951) –padre del hoy presidente Bernardo Arévalo– y Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954). Éste último fue derrocado por la CIA y vivió sus últimos años en México. Aquella primavera democrática trajo consigo libertades y cambios institucionales como la autonomía municipal, la autonomía a la universidad pública, el Código de Trabajo, la libertad sindical, la educación pública, la seguridad social (incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al que los guatemaltecos se refieren como IGSS) y la reforma agraria.

Muchos de estos cambios fueron revertidos por las posteriores dictaduras militares y otros gobiernos que impulsaron la concentración de la tierra y de la riqueza en un puñado de familias. Yo visité Guatemala por primera vez en la primavera de 1978. Fue durante el gobierno del general Kjell Laugerud García, sucedido ese verano por el general Romeo Lucas García. Ya estaba en curso la larga noche que tan acuciosamente documentó Monseñor Juan José Gerardi, a raíz de la publicación de su Informe «Guatemala Nunca Más», que responsabiliza al Estado guatemalteco por el genocidio de comunidades mayas. En esta visita, caminando al costado de la parroquia de San Sebastián, un lugareño me hizo recordar que precisamente en ese lugar fue asesinado Gerardi en abril de 1998 para tratar de frenar el recuento de la barbarie.

En aquellos años el Ejército guatemalteco empezó a tomar una dimensión desproporcionada y se convirtió en una fuerza económica por sí misma, con gran incidencia política; muchos de sus altos mandos se convirtieron en poderes que ya nadie pudo dominar.

En el último proceso electoral de Guatemala, las fuerzas armadas han guardado un conspicuo silencio. Ello pueda dar lugar a lecturas diferentes: desde «algo traman», hasta «las alianzas con el pacto de corruptos acabaron por desnaturalizar su mandato».  En cualquier caso, al convertirse el presidente Bernardo Arévalo en su comandante en jefe, la esperanza es que las fuerzas armadas vayan retomando su papel constitucional.  

La injustificable ausencia del presidente de México

A mi llegada al aeropuerto La Aurora, el chofer inquiere:
–¿Y de dónde nos visitan?
–De México –respondemos.
–Ah, pero su presidente no viene, ¿por qué? –pregunta pertinente y oportuna, no de un diplomático o funcionario de gobierno, sino de un conductor de taxi.

¿Por qué el presidente López Obrador se ausentó de la toma de posesión de su homólogo en Guatemala?

AMLO anunció que no estaría en Guatemala «porque tengo mucho trabajo».  Reveladora declaración del mandatario mexicano: no puede ir a la toma de posesión de su homólogo en el país vecino al sur, porque «tiene mucho trabajo». Pequeño detalle: la Constitución mexicana, en su artículo 89, párrafo X, define sus facultades y obligaciones y establece claramente, como parte de su trabajo, «dirigir la política exterior».  Y sucede que la política exterior empieza con los vecinos. Consistente con este principio, siendo presidente electo, Arévalo visitó a AMLO el 30 de septiembre de 2023.

Las verdaderas razones de su ausencia él las conoce. En otros espacios, Jorge G. Castañeda y Raúl Benítez Manaut han contribuido con sus hipótesis y análisis. Uno solo puede aventurar conjeturas para dar respuesta a ese porqué: una falta de interés personal, pues de manera invariable ubica los asuntos internacionales en el ámbito de la frivolidad; evitar encuentros incómodos con otros mandatarios o encontrarse desprovisto de ideas sobre la crítica situación en Guatemala y sobre la manera de lidiar con la ayuda de Washington a Arévalo y la cooperación de éste con los estadounidenses. Tampoco se trataba de dificultades logísticas, pues el mismo 14 de enero AMLO difundió imágenes que nos hacían saber que se encontraba en Chichén Itzá, Yucatán, que está más cerca de la capital chapina que de la Ciudad de México.

