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  • Fotografía de James Rodríguez.
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  • Fotografía de Cindy Espina.
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Minería:

Tierra minada

Si se observa el área de El Estor en imágenes satelitales, parece un idílico poblado rodeado de verde, frente a un calmo lago. Si se planea más cerca, se verán los bocados que se va comiendo la mina en las montañas. Si se acerca uno más, y se escucha a los pobladores, es posible detectar que en este territorio hay decenas de conflictos irresueltos: tierra, pobreza, depredación, violaciones a mujeres… Aquí las historias escuchadas en dos días.

–Me dan miedo las mariposas –susurra el Chino, de pie, en la palangana del traqueteante pickup. El niño observa con recelo a dos pequeños lepidópteros que revolotean a la orilla del camino.

El auto brinca en un terreno que parece construido para el entrenamiento de cabras. Adelante, en la cabina, los hombres –el piloto, el ayudante y uno de los guías–. Atrás, las mujeres, los niños y dos canadienses, un documentalista y el voluntario de una oenegé. Las mujeres son dos líderezas de El Estor, que trabajan con la misma oenegé candiense, y sus hijos –el Chino y el Pix (tomate en q’eqchí’)–.

Para los niños es un como un paseo dominical en sábado. Para el documentalista, Lazar Konforti, es un día más en la ruta que lo lleva registrando conflictos de tierra por Latinoamérica. Las mujeres, Angélica y María Choc, son las encargadas de hacer contacto con la comunidad. Mark Romeril trabaja en la misma organización que ellas, Derechos en Acción (Rights Action). Y dos periodistas, que firman este reportaje, que lograron unirse al grupo con la condición de dar dinero para la gasolina y no intervenir en la producción del documental, ser sólo testigos. Todos juntos rebotan.

En el casco urbano de El Estor muchos hablan de lo complicado que es llegar a las comunidades en controversia de tierras con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El Instituto de Transformación de Conflictos para la Paz (Intrapaz) registra 29 conflictos en territorio minero de CGN –entre El Estor y Panzós, Alta Verapaz–. Si se comenta entre los pobladores del casco urbano, sobre el plan de una expedición a algunas de estas comunidades, siempre alguien dirá en voz baja: “Cuidado”.

Uno de los cuidados es tener un vehículo adecuado. Otro es tener un traductor confiable o, mejor aún hablar q’eqchí’, pues la mayoría de q’eqchíes del área, en especial las mujeres, son monolingües. Pero hay otro cuidado que se relaciona con la desconfianza:

-Por mucho tiempo llegaban organizaciones que luego no cumplían con lo que ofrecían. O, peor aún, se infiltraban los de la mina para convencerlos de algo, o cooptaban a algún líder. Así que algunas comunidades decidieron: “aquí no entra nadie más” explica César Bol, subcoodinador de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic). La entrevista es en las oficinas centrales de la Conic en la capital, pero Bol ha dado seguimiento a los eventos que suceden en territorio minero. Ha trabajado con las comunidades q’eqchíes y estuvo presente en 2007, en uno de los momentos más álgidos: los desalojos realizados en el área de la CGN.

La consigna, parece ser, es que hay que ir con algún contacto de confianza. Si no, la entrada o el contacto con los comunitarios se complica. 

¿El pueblo donde no pasa nada?

A las cuatro de la tarde el parque de El Estor está desierto; es una de esas inspiraciones municipales bañadas en concreto, con enrejados imponentes que guardan flores desmayadas de calor. A diferencia de la mayoría de plazas en Guatemala, ni la municipalidad, ni alguna iglesia la rodean, sólo locales comerciales. La municipalidad mira al lago, frente al malecón y el muelle; que es de hecho la génesis del poblado, un puerto lacustre. A finales del siglo XIX y principios del XX el área de El Estor era prácticamente la única salida de los productos de Izabal y especialmente de Alta Verapaz hacia el Pacífico. Se llenó de comercios que enviaban productos y que surtían a la bananera; dicen que el nombre viene de que los hacendados decían: “Vamos aThe Store”. Pero, un estor es además una especie de cortina que se cierra verticalmente.

A esa hora en el parque sólo está la vendedora de mangos en bolsa y los taxistas que holgazanean a la espera de algún cliente. A pesar de los pocos testigos, el ex trabajador del proyecto Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) buscó el rincón más alejado de las miradas. Antes que nada, advierte que no quiere ni que su foto, ni su nombre aparezcan; segundo, pide referencias ¿de dónde venimos? ¿quién nos dio sus datos? ¿quién lee Plaza Pública? Luego del protocolo de introducción suelta con una sonrisa:

¡Bienvenidas al Estorcito feliz!

Esos rimbombantes sobrenombres que hacen que Retalhuleu sea “la capital del mundo”, y Quetzaltenango “la ciudad de la estrella”, Izabal “la tierra de Dios”, Mazatenango “la sucursal del cielo” y el Estor… el municipio “feliz”.

Tras el estor, tras la cortina, se pueden esconder conflictos por la tierra, falta de empleos, amenazas ambientales, una mina que lleva dos generaciones en la población, una serie de comunidades que rodean sin certeza sobre la propiedad de la tierra, invasiones, contrabando de madera y también narcotráfico –éste último factor siempre comentado en susurros, con grabadora apagada–, desalojos en el pasado: los ingredientes perfectos para provocar muchas cosas, pero quizás no felicidad.

