El evento, programado para conversar entre empresarios y autoridades sobre lo que aquellos necesitan para mejorar sus ganancias, esta vez tenía como eslogan —consigna se diría en otros ambientes— «instituciones más fuertes = más competitividad», por lo que la cuestión de los impuestos, claramente planteada por el expresidente, tenía muy alto significado. Las instituciones solo son fuertes si tienen recursos adecuados para desarrollarse. Y eso se traduce en mayor competitividad para sus emprendedores.
El evento inaugural, cuidadosamente reseñado en el diario electrónico afín a las ideas y a los intereses del empresariado, ganó espacio limitado en otros medios. Sin embargo, solo el medio electrónico Soy 502 reseñó el discurso del alcalde recién electo para su quinto período al frente de la administración capitalina criticándolo por haber añadido «la nota disonante durante la muy cuidada al detalle inauguración» al afirmar, en la conclusión de su discurso, que en Guatemala «quieren un país de primera, pero pagando impuestos de tercera».
La frase de Álvaro Arzú cobra más sentido cuando recientemente el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, planteó de manera clara y contundente que los recursos asignados al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia son más que escasos para brindar una justicia pronta y cumplida para todos los ciudadanos guatemaltecos. El Organismo Judicial tiene apenas 5.5 jueces para cada 100 000 habitantes, cuando la media en América latina es de 16, muy baja aún con relación a la de los países desarrollados. Y el Ministerio público apenas atiende al 10 % de los municipios. Si no se cometiera ningún crimen de ahora en adelante, las demandas presentadas solo podrían ser resueltas en 2031, siempre y cuando se tuviera el éxito que se tuvo en 2008. Velásquez fue directo: si queremos romper el acuciante círculo de la impunidad, se tiene que pagar por ello y, evidentemente, quien tiene más tiene que pagar más.
Pero en Guatemala la cosa siempre ha sido al revés. La corrupción se anida en sociedades en las cuales sus clases pudientes se han construido exactamente a la sombra y el cobijo del Estado. Quienes han corrompido a los jueces y a las autoridades en general son los poderosos. De ahí el dicho de que la justicia es como las serpientes, que solo pican a los descalzos. El descubrimiento de la apestosa corrupción en el sistema de salud es una clara muestra: los honestos empresarios de las medicinas venden lo que no se necesita, pero ellos y sus aliados en los otros negocios se han opuesto a que las compras —y las recetas— se hagan considerando solo los compuestos básicos —genéricos—, y no los nombres de marca. Se compra el producto que contiene el compuesto básico y que está más barato en el mercado en ese momento en concurso abierto y transparente.
Como bien sabemos todos en el país —y Arzú también lo sabe—, aquí paga impuesto el que trabaja, el que tiene un salario o un sueldo, pues el emprendedor siempre tiene forma de decir que no obtuvo ganancias y que en consecuencia no tiene renta imputable. También sabemos todos que el supuesto impuesto al valor agregado, IVA, es en la práctica un impuesto al consumo, pues es al final de la cadena adonde se trasladan todos los impuestos.
Pero los empresarios han dejado de sonreír y de aplaudir a Iván Velásquez, del mismo modo en que desde hace tiempo callan ante los reclamos de Álvaro Arzú para que al menos en la ciudad capital paguen algo más por sus bienes raíces y han puesto ya a todos sus comentaristas y columnistas de radio, televisión y prensa escrita a justificar lo injustificable: que en el país se paga la más baja tasa de impuestos. Que primero hay que sanear las finanzas, dicen, siendo ellos los que han nacido y se han reproducido a la luz de la corrupción estatal. ¿O acaso hemos escuchado o leído que acuerden que en sus cámaras y asociaciones serán expulsados los que trafiquen influencias y paguen sobornos?
Tenemos que estar claros en que, mientras en Guatemala no se establezca un efectivo pacto de desarrollo entre el capital y el trabajo, en el cual se asuma claramente que las ganancias de aquel son solo gracias al esfuerzo del segundo, no vamos a llegar a ninguna parte. Mientras efectivamente la clase empresarial no se autodepure y acepte que las reglas de juego deben ser iguales para todos, no tendremos un país próspero.
En una sociedad marcadamente mercantil, cuya industria es deficiente y mínima, las clases medias están vinculadas mayoritariamente a los servicios y rápidamente asumen improductivas el discurso ideológico de los dueños del dinero. Pero ellos también necesitan saber que si no pagan por los servicios colectivos no tendrán en el futuro cercano un país habitable y vivible.
La Cicig ha enseñado que con tecnología y personal altamente capacitado es posible cazar a los defraudadores y llevarlos ante los tribunales. Pero eso ha sido subvencionado por aquellos que en los países ricos pagan altos impuestos.
¿Por qué nuestros millonarios sí pueden llevar en sus aviones a los Aznar a sus eventos políticos y el obrero español, con su trabajo, pagar el funcionamiento de la Cicig? Como que las cosas están siendo mal entendidas y mal explicadas. Pérez Molina y sus secuaces no podrían haber usado a su sabor y antojo los recursos de todos si entre el empresariado existiera una cultura de pagar efectivamente los impuestos establecidos al importar mercancía, si no anduvieran pidiendo concursos ad hoc para vender al Estado productos a sobreprecios.
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