«Parece que somos más vecinos de Colombia y Chile que de México. Lamentable ausencia», escribió Úrsula Roldán, investigadora de la Universidad Rafael Landívar.  En efecto, los presidentes Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente, asumieron un papel de acompañamiento cercano y de solidaridad con el presidente Bernardo Arévalo. El 13 de enero, el mandatario colombiano urgía a sus homólogos: «Solicito a todos los jefes de Estado de las repúblicas de América asistir a la posesión del presidente Arévalo en Guatemala. Hay fuerzas amenazando con un golpe de Estado. Nuestra solidaridad es fundamental», y se comprometió a permanecer en territorio guatemalteco hasta que el presidente Arévalo tomara posesión. AMLO prefirió marginarse del proceso, dejando de ejercer su peso, preocupación e influencia al más alto nivel, porque en Guatemala, México sí cuenta.

Hay que decirlo: la canciller mexicana Alicia Bárcena ha sido colocada por su jefe en una situación imposible. El 13 de enero se celebraba su exitosa conducción de los trabajos de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) de 2024, y un buen número de participantes compartieron su cauteloso optimismo porque ven en Bárcena el regreso de un profesionalismo y un sentido de responsabilidad que no vieron a la cabeza de la SRE en años recientes. La canciller conoce bien al presidente Arévalo, y entre sus colaboradores más cercanos al frente de la CEPAL estuvo el economista guatemalteco Hugo Beteta, director de la sede subregional en México durante 14 años, y muy cercano al nuevo mandatario chapín.

En este contexto, a la Secretaria Bárcena se le encarga cubrir una ausencia injustificable, así como ejercer un peso y una representación que le corresponde por entero al Jefe del Estado mexicano.

La relación con Guatemala es muy relevante para México. Como suele suceder entre países que comparten fronteras terrestres, esta relación se caracteriza por encuentros y desencuentros (entre estos últimos, la desconfianza que ha impedido profundizar la integración de la red eléctrica). Hay enormes tareas pendientes en la integración física, incluyendo la red carretera, el tendido de ductos de petróleo y gas, los puertos y aeropuertos.  

No se puede dejar de lado la nutrida agenda bilateral que los mandatarios mexicanos y el guatemalteco habrán de abordar a la brevedad. En primerísimo lugar la terrible crisis de violencia que han desatado las bandas criminales mexicanas que operan en Guatemala. Le sigue muy de cerca el desastre humanitario que viven los migrantes y solicitantes de asilo, tanto centroamericanos como de otros muchos rincones del planeta. Asimismo, un enfoque regional compartido sobre las migraciones, que les permita dejar de actuar sólo de manera reactiva frente a las decisiones unilaterales de Washington que apuntan a lo que EE. UU. percibe como su «seguridad nacional».  

La iniciativa científica «Región Transfronteriza México-Guatemala» (RTMG), realizada por cinco centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con una serie de informes publicados en 2020, ofrece propuestas concretas en los ámbitos institucional, comercial, laboral, ambiental, narcotráfico y crimen organizado, entre otros. El funcionamiento de los mecanismos y acuerdos de cooperación bilaterales está marcado por la asimetría y la baja capacidad de las instituciones. La construcción de un futuro compartido entre Guatemala y México requiere plantear responsabilidades y respuestas conjuntas.

La prioridad dada por AMLO y su gobierno al sureste mexicano y su vinculación con Centroamérica es bienvenida, pero tiene que ir más allá de la retórica en el caso de los vínculos con los países centroamericanos. En la relación con Guatemala (y también con Belice, Honduras y El Salvador) es crucial el papel de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los cuatro Estados en nuestra frontera con Guatemala y Belice, que tiene una longitud de 951 kilómetros. Del lado guatemalteco los departamentos fronterizos con México son San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén.

