Desde el momento en que se conocieron los resultados electorales que derivaron en un balotaje a disputarse el 20 de agosto entre Sandra Torres de la Unión Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, se iniciaron una multiplicidad de ataques dirigidos en contra del respeto a la voluntad ciudadana expresada a través del voto.
Debido a que un grupo de poder no desea permitir que la ciudadanía pueda optar libremente por elegir a sus gobernantes con base en los argumentos racionales, lógicos e incluso emocionales que estimen convenientes, se ha desatado no solamente una abierta campaña de desprestigio, sino que de una manera extremadamente peligrosa, órganos del Estado que están obligados a defender la Constitución Política de la República, se han puesto en la tarea de minar la certeza de los resultados electorales, poniendo en riesgo la alternabilidad del poder. De manera particularmente abusiva, se está interfiriendo con el ejercicio de las funciones constitucionales del Tribunal Supremo Electoral.
El día 19 de julio, durante la celebración de la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, se pudo escuchar el informe preliminar acerca de las elecciones en Guatemala por parte del jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga. El funcionario narró, uno por uno, todos los atropellos que ha sufrido el proceso electoral. Puso en palabras aquello que la ciudadanía vivió, día a día, con extrema tensión: la orden de un juez de primera instancia ordenando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de la adjudicación de cargos, el allanamiento al mismo tribunal, el caso penal abierto en contra de un partido político y la persecución penal en contra de sus miembros. Como fruto de esta reunión, 12 países manifestaron su condena a estos procedimientos que minan la certeza jurídica del país y de forma brutal ataca los preceptos constitucionales fundamentales.
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En su defensa, el gobierno de Guatemala sacó la carta de la soberanía del país. Dado que el tema que se discutía en dicha asamblea era la protección de la voluntad del pueblo de Guatemala manifestado por medio del voto, el argumento del gobierno resultó profundamente falaz ya que los actos censurados por los países miembros de la OEA son, precisamente, ataques en contra de la soberanía más esencial: la del pueblo.
Por su parte, el Ministerio Público también ha respondido a la avalancha de críticas que sus acciones han provocado con alegatos similares: autonomía, ejercicio de sus funciones con apego a la ley y otros argumentos discursivos. Sin embargo, la diatriba burocrática de los comunicados esconde lo malicioso del proceso emprendido en contra de uno de los partidos en contienda. Desatendiendo los preceptos explícitos de una ley de carácter constitucional como lo es la Ley Electoral y de Partidos Políticos que es la única facultada para resolver asuntos relacionados a estas agrupaciones políticas -argumento suficiente para desechar cualquier presión proveniente de un juzgado ordinario-, y que además prohíbe explícitamente la suspensión de un partido mientras dure el periodo de elecciones, no solamente ha continuado con un proceso penal lleno de vicios, ha girado órdenes de captura contra sus miembros, sino que ha persistido en la intimidación del TSE llegando al colmo de ordenar la captura de la Registradora de Ciudadanos interina, a pesar de contar con derecho de antejuicio.
Estas acciones han dejado de estar fundamentadas en las leyes de Guatemala. También están alejadas de los principios jurídicos que informan a nuestro ordenamiento como una República. Intentan violar de manera flagrante la Constitución, además de constituir actos de desobediencia en contra de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que, expresamente, dejó sin eficacia jurídica la orden ilegal del Juez Séptimo de Primera Instancia Penal de suspender al partido Movimiento Semilla en pleno proceso electoral.
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Todos estos actos han mantenido en un estado de zozobra a los ciudadanos. Además del daño moral, están provocando daño político a nivel internacional a nuestra nación. Desgastan el legítimo derecho que tienen los contendientes electorales a la realización de su campaña electoral en un ambiente de paz y, se convierten en una amenaza que pesa sobre la gobernabilidad y la certeza jurídica. No existe ley que le permita a funcionarios públicos transitorios destruir con sus actos ilegítimos e ilegales los valores más preciados de nuestro país: el orden constitucional, el estado de derecho, la libertad y la soberanía ciudadana. Tampoco hay ley alguna que les habilite generar todo el desgaste innecesario que están provocando a la institucionalidad, la paz social y a la dignidad de nuestra nación.
La Constitución Política de Guatemala establece en su artículo 268 que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Por esta razón, ante la crisis institucional que están provocando los ataques en contra del proceso electoral, no existe ninguna excusa para que la Corte de Constitucionalidad eluda su principal función. No puede presenciar de forma pasiva los acontecimientos, sin cumplir con su mandato. Debe actuar de inmediato, sin ambigüedades, en defensa del pueblo de Guatemala y del pacto social que nos une y que está consagrado en la Constitución Política de la República que está siendo violentada en su tenor literal y en su espíritu.
