Es más, ha reafirmado su carácter neofascista y paranoica (siguen viendo marxistas y conspiraciones por todos lados), frente a sus afirmaciones en cuanto a que esta propuesta evocaba los años cincuentas o sesentas, su verborrea se acercaba más al lenguaje de los liberales de finales del siglo XIX, solo faltaba que evocaran el espíritu de Barrios y García Granados para que los iluminara.
Los cultivos son diferentes, los finqueros son los mismos, el jornalero y su familia siguen muriendo de hambre, nada ha cambiado, las mujeres de alcurnia siguen recaudando ropa, víveres y juguetes para los pobres y con ello limpian su conciencia cristiana. ¿Qué más se podía esperar?
Sin embargo, hay algo nuevo en todo este panorama. ¡Sí! Las organizaciones campesinas. Es claro que algo ha cambiado, estas no son las mismas de hace 30 años, las más grandes y reconocidas funcionan como ONG, con estructuras administrativas, proyectos, personal técnico, presupuestos y sobre todo financistas, a pesar de que tratan de conservar estructuras de mando o dirección “popular”.
La dependencia de los recursos externos es vital, en esta lógica incluso acceder a los recursos del Estado es permisible y se han convertido en ejecutores de programas dirigidos a los campesinos, que nuevamente son parte de la “base” de dichas organizaciones.
La evolución organizativa de estas (al igual que infinidad de organizaciones indígenas) se marca por la persistencia de discursos diferenciados dependiendo de la audiencia, y lo más dramático de ello es que no siempre lo que se anuncia en sendos comunicados es realmente intención política en tanto que persiste la dependencia de financiera de entes que no les gustaría llegar a la “ingobernabilidad”.
En la propuesta de Ley de Desarrollo Rural, es claro que se está pagando una factura emitida a finales de 1996. Mucho de la movilización social reivindicativa fue en efecto desmovilizada con el fin de crear un ambiente “propicio para la paz” (muchos miles de dólares para concretarlo) y claro, detrás de ello también estaba el sueño electoral de algunos dirigentes de las recién legalizadas organizaciones partidarias de izquierda “revolucionaria”.
El dilema que ahora se presenta a las organizaciones campesinas, después de años de discusión (o monólogos) sobre la propuesta de ley (y miles de dólares cobrados para gestionarla), es ¿hasta qué punto estarán dispuestos a llegar para concretarla? Es claro que la derecha finquera ha sacado las uñas por medio de recursos judiciales para estancarla; de los salarios de hambre, la exención de impuestos y la explotación de los recursos naturales salen los honorarios de los abogados y, los fondos de las organizaciones campesinas ¿de dónde provienen? Tanto salarios de dirigentes como de técnicos.
La lucha por la aprobación de la ley, que es ya bastante light, se ha convertido en una razón más para que miles de campesinos gasten suela para elevar el ego de dirigentes que hace muchos años dejaron de ser campesinos, y que se acercan más a operadores políticos que danzan al son de los financiamientos.
Después de ver a los finqueros despotricando en el seno del Congreso, reclamando a sus diputados (los que ellos pusieron) me pregunto ¿estará a la altura la dirigencia campesina para hacerle frente al fascismo empresarial? O ¿volverán a solicitar fondos en Europa para otros 12 años de discusión? ¿Llegarán a la conclusión que la lucha es parar el tránsito y de esta manera siguen distanciándose de las clases trabajadoras de las ciudades? ¿Qué harán que no hayan hecho antes y demostrado que no funciona?
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