Parafraseando a Matías Romero, Centroamérica empieza en el Istmo de Tehuantepec, así que AMLO es, en los hechos, nuestro primer presidente nacido en Centroamérica. Dos municipios de Tabasco, Balancán y Tenosique, limitan con el Departamento de Petén en Guatemala. Hoy, amplias franjas geográficas en Tabasco y Chiapas, así como en Petén, se encuentran bajo control territorial del crimen organizado. 

¿De verdad cree el gobierno de México que la relación bilateral puede sustentarse en la exportación de programas sociales a un contexto tan diferente?  ¿O en el desempeño común en tareas de contención migratoria por encargo de Washington?

El reto de mayor envergadura es transitar hacia la promoción conjunta de actividades productivas, de inversión y comerciales, para un desarrollo sostenible e incluyente, con una mejor calidad de vida de los habitantes de la región. La construcción de la confianza recíproca deberá agregar la participación de actores empresariales, académicos, laborales, eclesiales y de organismos de la sociedad civil.

Economía política del desarrollo guatemalteco

El Movimiento Semilla, hoy conocido como Semilla, nació de las manifestaciones por la lucha anticorrupción en 2015 y obtuvo su registro como partido político el 21 de noviembre de 2018. No llamó entonces mucho la atención del pacto de corruptos, porque no parecía que fuese a encabezar las preferencias electorales de los guatemaltecos.

Entre sus fundadores están el propio Bernardo Arévalo, el sociólogo Edelberto Torres Rivas, el nuevo presidente del Congreso de la República, Samuel Pérez, el nuevo ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el economista Juan Alberto Fuentes Knight. Torres Rivas fue la figura señera de las ciencias sociales en Centroamérica y dejó como legado, entre otras obras, Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano: procesos y estructuras de una sociedad dependiente (1981), Historia general de Centroamérica (1993) y Revoluciones sin Cambios Revolucionarios (2011). Fuentes Knight es autor, entre otras obras, de La economía atrapada: gestores de poder y Estado encadenado (2022).  

Torres Rivas, fallecido en 2018, arroja luz sobre la naturaleza del poder oligárquico y deja claro que en Centroamérica la vieja oligarquía guatemalteca es la más oligárquica (valga la redundancia), la más terrateniente y la más reaccionaria, dando pie a que el Estado liberal se constituya como un poder militar no democrático.   

Fuentes Knight escudriña cómo los sectores privilegiados encadenaron al Estado apoyados en complicidades con los mercados ilícitos, para perpetuar una economía cimentada en redes familiares que controlan intereses monopólicos y oligopólicos en sectores como el financiero, las telecomunicaciones, el extractivismo, la energía, la construcción inmobiliaria, el gran comercio y algunas ramas industriales.

Sería equivocado caracterizar a Guatemala como un país pequeño, atrasado y pobre. Su superficie es de 108,889 kilómetros cuadrados, un área similar a la de Honduras, y algo menor que la del estado de Durango. Es la economía más grande de Centroamérica, con un PIB de 95,003 millones de dólares de acuerdo con el Banco Mundial, y un Índice de Desarrollo Humano de 0.632, el lugar 135 entre 191 países, un nivel similar al de India, de Ghana y de la propia Honduras.

Las economías centroamericanas producen grandes fortunas para un pequeño puñado de familias, donde el mejor negocio es exportar personas para que se vayan a trabajar a Estados Unidos y envíen remesas a casa. Paradójicamente, los migrantes son los mayores inversionistas: en 2023 inyectaron a la economía guatemalteca 19,804 millones de dólares de remesas, o el equivalente a una quinta parte del PIB, un monto muchas veces mayor a la combinación total de la ayuda externa y la asistencia de todo tipo que recibe Guatemala.

La CEPAL identifica que las brechas de desigualdad más relevantes en el país son las de ingresos y acceso a los servicios de salud y educación, que se conjugan con la falta de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y se exacerban en la población infantil, indígena y rural.  El proyecto multimedia DESIGUALES enuncia: «Desiguales somos. Pobres, ricos, desnutridos, educados, analfabetas, vulnerables, sostenibles, incluidos, excluidos, rurales, urbanos, conectados, desconectados. Un contraste perpetuo. Casi el país más desigual entre los desiguales de América».