El hombre se sujeta todo el tiempo a la bicicleta en la que vino. Y sí, él trabajó en la mina Fenix, cuando ésta aún era propiedad de la candiense Hudbay Minerals. En agosto de 2011 se concretó la venta a Solway Investment Group Limited Inc. Por US$140 millones obtuvo el 98.2 por ciento y, según el comunicado brindado por Solway, el Estado de Guatemala tiene el 1.8 por ciento de la propiedad. Las principales inversiones de la empresa se desarrollan en Rusia, aunque su sede está en el mediterráneo Chipre.

–Tenía todos los beneficios, era un salario seguro –dice el hombre que trabajaba como chapeador y luego como guardabosques en el territorio de la mina.

Le quita importancia a que su trabajo podría considerarse bastante peligroso: le tocaba custodiar zonas en las que los madereros se introducían al territorio y él tenía que echarlos. Según la CGN, la empresa se ha enfrentado a la tala en su territorio y vela por la protección de las áreas protegidas. Regina Rivera, Gerente de Relaciones Corporativas de CGN, en un correo electrónico informa que “desde el 04 de abril del 2006 hasta la fecha, Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, ha presentado ante el Ministerio Público 2,154 denuncias, y de éstas, 1,769 de tala ilegal de madera en áreas aledañas al proyecto”. Posteriormente envió un listado de todas las denuncias presentadas ante el MP, aunque hasta el cierre de esta publicación no había dado detalles –pues se reportan talas en algunas fincas bajo otros nombres, sin especificar si son también de CGN–.

–Lo que sí había era racismo, es una empresa racista –dice el ex trabajador de la mina y explica que no se sentían escuchados por los mandos medios y altos de la empresa.

Finalmente se retiró por un asunto salarial relacionado con la manutención de su ex esposa –la mina retenía su dinero y se lo daba a ella, y la indemnización no fue pagada completa.

Todo el tiempo viendo a izquierda y derecha, más que hacer alguna crítica concreta a los métodos laborales de la mina al exguardabosques le preocupa el presente.

–No hay trabajo aquí, la mina no está dando trabajo o le está dando trabajo a gente de Morales (en Izabal, al otro lado del lago).

El hombre explica que durante todo febrero se han realizado continuas manifestaciones frente a la mina, en el parque o frente a la municipalidad. Los estoreños exigen espacios laborales, pero dicen que la explicación de la mina es que ésta requiere personal capacitado en mecánica, electricidad y personal de oficina. Relaciones corporativas de la Mina no contestó a los cuestionamientos sobre la cantidad de personal contratado y las exigencias de los pobladores de El Estor.

–El Estor es el municipio más grande, pero es el más pobre –dice el hombre como despedida, mientras sujeta la bicicleta y empieza a caminar.

En realidad, El Estor es el segundo más grande, después de Livingston. Sin embargo, en pobreza sí ocupa el índice más alto del departamento de Izabal: 68.5 porciento de pobreza general y 14.2 por ciento de pobreza extrema, según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Es decir siete de cada diez pobladores de “El Estorcito feliz” son pobres.

 Pálido panorama ambiental

Hay que caminar unas cuadras para llegar a la oficina de Defensores de la Naturaleza, una de las pocas instituciones ambientales que tiene sede en el lago de Izabal. Algunos rumoran que la mina cooptó a esta institución y que trabaja para ellos, pero para Heidy García de Defensores y directora del refugio Bocas del Polochic, el asunto es claro: La mina ya obtuvo los permisos de Impacto Ambiental y ya tiene el permiso para la extracción.

–Si me pusieran a elegir, como estoreña, yo diría que no quiero la mina aquí. Pero ya está aquí, va a trabajar, entonces nos toca supervisar que funcione como debe ser.

Bajo el ventilador, en un estante de metal, entre papeles y libros destacan ocho gruesas carpetas. Heidy García habla y señala constantemente los documentos. Es el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, justo cuando Roxana Sobenes, ahora ministra de Ambiente, ocupaba el puesto de viceministra de la misma cartera. Carlos Salvatierra, de la escuela ecologista Savia, afirmaba en un correo electrónico enviado hace unos meses, cuando se investigaba sobre el nuevo acuerdo voluntario de regalías mineras y los nombramientos, que fue Sobenes quien dio instrucciones para que el EIA del proyecto Minero Fénix de la CGN fuera “convenientemente” fraccionado en dos partes. En una parte se consideró solamente el proceso extractivo, y la segunda contempló la planta de procesamiento y el transporte del producto. Por separado, era posible que el Ministerio de Ambiente no lograra dimensionar la huella que podría dejar la empresa.

Después de la entrega de los estudios, teníamos 30 días para revisar todo el material. ¿Quién puede revisar eso, técnicamente, en tan poco tiempo? –se pregunta Heidy García, y vuelve a señalar a sus escrituras.

Ella sobrevuela con agilidad y entusiasmo las diversas amenazas de la mina; le preocupa el agua, para ella no está claro que no vaya a haber impacto en los mantos acuíferos y en el lago.

–Dicen  que utilizarán el método pirometalúrgico. ¿Pero es posible que el agua que utilicen regrese exactamente como la tomaron? ¿Qué regrese la misma cantidad?

