Hablo de un fenómeno que, si no es nuevo, sí que ocurre con mucha más frecuencia que en el pasado: poner plazos fatales para que otras personas hagan lo que deseamos u ordenamos.
No recuerdo otra época en la que las cosas funcionaran así. El despreciado y desprestigiado Ministerio Público (MP) de la actualidad es un buen ejemplo, pero no está solo. Similar manera de actuar se ha dado en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Está de moda emitir órdenes para que sean ejecutadas en plazos fulminantemente cortos y deliberadamente insuficientes. La mayoría tiene que ver con entregas de información, y como muchas veces se sabe que no se podrá cumplir con el plazo o que el cumplimiento está cercano a una sabrosa tortura, el asunto toma sabor de victoria adelantada y además sirve de justificación para lo que siga.
Así como muchos mucos con súbita sobrecarga de pisto (relaciónense con la gente joven, vieran cómo se enriquece el vocabulario) piensan que el tamaño y precio de su Rolex dice cuánto valen y los convierte mágicamente en gente refinada, así los hay quienes quieren demostrar e imponer su poder sobre los demás a partir de imponer plazos demasiado cortos.
Aquí entran muchos requerimientos, por ejemplo: entrega de informes circunstanciados, complejos listados, reportes que no existen y cosas que no se conocen.
Esa costumbre es de arraigo cultural, pues somos una sociedad donde pareciera que todos necesitamos dominar a alguien por razones de autoestima o afianzamiento de poder. Viene desde la familia («Me soltás eso a la una, a las dos…», «No me importa que andés por Xela, te quiero aquí en quince minutos»).
En el ámbito legal y administrativo todo tiene tiempos definidos. Las cosas no caminarían nunca si se dejaran sin términos o plazos. Y eso es bueno porque todos jugamos con las mismas reglas. Este ejemplo reciente es de antología: la CC ordenó a la junta directiva provisional del Congreso que diera posesión del cargo al presidente Arévalo en un plazo de una hora. Ya sabemos qué pasó, era imposible de cumplir.
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El drama, la injusticia y la corrupción aparecen cuando se realiza un doble juego: acortar los plazos a nuestro favor aún si quedan más cortos de lo que manda la ley, y violar la duración de los plazos que no nos gustan o no nos convienen aun cuando al hacerlo se violan las mismas leyes que queremos aplicar. Ejemplos de ello son las demoras en la toma de primera declaración de acusados (como medio de tortura), la suspensión de audiencias con el propósito de estancar algunos procesos, el ocultamiento malicioso de información para ejercer la defensa, etc.
El asunto del respeto a los plazos legales está intrínsecamente vinculado a lo que, en opinión propia, son, en estos momentos, los desafíos más grandes de Guatemala: gobernabilidad y Estado de derecho.
El tema surgió cuando los periódicos anunciaron que un diputado nuevo pidió a la Universidad de San Carlos que se le brinde un amplio listado de datos en un plazo de 72 horas. La causa es el fraude perpetrado por el Pacto de Corruptos con fondos públicos en las elecciones para rector de la Universidad de San Carlos. La causa es muy justa, pero el procedimiento no. No debemos actuar con medidas arbitrarias solo porque nos sentimos justificados para ello. No es crítica al diputado, sus intenciones son buenas, pero si no cambiamos a la cultura de los plazos marcados por la ley no alcanzaremos nunca la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Vale para todos los funcionarios del nuevo gobierno.
Votamos por el cambio y este incluye girar hacia la aplicación correcta de la ley. Si nos sentimos justificados para reblandecerla un poco, perdemos de vista el faro para desembarcar en ese deseado Estado de Derecho. Lo felicito, diputado, y siga adelante, pero use la ley de Acceso a la Información Pública como su guía.
Lea la segunda parte y final para más ejemplos ilustrativos.
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