Al parecer, nos encontramos asistiendo al inicio de un cambio en la forma en que estos temas se han abordado en Guatemala.
La presentación de una agenda del sector empresarial para el cumplimiento de la ley laboral, la reactivación del diálogo tripartito sobre la inspección del trabajo –vinculada a la reclamación de los Estados Unidos sobre el DR-CAFTA, que sigue vigente, pese a lo afirmado por algún funcionario del Gobierno anterior– y el anuncio de la contratación de 100 nuevos inspectores de trabajo, son hechos que deben ser valorados de manera optimista, especialmente dada la historia reciente. Estos elementos, unidos a la gestión del titular de la cartera de Trabajo, que no rehúye los debates complejos, nos hacen pensar que existe un giro en la dirección correcta.
En estas condiciones, parece oportuno llamar la atención sobre el informe 2011 de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo, que contiene nuevas interrogantes sobre el cumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo en Guatemala.
Es necesario abordar con seriedad este espacio de la OIT, en el cual Guatemala ha quedado tradicionalmente en entredicho, perjudicando su imagen internacional. No se debe olvidar que la 100ª. Conferencia Internacional del Trabajo, realizada el año pasado, dedicó a Guatemala un párrafo especial en su Informe, calificando la situación del país en materia laboral como de impunidad total, en razón de considerar que existían señales de una evidente falta voluntad política para abordar, entre otras situaciones, las muertes violentas de sindicalistas, vinculadas a su actividad sindical.
El próximo mes de junio, en Ginebra, la delegación del Gobierno de Guatemala deberá reportar con relación a ocho observaciones individuales de la CEACR sobre los siguientes convenios: Cerusa, Inspección del Trabajo, Libertad Sindical, Política de Empleo, Peso Máximo, Inspección del Trabajo en la Agricultura, Estadísticas del Trabajo, y Asbesto.
La elaboración de las respuestas a las observaciones de la CEACR, que deben ser remitidas con celeridad, corresponde al Ministerio de Trabajo, que deberá acudir a la información y la colaboración de diversas entidades de la institucionalidad pública para poder redactar una memoria consistente sobre el cumplimiento de los convenios internacionales de trabajo y las regulaciones nacionales.
De entre estos puntos, el de mayor complejidad tiene que ver con la libertad sindical. Guatemala está condicionada por el párrafo especial OIT, a la presentación en Ginebra deuna memoria detallada sobre todos los aspectos discutidos en esta materia en la Conferencia del año pasado. El Ministerio del Trabajo debe coordinar con el Ministerio Público la entrega de información detallada sobre los casos que se encuentran en investigación, en forma tal que se puedan reportar los avances conseguidos hasta la fecha, para evidenciar que el país honra sus obligaciones como miembro de la comunidad internacional.
Adicionalmente, la delegación de Guatemala deberá marcar las diferencias en cuanto a la entrega de información solicitada reiteradamente por la Comisión. Resulta difícil comprender las razones por las cuales, durante muchos años, no se entregaron a la CEACR copias de las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en materia de empleo –Encovi 2005–, pero es hora de remitir las bases de datos de los diversos operativos de encuestas realizadas en 2010 y 2011, que le permitirán a la Comisión contar con información oficial sobre el mercado de trabajo.
Con relación a la política de empleo, uno de los requerimientos constantes de la CEACR se relaciona con la información relevante sobre cómo se vinculan las políticas de empleo y reducción de la pobreza, y la participación del tripartismo en la formulación de estos instrumentos. El Ministerio del Trabajo tiene en este ámbito el reto de demostrar que su estrategia institucional asume el diálogo tripartito de discutir una agenda nacional de trabajo decente, como piedra angular de estos procesos.
Hay un reto esperando a Guatemala en Ginebra: cambiar una imagen continuada, por más de diez años, de incumplimiento e inconsistencia, para demostrar una voluntad por implementar cambios y asumir los desafíos de reconfigurar la situación de cumplimiento de los estándares laborales. La tarea es complicada, pero sin duda, debe ser asumida sin dilaciones. La institucionalidad pública, especialmente el Ministerio del Trabajo, tiene la palabra.
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