La defensora de la naturaleza detecta, también, un serio descontento en la población por el tema laboral. La mina estuvo cerrada por casi veinte años, tras haber sido gestionada por Exmíbal –que se instaló en El Estor en los sesenta y cerró en 1981, después de cuatro años de extracción– y cuando la mina reinició su trabajo en 2004,  generó la ilusión de un boom comercial: Varios subcontratistas de la mina empezaron a promover la creación de restaurantes, tiendas, hoteles que serían ocupados por personal de la mina. La gente se endeudó para construir y hacer negocios con la mina y sus trabajadores.

Ella sugiere que los subcontratistas empezaron a escatimar los pagos y exigir precios más baratos y que el boom nunca llegó. Una decena de hoteles y restaurantes bastante bien equipados siguen funcionando en El Estor. Sin embargo, no se ven demasiados foráneos caminando por las calles y los coquetos restaurantes casi siempre tienen gran ocupación de mesas y sillas, pero pocos comensales las ocupan. García confirma la versión del ex trabajador de la mina, el que se abrazaba a la bicicleta a punto de partir, el del estorcito feliz, que vienen trabajadores de otros lugares, pero no hay mucho trabajo para los locales. Resalta un asunto:

–No hay personal capacitado, las instituciones no se han preocupado por esto.

 Sin trabajos, sin consultas y preocupados

Otro elemento que genera dudas a García, que se ve interrumpida constantemente por llamadas a su celular desde donde organiza los vehículos y lancha que utilizan para el monitoreo de las áreas protegidas, fue el método con que se realizaron las consultas comunitarias:

–Hacían encuestas, entrevistas y reuniones con las comunidades y luego presentaron todos estos documentos en el estudio de impacto como si hubiera sido una consulta –Aunque hubiesen sido consultas apropiadas, aunque los ciudadanos hubiesen dicho que no querían a la mina, tampoco hubiera pasado nada. Hasta el momento las más de cincuenta consultas comunitarias realizadas en Guatemala no han sido escuchadas, no se ha hecho propio el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte de Constitucionalidad considera éstas como no vinculantes.

A pesar de las sombras que podría proyectar la enorme torre de CGN sobre El Estor, a aproximadamente cuatro kilómetros del pueblo; Heidy García se muestra optimista por algo: se logró detener la intención de la minera de trasladar materiales de construcción y de sus posibles extracciones a través de barcazas que recorrerían el río Dulce.

–El impacto sobre el río hubiera sido desastroso –concluye satisfecha.

Desde que reiniciara sus tareas la CGN hubo movilizaciones por el ambiente. Una de las más aguerridas fue Eloyda Mejía. Hace varios años en una entrevista en que habló de las amenazas a defensores de derechos humanos, Mejía narró las vicisitudes por las que pasó al enfrentarse a la mina. A través de Amigos del Lago inició una campaña en El Estor para que la población se hiciera consciente de los posibles peligros ambientales, entre ellas el traslado de productos en las barcazas y la poca seguridad de los caminos. Según narró esa vez Mejía, en una cafetería de la capital, ella sufrió el acoso de la municipalidad y de los mismos pobladores que la tachaban de ir contra el desarrollo del municipio. Las amenazas de la mina, decía Mejía, surtieron efecto y la insultaban en la calle y nadie le quería alquilar una casa. Finalmente se tuvo que ir de El Estor. Dicen algunos ambientalistas cercanos a ella, que se fue derrotada de Guatemala y que no quiere saber nada más del lago. Se intentó contactar a su hijo, pero no respondió a las llamadas, ni los mensajes al celular.

Los esfuerzos por la defensa del río se hicieron y parecieran estar frenados, pero surge una duda. En el sitio web de Solway, en donde explica el proyecto de Fénix y CGN se menciona como factores positivos para la instalación de la mina, su cercanía con el Puerto de Santo Tomás y también la posibilidad de utilizar el lago y el río como vía de transporte.

Al atardecer, por el efecto de los bombillos, la municipalidad parece aún más un pastel de quinceañera. Los vidrios limpios y los pisos lustrados, la puerta cerrada y dinteles y balaustradas color rosa. El alcalde no está. Él podría dar alguna información o, al menos opinar, sobre el descontento de la población por los temas laborales y, también, intentar clarificar el embrollo que constituyen las tierras en conflicto  de El Estor. Además, ya que estamos aquí, aclarar el tortuoso proceso que fueron las elecciones y su nombramiento. Habían dicho que estaría al atardecer, pero no. Durante los dos días se intentó localizar al alcalde Sóstenes Misraí Leiva Morataya, en la municipalidad, por teléfono y en su casa. Lo más cerca que se estuvo de él, fue la polvareda que dejó la caravana de tres vehículos todo terreno de modelo reciente, polarizados, a los que habían subido al menos seis guardaespaldas. Sí, nos confirmaron, era el alcalde.

 Tierra de nadie

El pickup sigue brincando entre las piedras del camino que conduce a Lote Ocho. Las miradas atentas de los tripulantes de la palangana para vigilar que no caiga ningún objeto o, peor aún, alguna pieza del auto.

–Nuestros abuelos cuentan, nosotros los q’eqchí’s decimos, que las mariposas son los espíritus de nuestra gente que murió y nos viene a saludar. Cuando uno está triste y ve una mariposa es porque alguien de nuestros muertos nos viene a saludar y acompañar –dice Angélica con dulce seriedad a su hijo.