El papel de Washington, determinado por su política de seguridad nacional

Estados Unidos es en Guatemala tanto un factor de poder internacional como un actor de poder en la política interna. Lo que ha llamado la atención es que en este caso Washington ha operado para frenar los intentos golpistas y sancionar a funcionarios de gobierno o legisladores guatemaltecos que obstaculicen el proceso constitucional. A más de 400 personas, incluyendo funcionarios públicos, representantes del sector privado y sus familiares, Washington les ha impuesto restricciones de visado o sanciones. El 17 de enero, el Departamento de Estado anunció que había restringido el ingreso del expresidente Giammattei a territorio estadounidense, debido a «su implicación en corrupción significativa».

Esta postura se ha traducido en visitas frecuentes de delegaciones bipartidistas de congresistas y senadores a Guatemala para reiterar el mensaje de «los estamos observando». Asimismo, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) ha anunciado la continuidad de proyectos que promuevan el desarrollo. Quizá por ello la delegación estadounidense al cambio de mando fue encabezada por Samantha Power, la administradora de USAID.

¿Estamos entonces ante un súbito arranque de fervor democrático estadounidense? No exactamente. Lo que ocurre obedece más bien al temor de Washington en el sentido de que la prolongación del sistema autoritario y extremadamente corrupto, así como la persecución feroz de disidentes, detonaría un mayor flujo migratorio de guatemaltecos hacia EE. UU. Edgar Gutiérrez Girón, exministro de Relaciones Exteriores, lo explica claramente: «El presidente Giammattei no solo desafiaba en público a los emisarios de Biden, sino que levantaba el teléfono para acusarlos directamente de golpistas. Entre líneas les estaba diciendo: “para controlar la migración, ustedes me necesitan y les puedo colaborar, con la condición de que no me pregunten por la probidad de mi gobierno, ni por el respeto del estado de derecho”».

La victoria de Bernardo Arévalo el 20 de agosto de 2023 significó un punto de inflexión, y a partir de entonces Washington, en su propio beneficio, hizo suya la defensa del proceso constitucional. Continúa Gutiérrez: «La diferencia entre Guatemala, que sí tuvo un tratamiento de shock oportuno, y Venezuela y Nicaragua no, es que la lógica migratoria sigue presidiendo la política hacia Centroamérica».

Aunque son extremadamente contrastantes, y están separados por siete décadas, tanto el golpe de la CIA contra Arbenz en 1954 como el apoyo a Bernardo Arévalo en 2024 respondieron a la lectura que había en el momento en Washington de los intereses de seguridad nacional estadounidense. Lo afortunado del caso que nos ocupa es que, por la razón que sea, los intereses de Washington en esta ocasión han jugado (¡atención!, hasta ahora, pero ¿qué pasará si gana Trump el 6 de noviembre?) a favor del respeto al marco constitucional y, consecuentemente, de Arévalo.  

Señala certero un diplomático mexicano senior: «El apoyo internacional de Washington, Bruselas, la OEA y la Secretaría General Iberoamericana fue fundamental para que Arévalo tomara posesión, pero ningún gobierno sobrevive del apoyo internacional. Y ahí está la clave, ¿cuál es la narrativa que planteará el nuevo mandatario para consolidar y conservar su apoyo interno?

El desafío de articular la esperanza

El pacto de corruptos ha estado cimentado en la alianza entre los poderosos consorcios familiares guatemaltecos en alianza con élites políticas, encadenando al Estado para promover sus intereses y evitar la implementación de políticas de transformación económica y social. He ahí el desafío para el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
La propuesta de su gobierno se resume en un renglón: «No puede haber democracia sin justicia social, y la justicia social no puede florecer sin democracia». El impulso a un crecimiento económico sostenido e incluyente pasa necesariamente por la edificación de un nuevo contrato social, de un nuevo Estado en Guatemala.