El Chino la escucha, mientras sigue atento a la ruta, aferrado a la estructura metálica. Pensativo, el Chino pocas veces sonríe, a diferencia de El Pix que con una camisa sedosa de coloridos gallos, entre guasas le hace olvidar a su primo que en la ruta puede haber más mariposas. Para ellos parece normal y divertido que el paseo sabatino consista en rebotar en un pickup, en territorios agrestes a los que pocos llegan. Para ellos es paseo ir en busca de esas comunidades escondidas, a los que pocos prestan atención.

En realidad, la ilusión de los niños es meterse al río. La ilusión de Lazar Konforti, documentalista canadiense es captar las declaraciones de los pobladores de Lote Ocho –para luego mostrarlo en Canadá, según les explicó luego a sus futuros entrevistados–. La tarea de Angélica y María Choc es introducir a los foráneos a los comunitarios y también les interesa ver cómo van los avances del Registro de Información Catastral (RIC).

Angélica Choc está acostumbrada a los viajes en esas carreteras, está acostumbrada a las sacudidas. Ella, junto a su esposo, Adolfo Ich Chamán, y otras familias, ocuparon un terreno baldío –propiedad de CGN– muy cercano al casco urbano de El Estor. Es una especie de territorio limítrofe entre la cabecera del municipio, de la zona urbana y el territorio Fénix. Después de La Unión, que es como bautizaron al terreno ocupado, hay una cancha de fútbol y un condominio como los de la capital que fue construido para los trabajadores de la mina –pero que ahora es una rebaño de casas fantasma sin ventanas y con el monte cubriendo los huecos de las puertas.

Allí, en La Unión hablamos con Angélica Choc, el domingo, al día siguiente del viaje en pickup a Lote Ocho. Ella se sienta en el portal de su casa, una cabaña de madera, con piso de concreto, bien barrido y con una letrina al fondo del lote debidamente delimitado. En La Unión no hay agua corriente, sólo unos chorros esporádicos para la comunidad. Angélica Choc, ahora con una delgada camiseta a diferencia del güipil ricamente bordado del día anterior, está sentada frente a una montaña de ropa limpia por doblar.

¡Se abrió paca! es su alegre saludo de bienvenida, mientras plancha con la mano.

Su esposo Adolfo fue asesinado el 27 de septiembre de 2009. Según algunos testigos y la misma Angélica, fue un guardia de seguridad de la CGN quien apretó el gatillo. A diferencia de El Chino, su hijo, Angélica sonríe y bromea constantemente. Eso sí, cuando se menciona el caso de su esposo se pone seria. Su mirada se pierde en el monte de ropa.

–De eso prefiero no hablar dice.

Sólo alcanza a susurrar el nombre completo de su esposo y mencionar que fue alguien de la mina, para volver a la carga con renovado ánimo para hablar de los movimientos por la legalización de las tierras, a criticar al Estado por su amnesia reiterada y sí, incluso, se atreve, a diferencia de otros, a cuestionar el papel de algunos líderes comunitarios que terminan por alinearse con los intereses de la mina o sacar provecho personal de los movimientos.

Angélica Choc trabaja en la Municipalidad desde el gobierno anterior, cuando era coordinadora de la oficina de la mujer, al llegar el alcalde actual del Partido Patriota fue trasladada al Registro Civil. Pero no deja de seguir participando en los movimientos que exigen la legalización de sus tierras, en especial la de su comunidad “la Unión”.

–Tanto esfuerzo y tanto sufrimiento, yo no voy a dejar esto, dice, mientras hace un paneo por el terreno salpicado de casas similares a la suya. Eso sí, afirma, le ha causado muchos problemas.

Aunque, después de años de incertidumbre, después de los desalojos de 2007, al menos en La Unión parece que los conflictos se van apaciguando. Edward Choscó, encargado del Registro de Información Catastral para el área de El Estor y el Polochic, en una entrevista telefónica realizada después de la visita a La Unión, afirma que la comunidad está dentro de la finca que es propiedad de la compañía.

En el mismo sentido, Claudia Villagrán, directora de Ceder, conoce bastante bien los conflictos de El Estor y sus alrededores. Desde Ceder, oenegé especializada en transformación de conflictos, trabajaron con Hudbay Minerals para resolver los problemas con las comunidades, hasta hace menos de un año. "El tema de la conflictividad de CGN pasa por varios temas: uno de ellos es la actividad minera como tal. Mi opinión, por el tiempo que trabajamos allá, es que no hay una posición negativa en términos generales".

Según cuenta Villagrán la generación anterior vivió la experiencia minera con Exmibal. "La gente recuerda aquellos tiempos como tiempos de bonanza de El Estor, en los sesenta: había comercio, trabajo, se desarrollaban actividades, pero con el cierre de Exmibal la gente lo pierde todo".

Ya el ex trabajador de CGN había mencionado que su padre trabajó en Exmibal y parecía satisfecho.

"En general hay una esperanza de que funcione rápido. Eso no quiere decir que haya más de algún grupo más preocupado por el tema del agua, por ejemplo", continúa Villagrán.

Pero abre otro capítulo para hablar del conflicto por la tierra. La socióloga afirma que “Exmibal le arrendó tierras a la gente y cuando llega la empresa candiense Hudbay Minerals ésta ya no reconoce los posibles tratos que hubo con los anteriores propietarios”. Además, hay otros conflictos con fincas más antiguas, propiedad del Estado. Hay traslapes entre terrenos que habría entregado el Instituto de Transformación Agraria (INTA) y que dejó inconclusos y que siguieron arrastrándose luego con el Fondo Nacional de Tierras y ahora con el registro del RIC. Según Villagrán, así como hay conflictos de terrenos que habían sido dados en usufructo por Exmibal y que no reconoce Hudbay, también hay ocupaciones e invasiones. "La otra problemática son las invasiones tal cual, de grupos organizados que ocuparon el área de El Estor (La Unión sería uno de ellos). Esta ocupación responde a una necesidad de crecimiento de la población que no tiene para donde crecer".

Villagrán explica que el territorio del casco urbano de El Estor está rodeado de fincas privadas. Esto estaría provocando una especie de muralla que provoca que el pueblo se desborde. "Es una indecisión estatal de determinar de una vez por todas los límites", concluye Villagrán.

Pero Edward Choscó, del RIC, asegura que ya se hizo el levantamiento catastral, el año pasado, “después de una negociación con la municipalidad, la secretaria ejecutiva de la presidencia, la compañía y los comunitarios. Ya hemos realizado los trabajos de medición a favor de los comunitarios y hay un grado de avance”. Pareciera que cada cambio de propietario de la mina y cada giro al timón que dan los cambios de gobierno, vuelven a embrollar más el tema. El fénix que siempre resurge no de las cenizas, si no de las brasas.

Angélica Choc sigue doblando ropa, la montaña multicolor apenas se reduce. Aunque reconoce que la situación de La Unión ha avanzado insiste en que no detendrá su esfuerzo para apoyar la legitimización de las tierras de otras comunidades. Pero evita mencionar, un tema mucho más personal, el proceso de investigación y la procuración de justicia por la muerte de su esposo.

En el Ministerio Público se consigna que el caso se encuentra en la fiscalía metropolitana y su status es “en investigación”.

No se conoce si ha habido avances en las pesquisas. Pero, mientras tanto en Toronto, Canadá los nombres de Adolfo Ich Chamán y Angélica Choc probablemente se mencionan con más asiduidad. El caso del asesinato de Adolfo Ich, junto a otras dos denuncias más contra Hudbay Minerals, por presuntos crímenes en Guatemala, se lleva en la Corte de Justicia de Canadá.

Los abogados preparan su demanda y su defensa, en tanto que en Guatemala, Angélica Choc acompaña a las comunidades, trabaja en la municipalidad, cuida a El Chino y cuatro hermanos, sin mudarse del terreno que ella considera suyo.

–No me cerrarán la boca –dice Angélica Choc, mientras sonríe y dobla una camiseta. 

Kafka tropical

Finalmente, después de una gorra y un celular caídos en batalla y un neumático reventado, el pickup logra ascender la cumbre, dos horas hasta La Revolución, en Chichipate, y aproximadamente a una hora de subida al primer asentamiento de Lote Ocho.

Desde una planicie del tamaño de una cancha de fútbol se observa el valle del Polochic y a lo lejos el lago de Izabal. Una inmensidad verde cubierta en gran parte por palma africana, el nuevo producto estrella de las exportaciones y de las dudas.

–Aquí fue el desalojo –dice María Choc, la hermana de Angélica, señalando el terreno baldío. Pueden ver los postes cortados en donde estaban las casas.

Se requiere aguzar la vista para encontrar repartidos por el campo, los troncos cortados casi a ras de lo que fueron las columnas de los ranchos. Los guías explican que ahora la comunidad de Lote Ocho se introdujo aún más en la montaña.

–Tienen miedo de que vuelvan y desde ese lugar pueden ver si viene alguien.

Los que vuelven serían los encargados de desalojar. Los pobladores se mudaron a donde no entran los automóviles. A lo lejos tras una montaña se observa una veintena de casas de madera.

En enero de 2007 se registraron una serie de desalojos en El Estor. El que todos recuerdan fue el 9 de enero. James Rodríguez fue uno de los testigos. Rodríguez es un fotógrafo mexicano que se tomó la tarea de registrar durante cuatro años el rostro de los conflictos en Guatemala. Es probable que tenga el más rico archivo fotográfico de los conflictos mineros de los últimos años. Rodríguez se fue ya de Guatemala. Pero estuvo allí en 2007, con su cámara, y recuerda a detalle los hechos. En conversación vía Skype, Rodríguez cuenta que estuvo en La Unión, y estuvo en Revolución, en Chichipate, un poblado cercano a la carretera que pasa frente a la planta central de la mina y se dirige a Alta Verapaz.

James Rodríguez nombra a los actores del desalojo: el ejército, y la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y unos hombres, cuadrilleros, con la cara pintada de negro y que dicen habían sido contratados en Mariscos por la mina CGN. El fotógrafo dejó registro del desalojo, de los rostros de los habitantes contemplando sus casas arder.

César Bol, director del Conic, también estuvo en los desalojos de La Revolución y La Paz. Da exactamente la misma información que Rodríguez, con respecto al aproximado de fuerzas presentes y, también a la presencia de los “cuadrilleros de la mina” con los rostros pintados.