Durante mi visita fuimos al Centro Educativo Fe y Alegría número 22, en Ciudad Peronia, a 19 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca. Se trata de una escuela pública, desde el jardín de niños hasta el último año de bachillerato técnico, que opera en convenio con la Fundación Educativa Fe y Alegría, promovida por los jesuitas. Es un área de alto riesgo, con elevados índices de criminalidad y narcomenudeo, plagada de pandillas. Sin embargo, la escuela ha logrado constituirse como un lugar seguro, especialmente para las niñas, adolescentes y jóvenes. El centro educativo incorpora a los padres de familia en todo el proceso educativo, lo que en los hechos lo convierte en un centro de desarrollo comunitario. Conversamos con los alumnos y nos dicen que en su colonia todos quieren entrar a Fe y Alegría, y que sus papás hacen cola desde la noche anterior al día de las inscripciones, porque «aquí sí aprendemos, y nos respetan, no hay discriminación». Pienso que en México estamos condenando a los pobres a una educación pobre. Al menos en estos centros educativos, Guatemala ha alcanzado algo que México anhela: educación de calidad para los pobres.

«Esa es la complicada tarea del Gobierno que recién toma posesión: convertir en acciones concretas y logros los anhelos abstractos de un pueblo». Hacer que escuelas como las de Fe y Alegría no sean la excepción, sino la norma para mejorar el acceso a oportunidades; que el resultado electoral se traduzca en políticas públicas y programas que les sirvan a las mayorías que votaron por él. El detalle es que Arévalo tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Durante siete décadas, los procesos políticos y electorales formales no cambiaron un ápice la correlación de fuerzas. Las mayorías votaban, pero no decidían. La gran pregunta es si esto podrá cambiar.

La cantautora guatemalteca Sara Curruchich escribe emocionada en redes sociales: «Se ha llegado hasta donde se ha llegado con fuerza y esperanza gracias a la vida y convicción de los pueblos indígenas. Que jamás se nos olvide -matyox, matyox, matyox»– («gracias», en lengua kaqchikel). Cerca de la mitad de los 18 millones de habitantes de Guatemala se identifican como indígenas. Los cuatro pueblos a los que se refiere el presidente Arévalo son los pueblos mayas, los garífunas, los xincas (que no son mayas, y viven en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa), y los mestizos o ladinos.

Para entender la importancia y relevancia de esta exitosa resistencia indígena, habrá que recordar, una vez más, que la vieja oligarquía guatemalteca tiene un registro de salvajismo y barbarie: genocidio, despojo y protección de privilegios a sangre y fuego. Están acostumbrados a secuestrar al Estado guatemalteco para su beneficio particular. Sucesivos gobiernos puestos a su servicio han criminalizado las protestas sociales.  Se han especializado en la criminalización de las protestas sociales, en especial de aquellas comunidades que defienden sus territorios y los bienes de la naturaleza.

Señala contundentemente Plaza Pública: «Defendieron la democracia por 106 días, ahora los pueblos indígenas fiscalizarán a Arévalo».

El principal desafío del nuevo gobierno será articular la esperanza de que es posible construir una nueva Guatemala. «Mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala», expresó el mandatario en su discurso de toma de posesión.

La violencia quitó a los guatemaltecos su derecho a la palabra. La gente sabe que quizá viene aun lo más difícil –el monstruo está herido y dará de coletazos–, pero está decidida a iniciar un proceso de reconstrucción social.

Hoy los guatemaltecos han recuperado su derecho a la palabra. La Semilla ha germinado. La marimba suena festiva. La esperanza vive.  

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 Una versión preliminar de este texto se publicó en el diario mexicano El Universal el 19 de enero de 2024.