Bol agrega la presencia de helicópteros sobrevolando el área, define que eran las GAR y las fuerzas especiales del ejército las que estuvieron presentes. Y confirma que en La Paz fueron menos casas destruidas.

–Yo no había visto un despliegue de fuerza, unas armas de ese calibre, ni siquiera en enfrentamientos con narcotraficantes –dice Bol. –Le dije a la gente que nos juntáramos todos en un mismo sitio. Era más peligro si se separaban y corrían por allí. También pensé: “si nos matan, que nos maten a todos”.

Los helicópteros sobrevolaban el área, las motosierras cortaban los postes de las casas, el fuego crepitaba. Ni Rodríguez ni Bol hablan de gritos. Estaba atardeciendo cuando los pickups de la policía y el ejército dejaron La Revolución y La Paz y se encaminaron a la ruta de las cabras que es esa subida a Lote Ocho.

–Parecía que iba a llover –dice Rodríguez.

–Llovía –dice Bol.

El punto es que quienes podrían haber sido testigos no alcanzaron a subir a esa comunidad, la falta de vehículo apropiado y la lluvia se los impidieron. “Y la represión y brutalidad”, dice Bol. Sólo ascendieron el ejército, policía y cuadrilleros. Lo que sucedió arriba lo saben los aldeanos del lote y las autoridades que no se pronuncian.

María Choc dice que será mejor que llamen a los líderes, que viven en el nuevo caserío, a la planicie donde estamos, es un camino largo, dice, toma 45 minutos.

Desde los ojos de cualquier neófito en química es evidente que allí la tierra es rica en minerales, las hojas que caen al suelo se vuelven plateadas. Los zapatos y los ruedos de los pantalones de los foráneos se tiñen de rojo ladrillo. Solway calcula extraer 24 mil toneladas anuales de níquel, en un territorio cuyas dimensiones no se logran definir (las declaraciones son entre 140 y 180 kilómetros cuadrados; y los encargados de relaciones públicas de CGN no contestan a la pregunta sobre la extensión real que ocupa la mina).

El ruido de los grillos es opacado por otro más potente, el ronroneo constante de las motosierras. No se observa a cortadores, pero se escucha con las montañas como amplificadores que allí se están cortando árboles. Poco a poco empiezan a aparecer las chozas de madera rodeadas de cardamomo.

Los pobladores se van reuniendo en un rancho en construcción, ya están los postes y el techo, faltan las paredes. Será una iglesia. Algunos hombres sudorosos siguen trabajando ignorando que hay reunión. Siguen cargando tablones de madera.

Angélica Choc, al día siguiente expone sus sospechas de que la extracción de madera es con consentimiento de la mina. La mina muestra las demandas que realiza. Los hombres se sientan en las bancas y las mujeres se arrinconan silenciosas en el suelo de tierra.

Raúl Castro, también de Derechos en Acción, y quien algún día fue parte de la Defensoría q’eqchí, oficia de maestro de ceremonias y traductor. Konforti, el director, explica que está allí para captar sus imágenes y su voz para poder explicar en Canadá los problemas que provoca la mina. Los hombres se van turnando, primero los ancianos, para hablar sobre su situación.

La mayor preocupación de Lote Ocho es la legalización de la tierra. Según ellos, o según el traductor, había un trato con la mina, la comunidad pagó Q52 mil por ocho caballerías de terreno. Supuestamente el RIC lo tendría que registrar. Hablan de un libro de registro del que fueron arrancadas las hojas que demostraban su propiedad. Todos insisten en ese pago realizado a la mina.

Se levanta la sesión y el documentalista hace entrevistas directas. Eusebio Tzi Tiul ve directo a la cámara, mientras todos los niños rodean la escena.

“El Lote Ocho es de nuestros abuelos”, traduce Raúl. “30 caballerías que nos pertenecen. ¿Cuál es la visión de la empresa? Lo que decimos es que se vayan de nuestro país. ¿Por qué no se ponen la mano en la consciencia. ¿Por qué no cumplen los acuerdos de paz? ¿Por qué nos siguen haciendo eso?”

En 2005 una carta abierta firmada por comunidades q’eqchís a Sky Resources y Compañía Guatemalteca de Níquel asegura que el otorgamiento de las nuevas licencias mineras nunca fue consultado con las comunidades. Y allí exigen a la mina: “Que agilice el estudio del Levantamiento de Información Catastral de las tierras comunales de nuestros municipios y que se respete las colindancias establecidas por décadas por las comunidades hasta establecer la certeza jurídica a favor de las comunidades Maya Q’eqchi’.”

“Lote Ocho en los datos que tenemos registrados en la base de datos de RIC aparece a nombre de la Compañía Guatemalteca de Níquel”, dice Edward Choscó, del RIC. Explica que la investigación registral indica que el territorio ha tenido un pasado movido, tienen datos desde inicios de 1900. La propiedad se desmembró de una finca que en su momento era del ferrocarril, luego la propiedad pasó a nombre de la mina –con sus diversos propietarios–. Los territorios de Izabal han sido trasladados del Estado, a la bananera, a militares y a la mina.

El encargado del RIC de la zona asegura que en su momento hubo un diálogo con la empresa y se había llegado a un acuerdo de ceder ocho caballerías de terreno. Sin embargo, asegura Choscó, los mismos pobladores de Lote Ocho se dividieron, “surgió un asunto de protagonismo”. Aparentemente los padres están conformes con las ocho caballerías, pero algunos de los hijos exige ahora la cesión de 30 caballerías. Esto ha entorpecido el trabajo de Choscó.

En la revista Albedrío se habla de este poblado casi olvidado: “Lote 8, caserío Chacpaylá, Panzós, Alta Verapaz, en donde la empresa minera Exmibal arrendaba a los campesinos del lugar dicho terreno para el cultivo de maíz. Esas tierras son ahora propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la canadiense Skye Resources”.

Lo que mejor puede definir este embrollo territorial es la el término “incertidumbre”; pareciera que cada vez que se logra algún acuerdo, o se realiza algún trato éste se desvanece con los cambios de propietarios de la mina y también con las diversas estrategias estatales: el Inta, la Secretaria de Asuntos Agrarios, Fontierras, el RIC. Incluso algunos sitúan este lote en el municipio de El Estor y otros en Panzós, Alta Verapaz.

Un proceso kafkiano entre cardamomos, palma africana, tierra roja y mujeres descalzas. 

Lo que ellas susurran, lo que ellas callan

Hay muchas mujeres descalzas en Lote Ocho, a algunas les faltan dientes, la comunicación es a través de miradas y sonrisas. Toma una eternidad lograr intercambiar nombres con Amanda y Vilma. Dibujo una flor en el cuaderno y ellas dicen una palabra impronunciable para mí. Un pato, un árbol, Amanda dibuja un tigre. Hasta ese momento no logro entender si van a la escuela o no. Si saben leer o no. Alguien informa que sí, que van a la escuela que les toma más de una hora bajar hasta Cahaboncito. Es evidente que la calidad educativa no es uno de los rasgos destacables de la zona. Finalmente Amanda dibuja una casa y escribe con letra tembolorsa: “casa”. Casa, el refugio, una de las necesidades básicas en la pirámide de Maslow.

Se desanda el camino de barro, de sangre, de níquel. En la explanada seca con vistas al Polochic nos espera el pickup, pero allí están también tres mujeres. Una hamaquea a un pequeño con su perraje. María Choc explica que ellas nos hablarán de su caso. No tenemos idea cuál es su caso. Le dice a Kontenti, el documentalista, que será mejor grabar a cada una en el espacio en que estuvo su casa antes del desalojo.

Irma Yolanda Choc Cac y Rosa Elvira Coc Ich hablan a la cámara y explican lo que en enero de 2007 les sucedió. Irma Yolanda restriega sus manos una con otra y luego abraza el poste que quedó de su casa. A pesar de la fluidez con que Choc traduce y su desparpajo, decidimos, al volver a la capital tener un traductor del q’eqchí’ que nos dé las declaraciones literales de lo que las mujeres narran en voz baja y con mucho menos fluidez que la traductora.

–Me violaron –dice la traductora.

–Las tentaron –dice César Bol, al recordar el caso.

–Jugaron con nosotras, como los perros cuando se aparean –dice el traductor que contactamos posteriormente. En q'eqchí' no existe la palabra violación.

Gang rape, violación grupal, dice la denuncia en Canadá.

Nada dice el Ministerio Público. En sus registros no hay denuncias, ni hechos relacionados con ninguna de las once mujeres.

Los hombres no estaban ese día, habían salido a trabajar. Llegaron unos hombres de la mina y en el suelo jugaron con ellas (como los perros). En la traducción de la capital las mujeres no entran en detalles sobre la violación. No hablan de embarazos perdidos. No mencionan al ejército o a la policía. Hablan de hombres de la mina que las hicieron pasar algo terrible.

Las mujeres, recorren pensativas el espacio donde estaba su rancho. Irma señala el poyo, el sitio para cocinar, el centro del hogar. Aún queda un tazón blanco, con una flor roja en el fondo, quebrada en dos. Irma posa sus manos en el trozo de la columna que dicen que cortaban con motosierras. Irma se retuerce los dedos, dirige su mirada al valle del Polochic. Eran doce hombres dice la traductora.

María Choc dice que las dejaron golpeadas y lastimadas.

En el Ministerio Público no aparece ninguna denuncia por el hecho. Se solicitó cualquier evidencia de algún caso a nombre de alguna de las mujeres, pero no hay nada. Ellas no están en algún documento legal que exija justicia en el país.

Mientras tanto, en Toronto, Canadá, la firma de abogados Klippensteins, Barristers & Solicitors inició una demanda contra Hudbay Minerals por tres casos: el asesinato de Adolfo Ich, la golpiza contra Germán Chub Choc, quien quedó en silla de ruedas por la presunta agresión de un guardia de seguridad identificado Mynor Ronaldo Padilla Gonzalez y la violación de once mujeres en Lote Ocho. En entrevista vía Skype el abogado Cory Wanless informa que en este momento del proceso se están recabando evidencias para el juicio civil.

Según Wanless, la firma de abogados se especializa en este tipo de casos y fue contactada por Rights Action. La razón para demandar en Canadá es porque ellos consideran que los estándares de control de su personal, los lineamientos administrativos y de seguridad son responsabilidad directa de la empresa. Además, explica el abogado, las empresas mineras canadienses trabajan en todo el mundo y en varias ocasiones han sido acusadas de abusos, por lo que consideran necesario que la justicia canadiense ponga un freno.

¿Cuál será la estrategia de la defensa? Wanless opina que la firma de abogados que representa a Hudbay intentará convencer al jurado que el caso está fuera de jurisdicción y que se debe trasladar a Guatemala.

–No me gusta hablar mal de otro país o emitir opiniones sobre éste. Pero me parece que allá (en Guatemala) tendrían (los de la mina CGN) más posibilidades de ganar.

–¿Por qué demandar en Canadá y no en Guatemala?

–Sospecho que la comunidad no se sentía cómoda yendo a la policía. Era una situación inestable en ese momento, y oficialmente es la policía la que realiza los desaolojos. Probablemente no tienen confianza en las autoridades.

Las once mujeres de Lote Ocho, a través de la firma de abogados, reclaman “US$ 1 millón en daños compensatorios para su dolor y sufrimiento y US$ 4 millones en daños punitivos debido al extremo y atroz carácter de los ataques contra ellas”. En el caso de Angélica Choc por el asesinato de Adolfo Ich, su esposo,  "US$ 2 millones en daños generales y US$10 millones en daños punitivos”. Si ganaran el juicio sería un hecho histórico en Canadá, dice Wanless y comenta que le parece curioso que en Canadá el caso ha tenido bastante publicidad, mientras que en Guatemala nadie habla de él.

La cifra de la indemnización que estaría solicitando es calculada por casos similares. El abogado explica que podrá tomar de cinco a diez años para que se resuelva el caso. Mientras tanto, confía en la evidencia que han ido recabando basada en los testimonios.

Ni durante el viaje en el pickup a Lote Ocho, ni durante las entrevistas a las mujeres, se menciona el juicio internacional. En ese momento desconocíamos que se en Canadá las personas con las que hablamos son quienes denuncian a la trasnacional –fue al volver a la capital, a través de una alerta de la organización Avaaz que nos enteramos.

Al escuchar la declaración de Rosa Elvira Coc Ich, ella afirma que fue unos años a la escuela, que alcanzó a ver en el uniforme de sus violadores las siglas de la CGN. Ni James Rodríguez, ni César Bol vieron el día de los desalojos de La Revolución a guardias de seguridad de la mina uniformados, sólo los cuadrilleros. Pero el abogado Wanless afirma que hubo dos desalojos uno el 9 de enero, y luego llegaría uno directo a Lote Ocho, el 17 de enero.

–Quiero que sean castigados, que vayan al bote –dice Irma Yolanda Choc Cac, en referencia a los que “jugaron con ella como los perros”. Hasta el momento, según las investigaciones, no se está llevando a cabo ninguna investigación de oficio por este caso en Guatemala, nadie va al bote.

Hablan de su situación actual:

Somos pobres ante la lluvia”. Y explican que la mina ha secado sus pozos. Se observa sobre el terreno de sus casas desalojadas, los aros de concreto que deja la CGN cuando hace muestreos.

–¡Mayok, mayok! –repiten las dos mujeres.

“Mayok” en k’ekchí significa “dolor inexplicable”.

Se inició comunicación con John Vincic, vicepresidente de relaciones con inversionistas y comunicaciones corporativas de Hudbay, quien estuvo dispuesto a contestar las preguntas por correo electrónico, pero al enviárselas, un correo automático respondió diciendo que estaría fuera de la oficina por unos días y que al volver contestaría.

Regina Rivera de la CGN, ahora propiedad de Solway, al ser cuestionada por los conflictos de tierra y por los juicios que se llevan a cabo en Canadá, contestó a la serie de preguntas enviadas por correo electrónico: "Lamentablemente no puedo responder a todas sus preguntas pues como usted sabe son parte de un litigio que está en marcha y es privado, de manera que legalmente no nos es dado comentar, aún si fuéramos parte involucrada".

Las mujeres caminan juntas, siguen balanceando al pequeño bebé, ven un momento hacia el valle e inician el largo y tortuoso retorno al nuevo caserío donde se instalaron.

La vuelta a El Estor en el pickup es igual de escabrosa. Los niños se metieron al río, con ropa puesta. El documentalista captó las imágenes que necesitaba.

En una bifurcación del camino, El Chino comenta como para sí:

–Allí se va a Las Nubes. Si uno va sin que lo conozcan, le disparan.

En la ruta principal el auto pasa frente a la mina. Una torre alta domina el territorio que podría servir de set para un remake de Madmax.

–Allí están –dicen los niños y aseguran que en la torre hay hombres armados. O tienen ojos de halcón o ellos los imaginan.

El sol se pone. Nos acercamos al condominio abandonado, a la cancha de fútbol y a La Unión.

El Chino murmura:

–Allí lo mataron.

–¿A quién? –pregunto.

–A mi papá –responde.

Y la mirada se le congela de la misma forma que cuando ve volar a las mariposas.

 

 

*Con la colaboración de Cindy Espina.

–Jugaron con nosotras, como los perros cuando se aparean, dice el traductor que contactamos posteriormente. En q'eqchí' no existe la palabra violación.
"En general hay una esperanza de que funcione rápido. Eso no quiere decir que haya más de algún grupo más preocupado por el tema del agua, por ejemplo", dice la socióloga Claudia Villagrán.